La voracidad fiscal de un Estado que sólo quiere recaudar

15 Oct 2017

De José Antonio Nadef.-

Tucumán disputa con Misiones el liderazgo sobre cuál es la provincia con mayor presión impositiva del país.

Así lo señala el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Además, es la provincia con mayor distancia entre el crecimiento económico y la carga impositiva. O sea que la recaudación tributaria crece a un ritmo mucho mayor que la economía por lo que la presión es aún más fuerte. A ello se suma un sistema de retenciones y percepciones de Ingresos Brutos cuasi confiscatorios, que explica el 80% de la recaudación y que no se pueden compensar con otros impuestos como sí se hace -por ejemplo- con los impuestos nacionales.

Quien quiera compensar deberá abrir un agotador expediente de casi imposible resultado positivo, y soportar inspecciones disuasivas. Además, cualquier mora en el pago hace que al contribuyente se le apliquen alícuotas castigo de dos y hasta tres veces el valor que le corresponde. Se calcula que los dineros recaudados en exceso por Ingresos Brutos y no compensados, suponen la recaudación de entre uno y dos meses (no lo sabemos porque no hay Ley de Acceso a la Información Pública).

Tampoco existe un sistema de premios, ni alivio con ningún impuesto. La Provincia podría tomar la experiencia de la Nación que ha eximido del pago de Bienes Personales durante 3 años a los contribuyentes cumplidores; rebajas o eliminación de las retenciones al campo y a las economías regionales e importantes beneficios impositivos a las PyME.

Beneficios impositivos

Tampoco el Gobierno Provincial adhirió a la Ley Nacional 27264 de beneficios impositivos a las PyME. Insólitamente, el Ejecutivo provincial vetó el proyecto de adhesión que sancionó la Legislatura y que exigía, como contrapartida un compromiso de “estabilidad fiscal”. O sea, que las provincias no aumentaran sus impuestos hasta diciembre del 2018. El fundamento del veto, se basó en el temor que disminuyera la recaudación, probabilidad inexistente, pues la ley nacional no pide a las provincias reducir sus impuestos. El argumento real es el temor a no poder incrementar la presión impositiva. Sin embargo, la Nación, para evitar que las pequeñas empresas se vean afectadas, dio curso a los beneficios previstos en la Ley, aunque la provincia no adhiriera.

Tampoco la provincia dispone de una Ley de Promoción Industrial que prevea importantes rebajas impositivas y que sea ampliamente difundida para atraer inversiones y crear empleo genuino. Con una ley de Promoción, además, los beneficios serían de aplicación automática, y no quedarían librados a la discrecionalidad del Ejecutivo. Dicha norma, podría contemplar escalas según el volumen de la inversión, el rubro, los empleos que generaría y las reinversiones esperadas.

Pero el Gobierno Provincial desde hace años viene negándose a la sanción de esa Ley para que, las eventuales ventajas, se arreglen discrecionalmente. Es norma universal, que cuanto más automático funciona un sistema, es más transparente y previsible, pues los beneficios, o sea, lo que la provincia renuncia a recaudar, no dependerán del arbitrio del funcionario sino de lo pautado en la Ley. Como no existe una ley de Promoción Industrial, la Legislatura le viene cediendo al Ejecutivo la potestad de reducir o eliminar impuestos, como ya lo hizo en otros casos, enfermando aún más la debilidad institucional de la provincia.

Debate duro

Este hecho generó un duro debate en cuanto a la muy importante instalación de una empresa francesa para la que, los beneficios aplicables hubieran surgido de la ley. Además, existiría una empresa intermediaria.

Si la provincia no se negara empecinadamente a adherir a la Ley Nacional N° 27275 de Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa, conoceríamos en detalle todas las características de las contrataciones de obras que se pagarán con los dineros de los contribuyentes como lo prevé el art. 32 de dicha Ley Nacional: “los sujetos obligados, deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página informática oficial, de manera clara, estructurada y entendible, procurando remover toda barrera que obstaculice su reutilización por terceros. Asimismo, deberán publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos”.

Además, la última reunión de la Convención Internacional de lucha contra la corrupción celebrada en Londres y al que la Argentina adhirió, planteó: “vamos a tomar medidas para garantizar la transparencia de la propiedad y el control de todas las empresas que participan en la compra y contratación pública”.

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