Una testigo denunciada por los Chuschagasta dijo que desconocía la existencia de una comunidad originaria

Silvia Chiarello y su hermano, Dante, están acusados de extorsionar a comuneros para lograr transferencia de tierras

06 Sep 2018
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El origen del antagonismo entre familias del valle de Choromoro y Anca Juli es un programa de radio que, en agosto de 2005, empezó a “azuzar con odio y rencor” a los vecinos de El Chorro contra su familia. Esa fue la explicación que dio la ex delegada comunal de Anca Juli, Silvia Zulema Chiarello, la disputa por tierras que tuvo su punto culminante con el asesinato de Javier Cristóbal Chocobar, autoridad de la comunidad originaria Los Chuschagasta. El ataque ocurrió el 12 de octubre de 2009, en la comunidad indígena de Chuschagasta, a ocho kilómetros de Trancas, al norte de la provincia.

Chiarello, que vivía parte del tiempo en Anca Juli y parte del tiempo en San Miguel de Tucumán, declaró ayer ante el tribunal que juzga a tres acusados por el homicidio de Chocobar y las lesiones que sufrieron Andrés y Emilio Mamaní. Parte del ataque quedó filmado y ese video es una prueba fundamental en el caso.

Los imputados son Darío Amín -que aduce propiedad sobre la tierra donde fue asesinado Chocobar-, Luis Humberto Gómez -socio de Amín en la explotación de la cantera de laja- y Eduardo José Valdivieso, amigo de ambos. Los dos últimos son policías retirados y estuvieron vinculados al “Comando Atila”, grupo parapolicial que dirigía Mario “Malevo” Ferreyra.  

La testigo contó que fue delegada comunal en Anca Juli durante las gobernaciones de Antonio Bussi y de José Alperovich. Dijo que no sabía de la existencia de una comunidad indígena, aunque luego consignó que consiguió iniciar (con el tractor asignado a la comuna) trabajos para abrir una huella o camino “por pedido de la comunidad”. “Conozco El Chorro porque ahí estaban las tierras de Amín -dijo-, y a él fui a pedir permiso para pasar con las máquinas y llevar mercadería y a las maestras de la escuela del Ñorco”.

En 2005, ella y su hermano, Dante Chiarello, fueron denunciados por amenazas y extorsión a pobladores de la zona, con el objetivo de conseguir que les transfieran la propiedad de las tierras, según la acusación. En febrero de 2018, la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación dejó sin efecto los sobreseimientos que los beneficiaban.

“Me jubilé como empleada del Ministerio del Interior -dijo Chiarello- pero sigo colaborando en tareas sociales con la comuna de Anca Juli”. El conflicto con la comunidad Chuschagasta, afirmó, proviene de un malentendido:“decían que poníamos explosivos y que los chicos estaban quedando sordos. Por eso creo que hay una confusión con la tierra de Amín, por la explotación de la cantera de laja”.

El primer testigo de la jornada de ayer, la quinta del juicio que comenzó el 28 de agosto,  fue el instructor de tiro y jefe de Operaciones del Centro de Tiro Táctico de la Policía de la Provincia, Alejandro Adolfo Reynoso. El experto respondió preguntas sobre procedimientos de instrucción y manejo de armas para policías.

Luego declaró el policía Luis Marcelo Sallas, que -cuando ocurrieron los hechos- prestaba servicios en la División Homicidios de la Policía de la Provincia.  

Los últimos dos testigos fueron la bioquímica Celina Adorno, que se desempeña en el laboratorio de  la Policía Científica, quien realizó las pruebas para determinar la presencia de pólvora en las manos de los involucrados;y el policía José Daniel Montero de la División Homicidios, que participó de las primeras actuaciones en el lugar de los hechos.

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