En el sur dudan de que pueda regir desde febrero el nuevo proceso penal

Miembros de una comisión pretenden que los cambios se apliquen desde 2019 en esa ciudad y recién en 2021 en toda la provincia. Magistrados y abogados de Concepción advirtieron que faltan recursos humanos y mejoras en infraestructura.

26 Jul 2018
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SEGUNDO PLENARIO. Miembros de la comisión de implementación del nuevo Código Procesal Penal deliberaron en los tribunales de Concepción. Dirección de comunicación pública Corte Suprema de Justicia de Tucumán

Si de la primera reunión habían salido pesimistas, del segundo encuentro sólo emergió pesimismo. Ayer, representantes de todos los actores vinculados a la administración de justicia deliberaron en Concepción sobre la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), prevista por ley para febrero de 2019. Según coincidieron los protagonistas, el nuevo cónclave finalizó con más dudas que certezas.

¿Va a ser posible llegar a ese plazo en condiciones óptimas para su instrumentación? Según abogados y algunos jueces consultados por LA GACETA, falta bastante por hacer aún para lograr una estructura óptima que permita la puesta en marcha de la flamante normativa legal. La Comisión Institucional de Implementación y Monitoreo de ese código se reunió ayer en los tribunales de esa ciudad precisamente para debatir el desarrollo del proceso de adecuación edilicia y organizativas que se llevan a cabo para hacer posible la aplicación del nuevo CPPT. Ya en el primer encuentro, realizado jueves 12 de este mes en la sala de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, se adelantó que el digesto sancionado hace dos años recién estará plenamente vigente hacia febrero de 2021. Mientras tanto, se mantendría la intención de que arranque el año próximo en los centros judiciales de Monteros y de Concepción.

Según el coordinador de la Comisión, Andrés Garmendia, el desafío que se presenta es llegar a febrero de la mejor manera posible, aún cuando faltan “un montón de temas por definir”, según admitió. Sin embargo, para el titular del Colegio de Abogados del Sur (CAS) Ángel Fara, “no se puede poner en marcha un código si toda la estructura de funcionamiento no está firme, porque de lo contrario no va a funcionar”.

De la reunión participaron el vocal de la Corte Antonio Gandur, el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez; la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; y los legisladores Marcelo Caponio, Sandra Mendoza y José María Canelada, entre otros.

Antes de las deliberaciones, los integrantes de la comisión recorrieron las instalaciones de tribunales para verificar los trabajos de remodelación de los espacios en los que funcionarán las salas de audiencias. “Se han recorrido las instalaciones y se observó la situación. Fue importante que la comisión haya tomado contacto con las necesidades que tiene el Poder Judicial en la tarea de adecuar el edificio. La cuestión es poder articular los medios interpoderes para que el avance de las obras sea más rápido”, expuso Garmendia. “Cuando mayor sea la coordinación de los poderes vamos a poder cumplir con los términos temporales para llegar en condiciones a la instrumentación de la reforma”, agregó. “Siempre se puede llegar aunque faltan un montón de temas por definir. Y el espacio de la comisión va a ser el espacio para que las decisiones se tomen lo antes posible”, remarcó.

El vocal de Cámara Sergio Altamirano reconoció que durante la reunión se han producido avances en las recomendaciones y organización de cómo se va a trabajar en vista a la aplicación del nuevo CPPT. Pero hizo el siguiente planteo: “en cuanto a las obras no está definido cuándo se las van a concluir. Por otro lado, faltan evaluar causas y otros trámites tendientes a lograr una implementación exitosa del nuevo Código. Hay muchos pendientes. Y si no se cubren los cargos va a ser imposible aplicar el CPPT. Hay que tener en cuenta que las designaciones son procesos lentos. También resta designar el Ministerio de la Defensa”, observó el magistrado.

Fara, aunque reconoció que la reunión fue positiva, admitió que el resultado de ésta desnudó muchas dudas sobre la posibilidad de aplicación del nuevo digesto. “Hay numerosas cosas y actividades por realizar, tanto en lo edilicio y en la coordinación. Mucho trabajo por adelante. En la implementación legislativa faltan varias leyes, hay cuestiones presupuestarias, restan capacitaciones y trabajos para fortalecer la defensa. Y lo preocupante es que estamos muy apretados con el tiempo”, expuso.

El presidente del Colegio de Abogados del Sur insistió en que el problema es que para que funcione el Código se tiene que llegar con toda la estructura óptima. “Si alguna de las patas no está firme no va a funcionar el sistema. Todo tiene que estar bien. Y nos inquieta la defensa. Los tiempos se aceleran para todos. Nosotros para capacitarnos y para que se designe el ministro de la defensa”, sostuvo. “Es positivo el cambio para la sociedad y el sistema en general. Pero hay que trabajar. Hay roles que no están totalmente definidos. Es decir se plantea bastante incertidumbre de lo que va a suceder”, concluyó.

Diagnóstico desalentador

La primera reunión del comité especial, realizada en esta capital, no fue alentadora. Allí, los miembros advirtieron que el Código Procesal Penal sancionado hace dos años recién estará vigente hacia febrero de 2021, y no en febrero próximo, como fija la ley. Asimismo, quedó planteada en esa ocasión la necesidad de reformular por tercera vez la ley que establece la aplicación progresiva del nuevo proceso penal. En abril y después de una controversia con la propia Corte, la Legislatura había dispuesto que el sistema remozado entrara en vigor en febrero, en toda la provincia.

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