Una pesada carga fiscal para 2018

21 Dic 2017

Luis Alberto Comba - Tributarista

Recientemente la Legislatura aprobó el “consenso fiscal” entre la Nación y las provincias. De él surgen una serie de obligaciones que deben cumplirse y que responden al evidente espíritu de “aliviar la carga fiscal general” de las empresas, tendiendo a limitar el poder de los fiscos provinciales, cuya actuación transformaba el esquema fiscal en algo irrazonable y con una presión fiscal asfixiante.

Algunas de esas obligaciones exigen que Tucumán modernice su Estado, para que esté más al servicio del ciudadano, con eficiencia y calidad. Otras requieren que se reordene el caótico esquema actual. Por ejemplo, la obligación de eliminar tratamientos fiscales diferenciales basados en el lugar de ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien; adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación, evitando la generación de saldos a favor inadecuados o permanentes; establecer mecanismos de devolución automática al contribuyente del saldo a favor generado por retenciones y percepciones; ir reduciendo progresivamente la alícuota de Sellos; derogar tributos sobre la nómina salarial (Salud Pública). También se establece un régimen de alícuotas máximas, que no debe ser superado y que, para algunas actividades, debe ir tendiendo a la baja progresiva en el tiempo.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo elevó a la Legislatura un proyecto de ley, que se aprobó en unas horas y, evidentemente, no tuvo la posibilidad de ser mínimamente analizado por los sectores sociales (y tampoco creemos lo hayan hecho los mismos legisladores).

En un veloz trámite parlamentario, la Provincia aprobó el “consenso fiscal” y comenzó a realizar acciones dirigidas a cumplirlo. Para ello eliminó la gravabilidad de ciertos actos, que ya habían sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de la Nación. Pero además aprovechó la circunstancia para producir una elevación generalizada de alícuotas para todas las actividades no beneficiadas por el acuerdo fiscal. Así la alícuota general del gravamen que era del 3,5% pasó a ser del 5% para casi todos los contribuyentes. Esto representa un aumento de casi el 43%. El argumento fue ajustar la alícuotas a los máximos permitidos en el consenso fiscal, pero no se tuvo en cuenta que el acuerdo espera un ordenamiento del sistema, con tendencia a la reducción de la carga fiscal global, y no que inmediatamente se incrementen las alícuotas para generar más recaudación y se dilaten otras medidas que reducen la carga fiscal.

El resultado neto para la Provincia seguramente es un incremento neto de la carga y de esta forma seguimos con el triste privilegio de ser una Provincia con extrema presión fiscal. Esperamos que, con urgencia, Tucumán acompañe con medidas concretas las otras obligaciones que se asumen y se tomen medidas para que los municipios perciban tasas por servicios prestados y la Dirección de Rentas reordene sus esquemas de retención, recaudación y percepción a los compromisos firmados.

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