La Justicia de Paz ingresa en una situación crítica: un tercio de las oficinas están vacantes

El último nombramiento tuvo lugar hace más de cinco años, cuando el ex gobernador Alperovich designó a Peluffo, nuera del legislador oficialista Morelli. En el presente, el 32% de los despachos carece de titular. Según datos oficiales, otros cuatro jueces de Paz iniciaron los trámites para jubilarse.

16 Sep 2018
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JUZGADOS DE PAZ DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

El rojo avanza en el mapa de los juzgados de Paz de Tucumán. Y no por un ataque de pasión sino porque ese color destaca las vacancias. Dicho de otro modo: los puntos rojos indican la existencia de oficinas sin titular, que, a los efectos prácticos, comprometen el acceso a la justicia en el interior de la provincia. Como es posible apreciar a simple vista en el gráfico confeccionado en función de datos oficiales e incluido en esta edición, el “mal” afecta ya a un tercio de los despachos. Lejos de amainar, las acefalías van camino a crecer porque es inminente la jubilación de otros cuatro jueces de Paz.

La situación crítica obedece a una sequía de nombramientos que cumplió cinco años el 5 de agosto pasado. Tal día de 2013, el ex gobernador José Alperovich designó a la lega María Beatriz Peluffo, hija de la ex legisladora oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo y nuera de Osvaldo Morelli, legislador oficialista y ex intendente de Concepción. El Poder Ejecutivo nunca más volvió a llenar una vacante, pese a las numerosas promesas y a los pedidos esporádicos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En la entrevista que concedió el miércoles a “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA, el gobernador Juan Manzur esquivó una respuesta específica sobre este tema: se limitó a decir que él sí hacía las designaciones.

Con el 32% de las oficinas acéfalas (23 sobre 72), la coyuntura de la Justicia de Paz es todavía más delicada que la de los Tribunales ordinarios de la provincia, que también padecen la escasez de magistrados y de nombramientos. Pero es más sencillo revertirla porque la designación de titulares de juzgados de Paz sigue dependiendo de una decisión discrecional del gobernador avalada por la Corte. Eso quiere decir que Manzur puede, si lo desea, llenar todos los puestos mañana mismo, a diferencia de lo que sucede con los cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales, cuya cobertura requiere de la sustanciación de un concurso público de antecedentes y de oposición en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) del que surge una terna de candidatos sujeta a la decisión del Poder Ejecutivo. El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) presentó en 2016 un proyecto para que los jueces de Paz también sean preseleccionados por concurso, pero la iniciativa no logró el apoyo del oficialismo.

Catorce años pasaron

“El principal obstáculo de la Justicia de Paz es que resulta difícil saber dónde estamos parados”, resumió una fuente técnica. Ese impedimento se remonta a 2004, cuando en un gesto “institucionalista” Alperovich, y su entonces ministro de Gobierno y Justicia, el actual jefe de los fiscales Edmundo Jiménez, impulsaron el salto a la Justicia de Paz Letrada. Pero ese cambio que iba a permitir la ampliación de los servicios jurídicos (particularmente la posibilidad de resolver causas de menor cuantía) en localidades alejadas de los centros judiciales nunca fue implementado del todo. Hasta 2009, Alperovich seleccionó abogados, pero, a partir de ese año, volvió sobre sus pasos, y “resucitó” la Justicia de Paz lega mediante las designaciones de Santiago Joaquín Montilla Zavalía; Ricardo Luis van Gelderen; Ernesto Roque Augier; Marcelo Dante Rodríguez; Gabriela Terraf; Mabel Concha de Llorens Dip; Sergio Hadla y de la mencionada Peluffo (en ese momento al menos, ninguno tenía título de abogado). Este retroceso fue posible porque el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habilita la incorporación de legos hasta el funcionamiento de la Justicia de Paz Letrada. Y como lo segundo depende en gran medida del Gobierno, bastó que dejara de nombrar abogados para frenar la modernización que había iniciado en 2004.

Para ser juez lego es suficiente con acreditar “idoneidad”, 25 años de edad y título secundario. El repaso de las últimas designaciones que concretó Alperovich sugiere que en ellas prevalecieron las afinidades políticas, y los lazos de amistad y de parentesco con dirigentes y autoridades públicas. Además del caso de Peluffo, entre los legos nombrados en los últimos años están Concha de Llorens de Dip, ex legisladora oficialista y esposa del ex parlamentario alperovichista Iván Llorens Dip; Hadla, pariente del ex legislador peronistas Raúl Oscar Hadla, y Terraf, hija del presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf. Tanto Concha de Llorens Dip como Beatriz Bordinaro, madre de la jueza de Paz Peluffo, integraron la Junta Electoral Provincial.

Pasaron 14 años y todavía la Justicia de Paz Letrada es minoritaria en Tucumán, pese a que en septiembre de 2015 la Legislatura confirió amplias facultades a la Corte (mediante la Ley 8.833) para que ejecutara las reformas necesariss y pese a que en buena parte del país la transformación ya no se discute (ver “En Buenos Aires, los juzgados letrados resuelven divorcios en un mes”). Y como persiste la “ventana” del artículo 171 para nombrar legos, el ministro Regino Amado dijo en repetidas ocasiones que, si bien le gustaría designar abogados, no podía asegurar que ello vaya a suceder. Distintas fuentes apuntan que para dejar definitivamente atrás el viejo paradigma lego es necesaria una ley que elimine el artículo 171 y que establezca que todos los designados deben ser letrados con cinco años de antigüedad, que fijen residencia en el lugar donde ejercerán sus funciones.

El rojo más furioso

En la práctica existe un híbrido institucional “lego-letrado”, con tantos huecos que muchos de los jueces de Paz tucumanos se ven obligados a “itinerar” para atender las oficinas acéfalas, lo que implica descuidar los despachos propios. Este estado de cosas va acompañado de una distribución geográfica que quedó desactualizada al no reflejar los cambios en la disposición de la población ni el crecimiento de los Tribunales de Concepción y de Monteros, además de la instalación de un anexo judicial en Banda del Río Salí, que la Legislatura recientemente jerarquizó. Los desequilibrios impactan negativamente en las localidades de altura, como Tafí del Valle, Raco y San José de Chasquivil, que deben lidiar con la peste de las usurpaciones de tierras. A ello hay que sumar que dos juzgados (Domingo Millán y Alto de Anfama) de los 72 no disponen de asiento físico.

El deterioro de la Justicia de Paz se manifiesta también por las irregularidades detectadas en el manejo del poder otorgado a sus integrantes. Una prueba de ello es la reciente destitución de Pedro Antonio Núñez (Los Gómez) y de José Solano Lazarte (Alto de Anfama). En agosto, la Cámara Penal de la capital condenó a Núñez por la falsificación de un acta que otorgó la posesión de una finca al imputado Ángel “El Mono” Ale, quien está acusado de haberla usurpado. Además, la Corte sustancia sumarios administrativos contra otros jueces de Paz denunciados por adulterar registraciones de nacimiento y por no concurrir a sus lugares de trabajo.

La situación edilicia dramática de una cantidad significativa de los despachos acentúa las calamidades que afronta la institución. En el alto tribunal que preside Daniel Posse admiten que algunos locales directamente están en ruinas o abandonados. Integran ese consorcio los juzgados de La Cocha, Aguilares, Los Sarmientos, La Madrid, Medinas, Río Seco, Rumi Punco, Santa Cruz, Teniente Berdina, Taco Ralo, Villa Belgrano y Villa Quinteros. En algunos casos coinciden el edificio en mal estado con la situación de acefalía: es la hipótesis más alarmante del panorama de puntos rojos que presenta la Justicia de Paz.

> Un híbrido “lego-letrado”
LOS 23 JUZGADOS VACANTES
Villa Clodomiro Hileret (Río Chico); Santa Cruz (Simoca); Simoca; Los Gómez (Leales); Villa Leales (Leales); Río Colorado (Leales);
Estación Aráoz (Leales); Tacanas (Leales); Río Seco (Monteros); Villa Quinteros (Monteros); Monteros; Teniente Berdina (Monteros); Tafí del Valle; Colalao del Valle (Tafí del Valle); Lules; Alto de Anfama (Tafí Viejo); San José de Chasquivil (Tafí Viejo); Raco (Tafí Viejo); Las Talitas (Tafí Viejo)
El Bracho (Cruz Alta); Ranchillos (Cruz Alta); La Ramada (Burruyacu) y Villa Padre Monti (Burruyacu)

JUZGADOS SIN ASIENTO FÍSICODomingo Millán (La Cocha) y Alto de Anfama (Tafí Viejo)JUZGADOS CUYOS TITULARES INICIARON LOS TRÁMITES PARA JUBILARSEAlderetes, Banda del Río Salí, Alpachiri (Chicligasta) y Domingo Millán (La Cocha)

JUZGADOS CON FUNCIONES LETRADAS
Trancas, La Cocha, Atahona (Simoca), Acheral (Monteros), Quilmes (Leales),  El Timbó (Burruyacu), Colombres (Cruz Alta), Las Cejas (Cruz Alta), Los Ralos (Cruz Alta) y Delfín Gallo (Cruz Alta)

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