05 Feb 2018

Abril ya está a la vuelta de la esquina, pero, cuando faltaban ocho meses para abril, a las cabezas del Estado les pareció que era tiempo suficiente para empezar a poner en práctica el nuevo esquema de persecución del delito presentado -por el propio oficialismo- como una solución para la impunidad recalcitrante que impera en la provincia. Antes de trazar la meta de abril, la Legislatura había puesto otra: septiembre de 2017, o sea, cinco años después de que la Corte pusiera sobre la mesa el fracaso del sistema procesal penal vigente.

En 2012, el alto tribunal que comandaba Antonio Estofán quiso hacer un ensayo acotado del modelo de oralidad total y transparencia mediante una serie de acordadas. El poder político se opuso y planteó “por ley o nada”. No hubo plan piloto y, aunque en 2016 fue sancionada la norma con un nivel altísimo de consenso, la transformación punitiva sigue siendo un proyecto impracticable. Rendido ante los hechos -y omisiones-, el presidente de la Corte, Daniel Posse, acaba de avisar que las nuevas reglas envejecidas tampoco debutarán en este abril.

“Es un truco que ya conocemos”, dijo el procesalista eminente Alberto Binder en una entrevista publicada en mayo, anticipando la sucesión de prórrogas que ya es una realidad irrefutable. Este estudioso del artefacto penal añadió que el tiempo que pasaba no pasaba neutralmente sino que dejaba víctimas desconsoladas, imputados mal sentenciados y, por supuesto, crímenes sin castigo. En definitiva: sufrimiento. Binder analizó que, mientras tanto, seguía activa la Justicia al servicio del poder, que garantiza la tranquilidad de los privilegiados a costa de que nada funcione. “Esa maquinaria boba sólo atrapa pibes chorros. Es el modelo que tiene Tucumán y que carece de futuro”, describió.

¿Por qué sigue en pie? Porque, según su criterio, el reclamo social todavía no es suficientemente potente como para iluminar las oscuridades siniestras del fuero penal. Binder, que también sorprendió con la noción de “Corte versallesca”, desde luego descartó que quienes montaron el reino de las tinieblas vayan a romper su creación por un ataque de virtuosismo.

La persecución del delito no escapa al axioma “cuando se quiere, se puede”. Con las palancas gastadas y falseadas del proceso en vigor, y en plena pachorra de enero, el fiscal Diego López Ávila concretó detenciones y consiguió información valiosa respecto de una de las patas -la venta ilegal de casas- de la trama corrupta enquistada en el Instituto de la Vivienda. Habrá que ver si lo dejan avanzar. Otros fiscales duermen estas causas sensibles o las engordan sin rumbo durante años, pero también están los que las cierran al día siguiente de recibir la denuncia, obviando averiguaciones mínimas que aparenten la intención de practicar una pesquisa. Allí radica, precisamente, el peligro del nuevo código procesal penal, que elimina el expediente de papel y obliga a los investigadores a rendir cuentas… a la vista del pueblo.

¿Cómo harían los que hoy se aferran a las actuaciones físicas, que por algo las llaman “cuerpos”, como maderos en alta mar? Un príncipe del foro asegura que no sobrevivirían a la exposición, y que ello explica por qué un número representativo de jueces y fiscales afectado por la sombra del cambio procesal penal tacha, cual reo en una celda, los días que faltan para poder acceder a la jubilación de privilegio. También explica por qué la pretensión de la Nación de observar 33 procesos es considerada, por algunos, una amenaza. El déficit de rendición de cuentas hace a la impunidad.

Todavía goza de buena salud en la provincia la concepción de que el juez o el fiscal es “el dueño del caso”: un sector del Poder Judicial considera, como corolario de ese paradigma feudal, que puede hacer lo que se le antoje con él. Cajonearlo, adulterarlo, mutilarlo o, si fuera necesario, suprimirlo sin más trámite. Para prescindir de la imaginación basta con recordar que el ex fiscal Carlos Albaca impidió durante casi siete años el acceso al caso “Lebbos” y que, por ello, será juzgado en este 2018 crucial. ¡Siete años de secretos e inacción! Y al despedirse de su cargo -para jubilarse con el beneficio del 82% móvil, “of course”- todavía se dio el lujito de enrostrar que el tiempo que pasa es la verdad que huye parafraseando al criminalista Edmond Locard.

Cuando se quiere, se puede. El ministro público Edmundo Jiménez lo demostró también, aunque en un sentido distinto al fiscal López Ávila. El funcionario de la gioconda sonrisa se opuso a la modificación del sistema procesal penal hasta que encontró en él la salida a su dependencia -constitucional- de la Corte que presidía Antonio Gandur. Así, con el argumento de que urgía dar respuesta al delito mediante la implementación del nuevo código, el oficialismo otorgó hace un año a Jiménez el poder omnímodo sobre el personal y la caja.

Con esas herramientas, el ex ministro de Gobierno y Justicia histórico del ex gobernador-contador designó y ascendió colaboradores a bulto y discreción obviando, con ciertas excepciones, el concurso previsto en el artículo 91 de la Ley Orgánica de Tribunales. Se trata de un subidón de nepotismo -siempre justificado “en la premura”- de características inescrutables puesto que el Ministerio Público no publica por defecto, ¡oh, contradicción!, sus resoluciones administrativas ni dictámenes, al igual que, ¡oh, casualidad!, la Legislatura. Por supuesto que Jiménez, así como prometió al asumir que no habría “amiguismos”, también prometió toda la publicidad del mundo.

Pero lo que importa es que el Estado avanza no en la medida de la conveniencia de la sociedad, sino en la medida de la conveniencia de sus autoridades. La persecución eficiente del delito siempre puede esperar un tiempo más. El truco está a la vista: por algo en Argentina el truco es el juego de la mentira.

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