La Corte recibe a los veedores de la Nación

La audiencia está prevista para el miércoles.

24 Dic 2017

Los abogados designados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para observar 33 expedientes de la Justicia provincial tendrán finalmente la audiencia que habían pedido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el 17 de noviembre. Daniel Posse, presidente de ese cuerpo, citó a los letrados Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia para el 27 de diciembre. En principio, a la reunión en el salón de acuerdos del Palacio de Justicia irían otros vocales de la Corte Suprema, aunque hasta el viernes sólo estaba confirmada la presencia de Posse. Hace algunas semanas, el presidente del alto tribunal tucumano dijo a la Nación que los abogados debían dirigirse a los jueces y fiscales que controlan las causas de su interés, y que, para el supuesto de rechazo, quedaban abiertas las vías de superintendencia.

Según pudo averiguar este diario, la celebración de la audiencia es considerada un puntapié para el trabajo que desarrollarán los llamados veedores. Estos declinaron hacer comentarios a la prensa, lo mismo que quien los presentó ante el alto tribunal, Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, y otras autoridades del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. Fuentes de ese ámbito confiaron que, luego de conversar con los vocales, Colombres Garmendia y Robles comenzarán a pedir acceso a los expedientes detallados por Collia. La presentación de las primeras notas empezaría esta misma semana para evitar más dilaciones y morigerar los efectos de la feria de verano. Aparentemente la idea es iniciar las observaciones por los despachos judiciales menos renuentes a mostrar su trabajo, para tratar de ablandar a quienes se resisten a la veeduría.

Los 33 expedientes enumerados por Collia incluyen 19 causas penales: los restantes están ligados a conflictos particulares de familia. En el primer grupo hay casos que involucran a funcionarios de los tres poderes del Estado, incluida la Justicia. El Gobierno de Juan Manzur rechazó a los veedores de la Nación con el argumento de que estos avasallan la independencia judicial en los Tribunales provinciales.

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