30 Agosto 2017
Vehículo a contramano
El domingo 27/8 pasado al mediodía una camioneta manejó a alta velocidad a contramano por la ruta 9 desde El Cadillal hasta la ciudad Capital. Mi esposa con mi hija iban hacia Los Nogales y de milagro no las chocó, lo que hubiera sido fatal, dada la velocidad en que venía la camioneta. Consultando si podía hacer una demanda por intento de homicidio, me dijeron que sólo había cometido una contravención de tránsito y que el castigo era una multa y el retiro del carnet de manejo por 30 días. Si esto es así, ¿no hay responsabilidad del concesionario de la autopista? Me pregunto cómo concluyó la cuádruple tragedia en la misma ruta hace siete años . Si sabemos todos los lugares que los fines de semana están sobre esa ruta mínimo deberían poner control de alcoholemia. Esto es otro de los tantos actos de abandono de las autoridades hacia la población.
Luis Atilio Rodríguez
Patrimonio de funcionarios
Me dirijo usted en mi carácter de secretario de Políticas y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Tucumán, con motivo de la nota publicada en la edición de fecha 24 de agosto de 2017 en la sección política de vuestro prestigioso matutino, bajo el título “En la UNT, la mayoría elevó sus DDJJ”. En dicha nota -publicada sin firma- se ha dado a conocer el supuesto contenido de declaraciones juradas patrimoniales de diversos funcionarios del Rectorado y facultades de la UNT, incluyendo la misma groseros errores que alteran de manera significativa el contenido de los bienes y las sumas dinerarias declaradas. Desde la administración universitaria compartimos y fomentamos los principios de transparencia contenidos en las leyes 27.275 de acceso a la información pública y 21.188 de ética en el ejercicio de la función pública, pero la posibilidad de dar amplia publicidad a los estados patrimoniales de los funcionarios impone especiales exigencias de responsabilidad y seriedad a quienes, desde los medios periodísticos, los dan a conocer. En tal sentido, el contenido de la nota de fecha 24/08/17, en el que se publican cifras inexistentes, se confunden rubros declarados y se consignan en dólares o euros cifras de ahorros en moneda nacional -con lo que ello implica en términos de multiplicación de dichos montos- es absolutamente inaceptable. No sólo resulta agraviante para los funcionarios involucrados, cuyos nombres, apellidos y fotografías se publican junto a los datos inexactos, afectando su buen nombre y reputación frente a familiares, amigos, colegas y a la comunidad en general, sino que podría, de hecho, derivar en denuncias penales o responsabilidades administrativas sobre bases absolutamente falsas. Además, el agravio a los funcionarios se profundizó de manera injustificada en una columna de opinión del 26/08/2017, donde un columnista cuestiona de manera irónica las declaraciones juradas encuadradas en la normativa vigente, generando un efecto de sentido contradictorio con el reconocimiento de los errores expresamente admitidos en la edición del día anterior -25/08/17). Los errores reconocidos y la intencionalidad manifiesta de cuestionar una normativa vigente, han ocasionado un efectivo perjuicio a las autoridades universitarias que no puede subsanarse con la simple rectificación posterior y exige la toma de severas medidas con quienes hayan intervenido en la redacción de notas elaboradas con esos niveles de irresponsabilidad y desaprensión, inconcebibles e inexcusables en un medio tan prestigioso.
José Hugo Saab
Secretario de Políticas y Comunicación Institucional
Universidad Nacional de Tucumán
N. de la R.: Con la publicación de la nota “Se aclaran cifras de DDJJ en la Universidad”, del 25/8, LA GACETA reconoció expresamente el error cometido y aclaró la información, tanto brindando datos precisos sobre el tema como otorgándole la entidad suficiente como para hacer la aclaración sin afectar más la imagen de las personas mencionadas. Se trata de tres funcionarios que hicieron el reclamo en LA GACETA y de otra autoridad cuyos datos también habían sido mal consignados. Respecto de la nota de opinión del 26/8, la ironía refleja un problema de un sistema que, pese a lo que se declama, no ha podido transparentar coherentemente la administración de las finanzas públicas en lo que hace a patrimonio. Finalmente, rechazamos la intención del funcionario universitario de intervenir en la política interna de nuestro diario al exigir sanciones por la publicación.
Pobreza y política
Muchas expresiones se han vertido con respecto al voto de los inundados. En última instancia, todas las opiniones convergen en una realidad que no ha tenido solución desde hace varias décadas en el país con los sucesivos gobiernos, y todos del mismo signo como en el caso de nuestra provincia. Esa realidad es la pobreza, que hoy como hace más de 20 años aqueja y oprime a un tercio de los argentinos. La pobreza no es solamente la falta de ingresos. Implica el déficit de un montón de cosas más: conocimientos, formación, competencias, confianza, reglas de conducta, autoestima, sentido de la vida. Y quien sufre todo eso, reacciona espontáneamente a quien le resuelve el problema de cortísimo plazo: comer hoy. Y ese es el éxito del asistencialismo. Ir hoy, dar la respuesta inmediata y fácil, prometer futuro, conseguir el voto e irse. Dar respuesta a la pobreza no se reduce por lo tanto a aportar ingresos a aquellos que lo necesitan porque no lo tienen. Supone una mirada más amplia y de más compleja solución. La apuesta no es sólo mejorar los ingresos de los pobres, sino brindarles los medios para que puedan desarrollar sus capacidades, darles un lugar en la sociedad, que puedan ser actores de la economía. A la mayoría de los políticos tal vez esto no les interese, porque va en contra de sus objetivos, que son maximizar sus ingresos para aumentar su patrimonio, como lo mostró LA GACETA con un título elocuente: “Aumentó el patrimonio del 94 % de los políticos tucumanos con cargos en la Nación”. Pero es justo separar las excepciones; hay varios políticos que pueden justificar perfectamente su patrimonio. Que difícil de imaginar sería trasladar este título de LA GACETA a los habitantes de cualquier pueblo del interior de la provincia. Entonces la responsabilidad la debe tomar la sociedad en su conjunto. Y en esto los empresarios juegan un papel importantísimo. Con su capacidad de crear, de innovar, de inventar nuevas respuestas y procedimientos a los complejos retos de hoy, tienen que aportar nuevos caminos para hacer una economía más responsable. Aunque sea también por la propia supervivencia, ya que no se puede ser exitoso indefinidamente en una sociedad con un tercio de pobres. Crear nuevas fuentes de trabajo y generar en el trabajador dimensiones humanas que no se motivan con el salario: entusiasmo, pasión por lo que hace, compromiso, en última instancia, alegría de vivir. Porque los seres humanos necesitamos el reconocimiento como expresión de gratitud. Con un Estado que cumpla cabal y eficientemente su rol, una Justicia que actúe, y con celeridad, y una sociedad más responsable, tenemos muchas posibilidades de ser un gran país para todos.
José Manuel García González
RCP
Se pudo leer en LA GACETA una nota en la que se manifiesta el poco porcentaje de gente capacitada para actuar en circunstancias donde la vida de un individuo está en peligro. Salvo el personal profesional de salud, son pocos los interesados en incorporar maniobras que no requieren una formación plena como, por ejemplo, en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. Estas prácticas garantizan estabilidad a una víctima hasta que acude el personal especializado. Puedo reafirmar su efectividad en carne propia, cuando tuve que asisir a mi hija de cuatro años ante una picadura de abeja en su nariz, que es una zona muy peligrosa. Si bien la reanimación cardíaca es muy importante, el buen manejo de un desfibrilador también lo es. Cabe aclarar que mal empleado puede ser fatal y que un solo aparato se puede usar en dos cuerpos. Para ello la capacitación es fundamental, como así también las actualizaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo; la respiración boca a boca ya no se emplea y los masajes cardíacos son continuos, debiendo buscar un suplente para que pueda seguir con la víctima. Tengo entendido que la Legislatura aprobó una adhesión a la ley nacional de RCP; pero no se ha puesto en función en entidades públicas ni privadas. Al estar actualmente colapsado el servicio de Emergencias, debería ser una obligación que un porcentaje de los empleados públicos sean garantes de la vida, tanto en su trabajo como en otros ámbitos (instituciones bancarias, supermercados, colegios y muchos otros lugares de masiva concurrencia). En esos espacios sólo puede observarse el protocolo de incendio; pero en la mayoría de los casos no hay quienes estén preparados para salvar una vida.
Williams Fanlo
Pasaje Pedro Valdivia 2.951
San Miguel de Tucumán
Cierre de ingenios
Somos pocos los que, por haberlo vivido, podemos opinar desde el conocimiento directo sobre este fenómeno sociocultural y productivo de hace 52 años. No es bueno por verdad histórica consentir la instalación de números y conceptos que no se corresponden con la realidad. La migración tucumana de 200.000 personas a las que algunos aluden, no resultó del cierre de los 11 ingenios. Para aquel entonces era ya una realidad el éxodo constante que se venia dando desde mediados de la década del 40. Miles de provincianos, llamados por vaya a saber qué cantos de sirena, empezaron a superpoblar el conurbano bonaerense. Sólo una parte del número aludido puede atribuirse al cierre de los Ingenios pero de ninguna manera la totalidad de semejante cifra. La mayoría de las provincias del norte respondieron al llamado de esa migración. Caso concreto, Catamarca, en la que no había cierre de fábricas y proporcionalmente tuvo un éxodo mucho mayor que el de Tucumán. Todo, producto de políticas demográficas altamente equivocadas y que hoy constituyen un grave problema para el país. Tampoco corresponde hablar de 50.000 puestos de trabajo perdidos. Las fábricas de aquel entonces tenían una media de 700/800 operarios, incluidos los transitorios, por lo que la pérdida laboral para los 11 Ingenios fue menor a 10.000. Habría que agregar la pérdida de mano de obra en campos, pero no fue consecuencia de los cierres sino de una inexorable transformación de la mecanización agrícola. Se dio en la totalidad de los más de 100 países productores de azúcar. Sustituyeron la centenaria cosecha a mano por máquinas integrales; una sola de ellas sustituía a 600 hombres/día. Tampoco los cierres del 66 fueron los únicos. A finales del siglo XIX Tucumán contaba con más de 80 ingenios y al cabo de pocos años, producto de su permanente transformación, se redujeron a una treintena. Lo precedente no justifica las desordenadas políticas que derivaron en los cierres sino que conlleva el propósito de manejar con prudencia conceptos y números de una fecunda actividad en permanente cambio.
Horacio Ibarreche
Lo más popular
