Más lejos

10 Dic 2018 Por Irene Benito

A 2018 le quedan 21 días corridos y 13 jornadas hábiles judiciales. El año ya está ido. Se siente en los Tribunales, donde la preocupación pasa por preparar la feria y por la especulación sobre los ascensos, proyecto que empleados, funcionarios y jueces están recalculando por el riesgo de tener que pagar el impuesto a las ganancias y, en consecuencia, de terminar percibiendo una remuneración más baja que la del cargo inferior. Todo lo que pueda ser “pateado” quedará para 2019. Ese universo de reformas institucionales y de casos que no urgen a sus señorías incluye los procesos que entrañan delitos en el manejo del Estado. A menos que la causa “Lebbos” llegue a dar la nota discordante, “Trucumán” cerrará otro año sin sanciones para la corrupción.

Que nada haya ocurrido implica que algo sí ocurrió: sigue consolidándose la incapacidad de las instituciones judiciales para esclarecer las denuncias que cuestionan los desvíos de la función pública. El tiempo transcurrido incrementa la percepción de impunidad de los poderosos, que parecen cada vez más lejos de las rendiciones de cuentas. Hasta mayo sólo el 0,5% de las denuncias de corrupción con trascendencia pública presentadas durante los últimos 13 años en la Justicia provincial y federal habían registrado una condena firme. En términos concretos, una de 219. Ese rendimiento empeoró: las condenas de ejecución condicional en las causas “Borquez” y “Camandona” que en ese momento estaban en trámite de revisión fueron revocadas porque el ex juez Felipe Terán no había sido sometido a una prueba caligráfica mientras que el ex director de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Ángel Brito, resultó absuelto por un tribunal que alegó toda clase de deficiencias investigativas.

La única condena firme registrada en la base de datos de LA GACETA y Chequeado corresponde a los “hilos más débiles” del caso “Lebbos”. En 2013, la Sala III de la Cámara Penal de la capital condenó al comisario Enrique Antonio García, y a los agentes Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina: esa sentencia fue decisiva para el enjuiciamiento del expediente principal en desarrollo desde febrero. El mismo tribunal -con un vocal nuevo, Rafael Macoritto- analiza las responsabilidades penales de los jefes de Seguridad alperovichistas. Si bien está concluyendo ese juicio amplio y riquísimo para entender la configuración antediluviana de la Policía tucumana y el valor de los fueros, es difícil que los jueces den el veredicto antes del receso de verano. De modo que probablemente 2019 comience con novedades para el termómetro local de la corrupción. ¿Traerá el desenlace alguna clase de beneficio electoral?

Si con algunas excepciones la Justicia provincial luce débil para frenar a quienes delinquen usando el Estado, la Justicia Federal directamente parece ajena al reclamo de igualdad ante la ley. Tal vez -todavía está por verse- el año termine con la elevación a juicio de la causa penal que impugna el manejo de los recursos mineros durante la gestión del ex rector Juan Alberto Cerisola en la Universidad Nacional de Tucumán: el proceso comenzó en 2010. Por lo demás, al menos dos causas urticantes para el poder político, “Trimarco” y “Más Cerca”, estuvieron quietas durante buena parte de 2018, a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán determine cuestiones de competencia. Un príncipe del foro llama la atención acerca de este planteo formal que, según su criterio, se ha vuelto la herramienta por excelencia para dilatar los procesos y poner paños fríos a las investigaciones candentes.

El proceso “Más Cerca” es un ejemplo pintoresco de los réditos que la estrategia rinde para los funcionarios imputados. Una parte de este proceso iniciado en 2013 anduvo hasta por los Tribunales Federales porteños, y llegó a amenazar incomodidades para el senador José Alperovich y el kirchnerista arrepentido José López, otrora mano ejecutora de los programas de obra pública que pergeñó Julio De Vido. Un planteo de incompetencia de la acusada Nora Elvira Belloni terminó con la acumulación de las denuncias de la parlamentaria radical Silvia Elías de Pérez en el Juzgado Federal Nº1 de Tucumán. Esa gira tribunalicia con escala en Comodoro Py no fue suficiente revoleo. El 30 de noviembre, el juez Daniel Bejas resolvió que el expediente tramite en la Justicia penal provincial: seis meses antes, un magistrado de ese ámbito, Víctor Manuel Pérez, había sentenciado que el Poder Judicial local era “inidóneo” e incompetente para llevar adelante el proceso “Más Cerca”. El caso con siete pedidos de indagatoria está parado desde entonces. El 12 de abril, el expediente subió a la Cámara Federal para que revise la postura de Bejas: es lo último que se sabe sobre una saga de complicaciones procesales que promete más laberintos.

De los camaristas federales Marina Cossio, Ricardo Sanjuán, Jorge David y Hernán Frías Silva (h) -los dos últimos son subrogantes- depende también que la activista antitrata Susana Trimarco sea indagada por un anticipo de $ 5,6 millones que recibió durante el Gobierno kirchnerista, como solicitó el fiscal federal Nº1, Carlos Brito. Pero resulta que ni Bejas ni su colega Nº2, Fernando Luis Poviña, quieren quedarse con el expediente. El juez Nº1 dijo que, en función de los turnos, la causa correspondía a Poviña. Pero ese juez se opuso, y cuestionó que su colega se desprendiese de las actuaciones luego de haber delegado la investigación al fiscal y de que este hubiese requerido las indagatorias. El conflicto suscitado por la propia judicatura mantiene al caso en suspenso desde julio. En esa misma época, Sanjuán envió a la Justicia provincial otra investigación del affaire de las valijas con efectivo en teoría destinadas a gastos sociales legislativos. El planteo de incompetencia en los hechos bloqueó el requerimiento de los recibos que nadie-nunca-vio formulado al vicegobernador Osvaldo Jaldo el 1 de septiembre de 2016. Hasta finales del mes pasado el expediente no había llegado a su destinatario final, el juez Facundo Maggio. La dilucidación de los hechos siempre está más lejos en este 2018 de distancias judiciales que se ensanchan.

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