Señálanos, profeta

03 Ago 2018
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›› YO TE AVISÉ

El profeta, a diferencia del filósofo, conoce la verdad. Al igual que todo el pueblo hebreo, la ha recibido de Dios como tarea. Porque la verdad es tarea para el judío. Su contenido es la ley. Su enunciado, los mandamientos. Le fue entregada a Moisés en el Sinaí. Es, pues, verdad revelada. Un proyecto de vida y convivencia que pide realización. No se trata, entonces, de descubrirla. Se trata de darle cumplimiento. De obrar en consonancia con ella. Por eso, para eso, se hace oír la voz del profeta. Su llamado. Su exigencia. Quiere que rija la ley donde se la desatiende y menoscaba. No propone descubrirla. Llama a actuar. A actuar en consonancia con lo acordado con Dios por los padres fundadores. Con fidelidad a la Alianza. Con lo que fue establecido, según dicta la tradición, mediante mutuo asentimiento de Dios y el hombre. Pero que luego, desoído una y otra vez, terminó haciendo de Israel una cueva de farsantes, de cinismo político y de injusticia. Por eso el profeta impugna al judío. Lo confronta con su deslealtad. Su dedo acusador señala, ante todo, a la dirigencia. Esa dirigencia que se obstina en el error, en el egoísmo. Que rapiña y acumula bienes a expensas de los humildes. Que expone a Israel, con su tenaz imprudencia, a verse avasallado por los reinos vecinos.

Santiago Kovadloff, Locos de Dios, página 72. Emecé, Buenos Aires, 2018.

La Argentina de la Constitución menoscabada y desatendida parece convertida, y reducida, a un país de gobernantes que hacen transportar, para usufructo privado, valijas con dineros públicos. La Carta Magna ha sido definitivamente tergiversada: durante la consolidación de la patria piquetera, los detentadores de la “década ganada” sólo para ellos mismos pautaban que el libre tránsito no era para los ciudadanos sino sólo era para su equipaje corrupto. Ahora surge, todo prolijamente anotadito, el ir y venir de 160 millones de dólares, según estima la Justicia Federal. Ir desde constructoras adjudicatarias de obras públicas y venir hasta la Quinta de Olivos, la Jefatura de Gabinete o un departamento de los Kirchner. Deberían rebautizar el período 2003-2015 como “Los años de Gloria”, considerando la marca de los cuadernos donde están detalladamente asentados los incesantes cargamentos con el saqueo.

La trama que ha dejado expuesta la investigación del diario La Nación es estremecedora, y además de incluir a ex funcionarios y a actuales parlamentarios, involucra a poderosos empresarios. Promete ser la versión argentina del brasileño “Lava Jato” (“Lavado de chorro” es la traducción literal del portugués). Pero, desgraciadamente, lo revelado no es sorprendente para este país de gobernantes que la plata se la llevan sobre ruedas. Y rueditas. Antes fue el casi millón de dólares del maletín de Guido Antonini Wilson. Después, los bolsos con 9 millones de dólares que el tucumano José López metió dentro de un convento. Era grande la limosna…

La tucumanidad de López es accesoria, pero no es pura coincidencia. Esta provincia es pionera en valijazos. Durante el electoralísimo 2015 (ese año se celebraron las PASO, las elecciones provinciales, las presidenciales y el balotaje), la partida de Transferencias de la Legislatura (alimentaba los “Gastos Sociales”) fue de 600 millones. Por lo menos, la tercera parte de ese dineral salió en maletas del banco oficial de la provincia y fue cargada en camionetas del parlamento local, con destino incierto y, sobre todo, no público. El año anterior, la misma partida había sido de $ 150 millones. Al año siguiente, ya no existían los “Gastos Sociales”.

Tampoco es obra del azar que la joven Nación que fue potencia mundial hasta principios del siglo XX, y la histórica provincia que acunó batallas libertarias e independencias continentales a inicios del siglo XIX, compartan un siglo XXI de intrascendencia y decadentismo señeros. En el cual fueron cambiadas las rotas cadenas por valijas con candado, llenas de dinero del pueblo.

Este ominoso escenario maletero es común, precisamente, porque común es a Tucumán y a la Nación el cinismo político de la “década valijeada”. Esa esencia de podredumbre institucional ha sido la no aplicación de la Ley y sus corrompidas derivaciones como la malversación constitucional. Ninguna tan monumental como la desnaturalización del fuero parlamentario.

De esa abominación se verá mucho durante los próximos días en el orden nacional, a partir de que la Justicia Federal ha resuelto solicitar el desafuero de la senadora Fernández de Kirchner. Y, por sobre todo, de eso están observando demasiado los tucumanos, a partir de la negativa del senador José Alperovich a comparecer, sencillamente como testigo, en el juicio que busca esclarecer el asesisato de Paulina Lebbos y su posterior encubrimiento.

Los fueros no fueron concebidos como inmunidad procesal, ni mucho menos como impunidad reincidente. La sustancia de los fueros, por el contrario, es la libertad de expresión. Lo cual es coherente con su ámbito: garantiza la libertad de “parlar” a los miembros del parlamento. Más aún: es una libertad de expresión exacerbada. El parlamentario (a diferencia del ciudadano que puede ser querellado por calumnias o injurias) no sufrirá ninguna consecuencia cuando se exprese. “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”, reza el artículo 68 de la Ley Fundamental de los argentinos.

En Tucumán, la Constitución alperovichista de 2006 fue más allá. “Los legisladores no serán nunca molestados por los votos que constitucionalmente emitan y opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos dentro y fuera del recinto”, establece el artículo 62. La protección va más allá del recinto, pero la letra y el espíritu de la norma siguen siendo la libre expresión garantizada. En todo caso, una inmunidad de la palabra.

La negativa de Alperovich de sentarse a los jueces riñe con la república. La matriz de nuestro sistema de gobierno consiste en que todos somos iguales a la ley. No hay aquí preorrogativas de sangre, títulos de nobleza y, vale aclararlo, tampoco “fueros personales”, dice la Constitución. Porque los fueros no son del parlamentario, sino del cuerpo legislativo que integra. Distinto es el caso de los funcionarios no electivos: ellos no tienen fueros sino privilegios procesales inherentes al cargo: para despojarlos de esa inmunidad hay que destituirlos. El parlamentario, en cambio, permanece en la banca aunque sea desaforado.

Precisamente, el ex gobernador es senador por el voto del pueblo, como lo fue en 2001. Esa fue la primera elección popular de miembros de la Cámara Alta. Antes, los senadores eran designados por el dedo del gobernador y confirmados por las manos alzadas de la Legislatura. Así que el ex mandatario no es hoy un delegado del poder político en el Congreso, sino, acabadamente, un representante del pueblo. De modo que rehusarse a hablar de lo que sabe del caso que aconteció durante su primer mandato y al día de hoy sigue impune es, también, una actitud que riñe con la democracia. Porque lo que indaga el juicio sobre la atroz muerte de Paulina es la verdad. La verdad no sólo de ese asesinato que nos llaga como sociedad, sino la verdad para el pueblo. Así que esa verdad es una búsqueda para la Justicia, pero es una tarea para los protagonistas de la democracia. Para los hombres del pueblo.

El caso del senador tucumano, además, presenta agravantes. Como gobernador, anunció públicamente que en 24 horas iba a dar a conocer los nombres de los asesinos de la joven madre, estudiante y trabajadora tucumana. Pero pasaron 24 horas, 24 días, 24 semanas, 24 meses… y 12 años. Nada dijo. Y, está claro, nada quiere decir delante de los jueces.

Ahora, el ex mandatario expresa, con toda razón que tiene derecho a ser candidato a gobernador. Pero nada dice de sus deberes. Y el primero de ellos es la verdad. Porque la verdad no sólo existe: es, además, un derecho social. La sociedad tiene derecho a la verdad.

Esta misma semana volvió a doler sobre el pueblo tucumano esa herida producida por el negado derecho a la verdad respecto del crimen contra una tucumana. Priscila Paz nos duele en todo el cuerpo social. Es abominable la forma en que fue asesinada. Tras varios días de permanecer desaparecida, su cadáver fue plantado al lado de una ruta. Eso mismo aconteció con Paulina Lebbos. Esta nueva tragedia nos recuerda que hay cosas que no se deben olvidar.

Por lo demás, en el caso de Priscila la fiscala a cargo no demoró media década en activar los cruces telefónicos, así que no pasó un decenio sin que hubiera ni siquiera un imputado. De hecho, ya hay media docena de detenidos. La Policía buscó a Priscila por cielo y tierra y allanó medio San Pablo. Todo lo contrario a lavar el cuerpo de Paulina, a modificar la escena del crimen, a esconder las primeras fotos, a apretar a los baquianos que la encontraron para que mintieran, y a falsificar actas y demás documentos públicos sobre el hallazgo, como se hizo, impunemente, según los informes periciales de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal.

Que Alperovich se presentase ante los jueces a dar cuenta de las certezas que conoce (porque ese es deber como ciudadano y porque en ese proceso van presos quienes faltan a la verdad) sería, de su parte, un enorme servicio a las instituciones y a los tucumanos. Su ausencia es todo lo contrario, pero, sorpresivamente, no deberá pagar ningún costo político. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en un fallo sin precedentes, decidió ahorrarle ese desgaste.

El máximo tribunal, como se informó, dejó sin efecto la salomónica resolución de la Sala III de la Cámara Penal. Según esta, Alperovich estaba en condiciones de ser llamado a declarar a la audiencia para contestar las preguntas que surgiesen a partir de las respuestas de su cuestionario escrito; pero no estaba obligado a comparecer, dado los privilegios procesales de su investidura. Claro está, si lo citaban tendría que haberse rehusado, con lo que semejante gesto hubiera implicado. Pero ya no necesitará hacerlo. Los máximos intérpretes de la ley han dicho que el parlamentario no tiene por qué ir a “parlar”. Y todo en ello en nombre de los fueros, que nacieron y fueron consagrados en la Constitución al sólo efecto de garantizar que hable…

Locos de Dios, el último libro del filósofo argentino Santiago Kovadloff, homenajea el apelativo que recibían los profetas en el antiguo Israel. ¿La razón? Interpelaban a los poderosos del poder, de la riqueza y de la religión sin más herramientas que su fe, su coraje y su elocuencia. Había que saldar una deuda siempre impaga a lo largo de la historia: la de conciliar el ejercicio del poder político con la justicia social. El anhelo de lograr una comunión entre ética y política nace hacia el siglo VIII antes de Cristo en Israel, puntualiza Kovadloff. “Transfigurado una y otra vez, alcanzó nuestro tiempo. En estos dos mil años, ya no fue tan sólo una exigencia judía. Pasó a ser también una aspiración occidental. Una aspiración occidental que renació periódicamente en medio de las convulsiones constantes de la historia”.

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