Se tensa Cataluña con el anuncio de intervención

El Gobierno español pretende hacer “cesar” al ejecutivo de Barcelona, tomar el control del parlamento regional y llamar a elecciones. Puigdemont, el presidente de la Generalitat, calificó la decisión como un ataque a las instituciones y piensa resistir.

22 Oct 2017
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FOTO DE REUTERS

MADRID.- Las tensiones entre los gobiernos de España y Cataluña se recrudecieron ayer después de que el presidente de la Generalitat calificó como una “humillación ilegal” la pretensión de Madrid de cesar al ejecutivo regional y tomar el control de su parlamento.

Ante la amenaza de que el Parlamento catalán acabe votando una declaración unilateral de independencia, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, optó por aplicar el artículo 155 de la Constitución previsto para el supuesto de que una comunidad no cumpla sus obligaciones o las leyes y dijo que convocará elecciones en Cataluña antes de seis meses. Aseguró que se vio “obligado” a aplicar las medidas “en contra de nuestro deseo e intención” para restaurar el orden constitucional, asegurar la neutralidad institucional, garantizar los servicios y la actividad económica y preservar los derechos de los ciudadanos.

La intervención, que cuenta con el respaldo del partido opositor socialista PSOE y de Ciudadanos -junto con el gobernante Partido Popular suman 254 de los 350 diputados de la Cámara Baja nacional-, deberá ser refrendada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Por boca de su presidente, Carles Puigdemont, el gobierno catalán dijo que no toleraría un “ataque” que calificó de ilegal y convocó de urgencia al Parlamento regional para responder al anuncio de Rajoy.

“El gobierno español se ha autoproclamado de manera ilegitima representante de la voluntad de los catalanes”, dijo Puigdemont tras calificar las medidas como “el peor ataque a las instituciones y el pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco”.

Rajoy aseguró que las medidas serían “transitorias y de aplicación gradual”. “No suponen una intervención de la autonomía”, dijo, y explicó que los ministerios nacionales asumirán las competencias del gobierno cesado, incluyendo policía regional, telecomunicaciones o medios públicos.

El Senado acordó ayer agilizar los trámites de aplicación de las medidas, que podrían aprobarse el viernes, fecha hasta la cual se mantendrá el actual estatus de la comunidad catalana, que ya tiene intervenidos los pagos. Aunque Rajoy tiene un plazo de seis meses para convocar las elecciones, afirmó que espera limitar el período - Ciudadanos y el PSOE hablan de finales de enero - y establecer la cita cuando se recupere “la normalidad institucional”.

Pero la convocatoria del pleno que pretende Puigdemont mientras conserva su cargo podría modificar el panorama. Hasta la aprobación en el Senado, el presidente catalán todavía tiene la potestad de disolver las cortes y convocar elecciones, lo que desactivaría las medidas. Además, podría forzar una votación para la declaración formal de independencia y pretender que los comicios sean de carácter “constituyente”, lo que complicaría aún más la disputa. (Reuters)

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