El Jury avanza con el pedido para remover dos jueces de Paz

En un hecho inédito para el actual sistema de remoción de funcionarios del Poder Judicial de Tucumán, el Jurado -o Jury- de Enjuiciamiento celebró ayer la primera audiencia en el proceso iniciado contra los jueces de Paz Pedro Antonio Núñez (Los Gómez) y José Solano Lazarte (Alto de Anfama), denunciados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) por el presunto incumplimiento de los deberes a su cargo.

Según la lectura de las acusaciones, los magistrados habrían otorgado poderes de disposición en forma irregular. Estos documentos, luego, habrían sido usados para concretar operaciones inmobiliarias presuntamente fraudulentas, que también son investigadas por la Justicia.

Como Lazarte y sus representantes legales no estuvieron al comienzo de la reunión, el Jurado de Enjuiciamiento lo declaró inicialmente en rebeldía. Luego se leyó una nota de uno de sus abogados en la que pedía la postergación del juicio político por razones de salud. El Jury, presidido por el legislador peronista Ramón Santiago Cano -el vocal de la Corte, Antonio Gandur, firmó la denuncia original, por lo que no integra ni encabeza este tribunal-, resolvió desestimar el requerimiento, ya que los plazos de estos procesos de destitución son “perentorios e improrrogables”.

Núñez, en cambio, sí participó del acto, llevado a cabo en el 3° piso de la sede parlamentaria de Muñecas al 900. Escuchó los cargos en su contra, elevados por los votos unánimes de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, y comenzará a estudiar su estrategia defensiva. Entre otros puntos, el juez de Paz de Los Gómez apuntaría a que firmó los instrumentos en 1984, cuando hacía pocas semanas que había llegado a ese cargo. Tampoco se descarta que acuda a la vía administrativa para objetar la constitucionalidad del proceso, mediante el pedido de una cautelar.

Lo que viene

El trámite de destitución contra los jueces de Paz es llevado a cabo sobre la base del mecanismo constitucional regulado por la ley 8.734, vigente desde 2014.

A partir de una denuncia de la CSJT, sustentada en un informe de la Dirección del Registro Inmobiliario de la Provincia y ampliada mediante actuaciones de Superintendencia, se conformó un expediente en octubre de 2017 en la Legislatura. La comisión de Juicio Político, a cargo del peronista Zacarías Khoder, hizo propias las acusaciones por presunto incumplimiento en los deberes a cargo de Núñez y Lazarte. Ahora, el Jury, que está integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de los abogados colegiados, abrió el período de 30 días para la presentación de las pruebas por parte de los jueces de Paz. Luego será el turno del descargo y de los alegatos. Si el Jurado impulsa la acusación contra Núñez y Lazarte, serán los legisladores en el recinto quienes definan la suerte de los jueces de Paz.

El legislador peronista Ramón Santiago Cano, a cargo de la presidencia del Jury de Enjuiciamiento, destacó el carácter inédito de la instancia del juicio político llevado a cabo en contra los jueces de Paz Pedro Antonio Núñez, de Los Gómez, y José Solano Lazarte, de Alto de Anfama.

“Es un debut para el Jurado desde que se puso en vigencia la reforma de la Constitución provincial (de 2006). Estamos trabajando para estar a la altura de las circunstancias”, señaló Cano.

El último antecedente, recordaban algunos memoriosos ayer en la Legislatura, es el de la camarista Alicia Freidenberg. En enero de 2006, siguiendo la normativa de entonces, un tribunal legislativo destituyó a la jueza penal, que tres años después fue restituida en su cargo por decisión de la Corte Suprema.

Pocos meses después de esa destitución provisoria, la Convención Constituyente modificó la Carta Magna provincial, en la que se establecieron nuevos institutos para la designación y la remoción de magistrados del Poder Judicial.

Desde entonces ingresaron a la Legislatura decenas de pedidos de juicio político, aunque pocos prosperaron. Hasta ahora, el trámite que más había avanzado era el impulsado por Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón, tras el juicio oral por el caso de su hija, en 2012. La titular de la Fundación “María de los Ángeles” acusó a los vocales Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina (ya jubilados) y Eduardo Romero Lascano. Antes de que el Jurado de Enjuiciamiento llegara a celebrar la primera audiencia, Romero Lascano objetó la constitucionalidad del trámite y obtuvo una cautelar a su favor. El caso, hoy, está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2014, al advertir las fallas en la normativa que regula el funcionamiento del Jury, la Legislatura sancionó la ley 8.734, que rige en la actualidad.