La cultura del miedo

28 Abr 2018 Por Roberto Delgado
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El audio que se difundió el miércoles por LA GACETA y que circuló por redes sociales, tras el supuesto secuestro de la presunta líder narco Margarita Toro en Villa 9 de Julio, disparó todos los miedos sobre los narcotraficantes, los apretadores, las barras bravas y las mafias delictivas. Esos miedos aparecen cada vez que los Toro, los Carrión, los Garra y otros clanes que se encuentran en constante lucha territorial por el narcomenudeo en los barrios pobres y marginales son noticia por enfrentamientos, balaceras o muertes. Lo mismo ocurre con los Acevedo, de la barra brava de Atlético, que en este caso están involucrados en la pelea con “La Patrona” Toro. En esta ocasión, además, se dan dos circunstancias singulares: que aparece un grupo dedicado a secuestrar a narcos para pedir rescate (ya hay otro caso investigado por la Justicia federal) y que las villas suburbanas, en general, están inundadas por el negocio de venta de estupefacientes.

En este sentido, la cultura del miedo se alimenta de la presencia permanente de personajes contra los cuales la acción de la Policía y la Justicia ha sido ineficaz: han recibido condenas, han estado presos y son objeto de detenciones y allanamientos constantes, pero el negocio ilegal prospera y, según la misma Policía y los vecinos, la violencia aumenta. Tal como se escucha en el audio, se trata de grupos fuertemente violentos y muy armados.

Más droga, más violencia

La tarea policial, impulsada desde la Nación, que ha puesto toda la artillería en la guerra contra el narcotráfico, ha redundado en secuestros constantes e históricos de droga (más en Salta, en Jujuy y en Santiago del Estero que en Tucumán) y detenciones y celebrados desbaratamientos de grupos como los “narcobagayeros” de la “Banda de Mario”, así como han hecho saltar grupos enquistados en el mundo de la política como la banda de Julio César Trayán. Pero no hay una cifra que ayude a entender por qué, si aumentan los decomisos de droga, al mismo tiempo sigue aumentando el narcomenudeo por los barrios: a más operativos debería haber menos “quioscos” de droga, no más. La explicación fácil es que los narcos hacen tareas de inteligencia, cuentan con recursos y no tienen que sujetarse a leyes como las fuerzas de seguridad. Pero también hay que decir que las fuerzas de seguridad con frecuencia gastan tiempo y dinero en secuestrar plantitas de marihuana (como las siete halladas anteayer en Aguilares) y en detener a “porreros”, siguiendo el crinetrrio nacional de guerra total antinarcóticos. Se entiende el razonamiento de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: cree en la mano dura en este sentido, por eso quedó envuelta en un escándalo diplomático cuando dijo que Holanda era un narcoestado por su tolerancia y que la despenalización implica más consumo, violencia y muertes. Después debió pedir disculpas al embajador holandés pero no cambió su postura. Las policías del país seguirán actuando según el pensamiento de la ministra.

Tampoco se entiende por qué, si hay constantes acciones de fuerzas de seguridad contra los estupefacientes no disminuye la violencia, si la hipótesis del Gobierno nacional es que la droga está en el origen de la violencia y de la delincuencia. Como no hay datos confiables, no es posible coincidir con esta argumentación de las autoridades, y tampoco refutarla. Acaso mirar lo que pasa en otros lados por lo menos haría mirar el problema sin anteojeras. Nueva York, por ejemplo, acaba de tener la baja histórica de homicidios (las cifras están bajando desde hace 25 años y en 2017 hubo 284 asesinatos). La misma tendencia se repite en casi todo Estados Unidos al mismo tiempo que ha habido una suba alarmante de muertes por consumo de drogas (64.000 personas fallecieron en ese país), con lo cual, al menos ahí no encaja la ecuación más drogas = más violencia. En nuestro medio hay que estudiarlo.

Precisamente en la contradicción entre acciones y falta de resultados visibles ha estado centrado el debate entre los jueces federales el jueves en Tucumán. Se han mencionado allí críticas a la política antidrogas que no ha impedido el crecimiento escandaloso de la comercialización de drogas ilícitas. Críticas hechas incluso en la cara del ministro de Seguridad de Tucumán y de su equipo. Es decir, mientras por un lado nos dicen que la lucha contra el narcotráfico es implacable y exitosa, por otro lado nos están mostrando que este enfoque no está dando resultados y no se habla de las razones de esto.

¿Habrá que estudiar el fenómeno? Evidentemente, las fuerzas de Seguridad y las Justicias federal y provincial no pueden hacerlo por sí solas. Mientras Estados Unidos remarca que el pilar de la mejora en la seguridad no fue la mano dura sino el uso de datos y el desarrollo de mapas con “puntos calientes” centrado en el sistema de seguimiento de delitos conocido como CompStat (“La Nación, 29/12/17) acá sustentamos en “operativos” y “acciones de inteligencia” la esperanza de pacificación de un barrio estragado por la violencia como Villa 9 de Julio.

Al mismo tiempo, se deja de lado, por una parte, la acción verdaderamente enérgica. En el caso de Margarita Toro, esta denunció ante el jefe de la comisaría 10a a quienes dice que la secuestraron. Luego hubo un ataque incendiario a la casa de Julieta Díaz, pariente de Gustavo “El Gordo” González, de “la Inimitable”. No hubo detenidos ni por parte de la Justicia federal ni por parte de la provincial.

Por otra parte, la política de prohibicionismo y guerra al narco deja de lado la pata débil del sistema, que es el adicto. Casos como el de la jovencita Gisell Tatiana Barrionuevo Núñez, adicta asesinada el 9 de marzo en Monteros, muestran que esta “pata débil” es parte sustancial del negocio narco. En su caso ya se habló de la introduccción del crack en nuestra provincia.

Adictos olvidados

Las autoridades no le dan importancia al adicto, por eso hubo tantas idas y vueltas entre Provincia y Nación a propósito del centro terapéutico Cepla, prometido hace tres años y aún inexistente en La Costanera. No sólo se trata de adicciones (la Secretaría provincial hasta ahora no ha dado un informe coherente que ayude a entender qué pasa con el aumento del consumo en la Comisión de Emergencia en Seguridad de la Legislatura) sino también de tratar de establecer las matrices del fenómeno. Los pesquisas de seguridad ya tienen sus explicaciones y se quedan en ellas: en el caso de la banda de los narcobagayeros, se determinó que los delincuentes ganaban unos 3,72 millones de pesos por mes y eso es una razón más que suficiente. Esta banda tenía quioscos propios. ¿Y la gente que trabajaba con ellos, tanto productores como distribuidores y familiares?

Hay quienes podrían ayudar a explicar un poco esto. En el Conicet se publicó el estudio científico sobre el crecimiento a pasos agigantados de la inseguridad (como flagelo estructural, titulan) y en lo concerniente a las drogas la investigadora Paula Boldrini (Centro de Estudios sobre Territorio y Hábitat Popular) menciona que, además del empeoramiento de las condiciones de la población pobre ya se registra la institucionalización de circuitos de narcomenudeo, así como el aumento de las adicciones. “Uno de los principales motores que moviliza a estos sectores, o parte de ellos, a cometer delitos, apunta a la necesidad que tienen de satisfacer las condiciones básicas indispensables para la vida”, dice. Agregamos: si alguien tiene escasa instrucción y pocas posibilidades de acceder al mundo del trabajo, y ve posibilidades de ganar mucho dinero con la droga, entonces los límites entre el bien y el mal se desvanecen. “Los narcotraficantes se están instalando en los barrios más humildes aprovechando la vulnerabilidad de sus habitantes. Ellos son los que dan fuentes de trabajo”, dice el abogado penalista Rodrigo Bilbao. “La pérdida de garantías sobre la integridad física y/o mental de las personas, en relación con el mundo, afecta principalmente y de manera permanente a aquellos sectores vulnerables que carecen de cualquier tipo de recursos y contención, y se multiplica de las formas más violentas en el resto de la sociedad, sin importar las barreras físicas o sociales existentes”, explica la investigadora Boldrini. Una respuesta debería ser la tarea social. Arquitectos, geógrafos, trabajadores y comunicadores sociales “analizan lo que consideran la columna vertebral de todos estos flagelos: la desigualdad”, dice la nota del Conicet. Pero son esfuerzos aislados, que no forman parte de lo que el Estado considera el núcleo del problema.

El Estado está centrado en la lucha contra los “mercaderes de la droga” y aunque desde hace años proclama sus éxitos en la lucha antinarco, los mercaderes siguen actuando, ya sea vendiendo, ya sea entrando o saliendo de la cárcel, ya sea tiroteándose o secuestrándose entre ellos. Total, el negocio sigue marchando. Y crece la cultura del miedo.

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