23 Junio 2018
GINEBRA, Suiza.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) denunció la falta de respuestas del Gobierno venezolano por los centenares de ejecuciones extrajudiciales de las que se acusa a las autoridades del país y pidió por ello una mayor implicación de la Corte Penal Internacional (CPI).
En mayo, un grupo de expertos elegidos por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para investigar la situación en pidieron a los países miembro del organismo denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro ante la CPI por crímenes de lesa humanidad que asegura que cometió desde 2014.
En un informe divulgado ayer, el OACDH actualizó un reporte anterior sobre la situación en Venezuela, que afirma que existen testimonios creíbles e impactantes de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad desde 2015, en el marco de supuestas acciones de lucha contra el crimen, conocidas como Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
“Testimonios de víctimas suscitan preguntas sobre si las OLPs estaban destinadas a desarmar grupos criminales”, subraya el informe. “Una serie de elementos parece indicar que fueron instrumento del Gobierno para exhibir resultados en la reducción del crimen”.
“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia”, señaló el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein. La CPI abrió en febrero de este año un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela en el contexto de la ola de protestas de 2017 tras las denuncias de varios legisladores latinoamericanos. Este procedimiento no supone la apertura de una investigación, sobre lo que la fiscalía decidirá más adelante.
La CPI es un tribunal de Justicia internacional permanente cuya labor es juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
Venezuela puede ser denunciada ante ella porque es uno de los países que ratificaron el Estatuto de Roma, bajo el que comenzó a operar el tribunal en 2003. Si otro Estado que haya ratificado ese tratado la denunciara, la fiscalía abriría una investigación. (DPA-Reuters)
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