Las deudas en la administración de justicia

La aparición en el horizonte de los Tribunales provinciales de un par de veedores enviados por la Nación obliga a reflexionar sobre las deudas que arrastra este poder del Estado. El problema principal es la prolongación excesiva de los conflictos en sede judicial con los trastornos que ello acarrea. Sería injusto decir que todo el Poder Judicial es moroso. Hay fueros que están al día, como Documentos y Locaciones de la capital, e incluso oficinas que mantienen un ritmo correcto aún cuando pertenecen a áreas o sectores que en general exhiben atrasos.

En los últimos 15 años los Tribunales han aumentado sus planteles de personal como nunca antes, lo mismo que los salarios de todas las categorías, pero ello no ha redundado en un servicio más eficiente. También se han intentado otras reformas, como la incorporación del turno vespertino, con impacto escaso o nulo. Falta una medición profesional del problema, así como falta un estudio detallado de la estadística. Los datos de productividad aparentemente existen, pero no están disponibles a la comunidad, que, así, carece de argumentos objetivos para juzgar el desempeño de la magistratura.

La deuda del funcionamiento lento lleva a la deuda de las acefalías o de la cobertura de vacantes. Se cree que en el Poder Judicial de Tucumán hay alrededor de 250 cargos de juez, camarista, fiscal de primera y segunda instancia, y defensor oficial: una cifra que no incluye muchos de los puestos creados reciente y no tan recientemente, como los jueces contravencionales. Desde hace décadas se sabe que faltan jueces y que crear nuevos despachos supone sólo una solución a mediano plazo debido a la demora cada vez más preocupante del trámite de cobertura de vacantes. Si bien el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) tuvo su parte en esa ralentización, lo cierto es que ha dado pasos significativos para acelerar la confección de ternas y que ese esfuerzo no ha sido acompañado por el poder político. Podría decirse que el mayor causante de la demora es el Poder Ejecutivo, cuya inacción ha llevado incluso al Colegio de Abogados de la Capital a iniciar un juicio con el fin de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán establezca un plazo razonable para definir las ternas. No se entiende cómo el Gobierno puede compatibilizar la preocupación que dice tener por el funcionamiento correcto de la Justicia con la demora para designar jueces a partir de los tercetos que confecciona el CAM. Esta situación se ve aún más clara respecto de la Justicia de Paz, institución que acumula acefalías desde 2013, cuando el Poder Ejecutivo cubrió vacantes por última vez.

La deuda de la impunidad también cuestiona al Poder Judicial, en especial al fuero encargado de perseguir y sancionar el delito. El incremento de este mal golpea directamente sobre la imagen y la credibilidad de la Justicia, y exige, desde hace años, una respuesta que tarda en llegar. En 2016, la dirigencia presentó al nuevo Código Procesal Penal como una manera de empezar a paliar el déficit señalado, pero la implementación de esta herramienta ha sido postergada para abril de 2018 y todo indica que habrá más dilaciones.

La Justicia no puede pagar sola todas las deudas que tiene para consigo misma y la sociedad, pero sin su firmeza y determinación de salir adelante, definitivamente todas las deudas se agrandan y agravan perjudicando los anhelos de seguridad jurídica, paz e igualdad ante la ley.