Opositores y oficialistas coinciden en que se debe regular el financiamiento electoral

Sin distinción de procedencia partidaria, los dirigentes políticos tucumanos consideran que la reforma electoral que se gesta en la Legislatura debe contemplar restricciones y controles a los gastos de campaña.

La discusión sobre la ausencia de regulación para el financiamiento proselitista en Tucumán comenzó a cobrar fuerza a partir de la proliferación de acoples. En los comicios provinciales de 2015, con cuartos oscuros en donde se llegaron a ver un centenar de boletas, a los candidatos les resultó sumamente costoso afrontar la logística electoral y, además, lograr que su propuesta adquiera visibilidad pública.

¿Cómo se financia esa parafernalia electoral cada cuatro años en Tucumán? Sin una ley que regule la materia, es imposible responder la pregunta sin caer en las sospechas recurrentes sobre el uso indebido de recursos públicos, coindicen los referentes políticos.

En el orden nacional, el financiamiento de las agrupaciones es regulado por la Ley 26.215 de 2006. Esta legislación permite a la Cámara Nacional Electoral practicar un seguimiento de “la ruta del dinero” y establecer topes para los aportes, entre otras acciones tendientes a transparentar el uso de fondos con fines proselitistas. Además, la Nación propicia ahora una nueva reforma a esa normativa. El plan oficial permitirá el financiamiento de empresas a las campañas con tope de 3% del gasto total de cada frente político; la bancarización de los aportes; duras sanciones penales contra el clientelismo, restricciones a la publicidad oficial y la eliminación de los actos de gobierno orientados a captar el voto durante las campañas políticas.

Sin embargo, en Tucumán hasta aquí sólo surgieron propuestas aisladas. Una de esas iniciativas fue planteada por el ahora legislador de Nueva Fuerza, Claudio Viña. “Tenemos que poner límites en los aportes o donaciones recibidas, un balance previo y otro posterior a la campaña, acortar la etapa proselitista y regular la publicidad. Es fundamental proponer reformas o modificaciones de fondo, que aporten transparencia y tranquilidad al elector y no meros maquillajes electorales”, expuso el parlamentario, ligado a Cambiemos.

Julio César Herrera, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), consideró que es clave la presencia y la regulación estatal, aunque admite que la política requiere de “gastos”. “Si se tiene en cuenta que son más de 3.000 mesas en el distrito, a un promedio de $ 1.000 por mesa concluimos que únicamente para la fiscalización del día del comicio es necesario más de $ 3 millones”, expresó. El secretario de Gobierno de Concepción le puso números a una campaña “media”: “una elección austera no puede ser inferior a $ 6 millones”. “Los que digan que no es necesario dinero para controlar o participar en una elección o que todo es militancia, mienten”, achacó.

Marcelo Caponio, apoderado del Partido Justicialista y legislador por el acople Acuerdo Federal, consideró fundamental que se transparente el uso de recursos en la política electoral. Para ello, propone un sistema similar al que rige en el orden nacional. “El Estado debe financiar el funcionamiento de los partidos políticos, conforme a sus resultados electorales. Como así también, creo que debe haber equidad en las pautas de propaganda electoral”, planteó.

Una idea similar propone el presidente de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi. “En Tucumán no se quiere salir de este sistema corrompido y extremadamente caro porque los partidos mayoritarios se financian ilegalmente con el dinero de la gente. Si el Estado financia la campaña, cómo ocurre en las elecciones nacionales donde te asignan segundos de TV y radio para difundir tu propuesta, a la postre el gasto estatal será muchísimo menor de lo que gasta por vía de la ilegalidad”, vaticinó el edil.

La especialista María Page, coordinadora del Programa de Instituciones Políticas de Cippec, suele repetir que en Argentina los partidos políticos incurren en una “enorme subdeclaración de ingresos y gastos”, ya que las actividades desplegadas en la campaña no pueden cubrirse con los montos que se declaran oficialmente.

En Tucumán, aún más dramático resulta pensar que ni siquiera hay una regulación normativa que establezca topes o reglas para el financiamiento electoral.

Al unísono 

“Que haya igualdad de oportunidades”
“Hay que avanzar en modificaciones que tiendan a hacer más transparente el financiamiento de las campañas”, consideró el legislador Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario). “Si hay voluntad política, el Gobierno debería absorber parte del gasto de campaña en la publicidad y en la emisión de  boletas, si es que no se implementa el voto electrónico”, planteó el amayista. “Esta reforma tiene que abordar todos los temas, pero una de las principales acciones es garantizar la participación en igualdad de condiciones. Los procesos electorales no deben ser solamente para que participen los que tienen plata nada más”, concluyó.

“Que no vengan de la corrupción”
La senadora radical Silvia Elías de Pérez participó de las reuniones con organizaciones civiles para abordar cambios al financiamiento electoral. “Queremos una legislación que les dé garantías a los argentinos de que el dinero que financia a la política no viene de la corrupción”, dijo. “Se busca nivelar la cancha para reducir el ventajismo oficialista y la falta de equidad; aumentar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas; prohibir aportes en efectivo y facilitar aportes vía tarjetas de crédito y medios electrónicos; permitir el aporte de personas jurídicas con el debido control y limite, tanto a los partidos como a las campañas; fortalecer los órganos de administración y de control electoral; y mejorar la eficacia del régimen de sanciones”, detalló. Sin embargo, puso dudas respecto de que esto pueda aplicarse en Tucumán. “Este Gobierno se niega a tener una ley de ética pública y de acceso a la información, y no permite que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones juradas”, reprochó.

Blanco propone un reparto equitativo
“El Estado debe garantizar el financiamiento de las boletas electorales. Debe financiar igualitariamente espacios en los medios de comunicación. En el caso de los medios gráficos, debe financiar el costo de solicitadas o equivalente para que los partidos puedan publicar sus plataformas. El Estado, además, debe financiar igualitariamente el costo del uso de los espacios habilitados (carteleras) para la pegatina de afiches. También, garantizar el costo de la organización de debate en los medios televisivos. Se debe prohibir el uso de instalaciones, equipos y personal estatal, municipal o comunal al servicio de una fuerza”, propuso el referente del Partido Obrero, Daniel Blanco. 

“Llega sólo el de gruesa billetera”
El vicepresidente del Partido por la Justicia Social, Walter Berarducci, dice que el sistema electoral tucumano funciona a “impulso del dinero”. “Solo llega el que dispone de gruesa billetera. Una reforma debería adoptar el marco que ofrece Ley nacional de Financiamiento de Partidos Políticos, como mínimo. El aporte económico de particulares y de empresas, siempre que no sean proveedores o contratistas del Estado o firmas de la industria del juego o extranjeras, debe ser transparente”, dijo. El alfarista, además, propuso: “tampoco debe permitirse el aporte de asociaciones gremiales y los aportes no pueden ser anónimos. Cada ingreso y egreso debe ser declarado con sus respectivos comprobantes de ley y girados sobre cuenta bancaria oficial del partido, con la obligatoriedad de facilitar el acceso público a la información. Los gastos de campaña y el tiempo deben tener un límite”.