El pedido de suba de la tarifa del transporte público

Se ha convertido en una suerte de tradición, pero ingrata para los ciudadanos. Antes de que concluya el año, comienza a aumentar el costo de casi todos los servicios e impuestos. Esta práctica no sería tan penosa si los salarios se actualizaran automáticamente para hacer frente a la realidad. Varias subas ya se han concretado y otros pedidos se hallan en capilla, como sucede con la tarifa del transporte público de pasajeros.

A fines de noviembre pasado, los empresarios que explotan las 14 líneas de transporte de la capital, nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), le solicitaron a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que el precio del boleto del ómnibus que actualmente es de $ 9.35 pasara a costar $ 15.98, es decir un 70% más. De otorgarse esa cifra, el boleto se convertiría en el más caro del país dentro de una ciudad, superando los $ 15,90 de Río Gallegos. Los taxistas, en tanto, pidieron llevar la bajada de bandera de $ 13 a $ 20 (cada “ficha” a $ 2). El Concejo Deliberante que debe considerar ambos pedidos, aún no se ha expedido. Se especula que la tarifa subiría a $ 12 o $ 13 en caso de los colectivos.

Todos los años cuando ocurren estos pedidos de incremento, inmediatamente surgen las quejas de los usuarios por considerar que el servicio que se brinda no es eficiente. En la sección Cartas de Lectores de nuestra edición de ayer, una vecina contó su padecimiento el lunes de Navidad. “Como ese día generalmente no hay controles, hicieron lo que quisieron; nunca pensaron en los pasajeros. Ese día no circulaban las unidades ni con la frecuencia de los domingos... lo comprobé en carne propia. Algunas unidades comenzaron el recorrido después de las 15 (se anunció para las 14), y a la noche esperé desde las 20.30 hasta la 1.30, y nunca pasó el colectivo de la línea 130. Tampoco las unidades de la línea 6 ni de la 100. Ninguna empresa. Sólo la Tessa, en la zona de la plaza San Martín, pasaba cada 20 minutos”, escribió.

Las deudas de los empresarios del transporte público de pasajeros con los usuarios datan de hace varios años, tales como la falta de cumplimiento de la ley provincial 7.811, promulgada en 2006, que obligaba a las empresas a brindar transporte público libre y gratuito a todos los minusválidos. La norma establecía que las firmas debían incorporar en forma progresiva unidades con adaptación para ingreso y egreso en forma autónoma, segura y con espacio suficiente que permitiera la ubicación en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidas, especialmente usuarios de sillas de ruedas, hasta llegar, por lo menos, a la renovación de un 50% del total de la flota. Tampoco han incorporado aire acondicionado en las unidades -salvo muy contadas excepciones- para mitigar los insoportables calores del verano. La higiene deja mucho que desear en muchas de ellas y el incumplimiento de la frecuencia horaria provoca el enojo de los pasajeros. Pero también es lamentable que la autoridad no controle debidamente este servicio y siga permitiendo estas irregularidades.

A la hora de incrementar la tarifa, sería interesante que se tuvieran en cuenta las deficiencias y las promesas incumplidas.

El servicio público debe estar siempre en función de la comodidad usuario que es el que lo mantiene y no al revés. Sería positivo que quienes viven del bolsillo del ciudadano se apiadaran alguna vez de él.