Tras ocho meses, se conforma la mesa de emergencia en violencia contra la mujer

A 245 días de que la Legislatura sancionó por unanimidad de la ley de emergencia en violencia contra la mujer, la mesa institucional destinada a “enriquecer el debate” y a “contribuir con la búsqueda de soluciones” para esta grave situación se alista para su cumbre constitutiva.

Mañana, representantes de los tres poderes del Estado provincial se reunirán en la sede legislativa de calle Muñecas 951 para conformar el comité especial y para dictar su reglamento interno. A partir de entonces, quedará en condiciones de convocar a miembros de organismos públicos y privados y a especialistas en el tema para iniciar el debate sobre qué se necesita para salir del estado de emergencia.

La ley 8.981, publicada en febrero por el Poder Ejecutivo, no establece plazos para que la mesa institucional sobre violencia contra la mujer se reúna o constituya. Sí indica que deberá emitir al menos dos informes anuales sobre la problemática, con datos sobre el “seguimiento de programas o políticas ya implementados, o que hubieran surgido del debate en su seno”.

Según las fuentes consultadas, la mesa institucional no fue convocada antes porque aún faltaban integrantes por designar. En mesa de entradas del Poder Legislativo consta que hace una semana ingresaba el decreto del Ejecutivo nombrando como representantes a la abogada Érica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, y a la psicóloga Patricia María Santucho, del Centro de Atención y Orientación en Violencia Familiar (depende del Ministerio de Seguridad, Gobierno y Justicia).

Por la Legislatura, según se resolvió el 24 de abril, participarán la presidenta de la comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, Graciela Medina (PJ-Tucumán Crece), y la peronista disidente Stella Maris Córdoba (bloque Proyecto Popular).

El 28 de abril, el Observatorio de la Mujer (bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social del PE) escogió a las licenciadas Eva Fontdevila y Verónica Ale.

El 12 de mayo, la Defensoría del Pueblo notificó que sus representantes serán las abogadas Griselda Alfaro y Lourdes Avellaneda. También ese día, a través de la acordada 532, se designó a las especialistas que aportarán los tribunales locales. Por el Poder Judicial de Tucumán actuarán Claudia Inés López y Angela Rossana Martínez, juezas en lo Civil en Familia y Sucesiones; mientras que por el Observatorio de la Mujer (depende directamente de la Corte Suprema de Tucumán) participarán María Laura Ciolli y Marcela Canelada.

Qué dice la norma

El 21 de diciembre pasado, la Legislatura sancionó la norma que declaró la emergencia en violencia contra la mujer en el territorio provincial. El estado de excepción -de una vigencia prevista de dos años- tiene por objetivo “revertir el número de víctimas”, “reforzar la política preventiva” y “optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social”.

El texto de la ley 8.981 establece “como política prioritaria para el Estado provincial” la concreción de ocho objetivos, entre los que figuran: el diseño y ejecución de acciones y programas específicos; la celebración de convenios con la Nación; la creación espacios físicos transitorios para la contención y atención de víctimas; reforzar el funcionamiento del sistema judicial con competencia en la problemática; fortalecer la tarea de las ONG y de asociaciones intermedias; implementar el Registro Único de Denuncias para la elaboración de estadísticas; y brindar capacitación en las comunas rurales.

La normativa le otorga un rol clave a la mesa institucional, que contará con 12 integrantes. Este equipo especial quedó facultado “para requerir informes, efectuar observaciones, propuestas o recomendaciones sobre las políticas públicas implementadas o a implementarse en la materia, así como señalar las falencias o vacíos de la legislación vigente”.

Más allá de las tareas que pueda llevar adelante la mesa institucional, son varias las voces que reclaman al Poder Ejecutivo (PE) la falta de presupuesto para la aplicación de la ley 8.981. Entre ellas, la secretaria del bloque oficialista Tucumán Crece, Nancy Bulacio, quien presentó un proyecto en mayo pasado para solicitar “el efectivo cumplimiento” del estado de emergencia.

Hoy, mientras tanto, la comisión de Protección de Derechos de Defensa de la Mujer se reunirá en la Legislatura. Se espera que las representantes del pueblo escojan algunas de las iniciativas que podrían poner bajo estudio de la mesa institucional.

Contacto 
Es obligatorio difundir teléfonos para las víctimas 
En abril de 2016, se promulgó la ley 8.854, que apunta a garantizar el acceso a toda información que permita prevenir la violencia contra la mujer. La norma establece “la obligatoriedad de difundir por parte de los organismos públicos y privados que prestan servicios a la sociedad, los números de teléfonos, denominación, correos electrónicos y toda otra forma de contacto de los centros y lugares que prestan asistencia a las víctimas de violencia contra las mujeres”. La ley abarca a los tres poderes del Estado provincial, empresas de transporte público de pasajeros, supermercados, gremios gremiales, cines, teatros y “cualquier otro lugar de concurrencia masiva de público.

Asesoría 
Se creó un cuerpo de letrados, pero no los designaron 
En diciembre pasado, la Legislatura aprobó la ley 8.982, que habilita la creación del Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer. La norma, que fue promulgada en febrero por el PE, prevé la conformación de ese equipo especial de letrados en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia. “Tendrá por principal función asegurar el acceso gratuito y expedito a la justicia a las víctimas de violencia contra la mujer”, indica el texto de la ley. Y contempla que este cuerpo de abogados contará con una comisión asesora interdisciplinaria, integrada por “profesionales de grado universitario” en áreas de salud, derecho y ciencias sociales, especializados en la temática.

Promoción 
Distinguirán las campañas de prevención 
Desde junio este año también rige en la provincia la ley 9.026, que establece en el ámbito del Poder Legislativo la creación de un programa de “distinción de proyectos y campañas que promuevan la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”. “El objetivo es otorgar un reconocimiento que resalte y distinga las tareas desarrolladas en esta problemática en instituciones educativas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales”, indica la norma. Y prevé que las distinciones serán otorgadas en dos momentos simbólicos de cada año: el 8 de marzo, por el Día de la Mujer, y entre noviembre y diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

Tribunales 
Juzgados, fiscalías y defensorías para atención exclusiva 
El 28 de diciembre pasado, pocos días después de su sanción, el PE publicó la ley 8.967, que prevé la creación de Juzgados, Fiscalías y Defensorías Oficiales especializados en Violencia contra la Mujer. Estos despachos deberían funcionario en los centros judiciales de la Capital, de Concepción y de Monteros. Sin embargo, hasta ahora esos cargos no se terminaron de concursar. “La Corte Suprema de Justicia, mediante acordada, establecerá la oportunidad de la puesta en funciones de estos Juzgados, atendiendo al número de causas y demás parámetros que den cuenta de la necesidad de su implementación”, reza la ley, que todavía no tuvo impacto directo en los tribunales.

Desde 2010 
Sin partida presupuestaria en una ley nacional
Desde 2010, la Provincia está adherida a la ley nacional 26.485, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”. Cuando se sancionó el Presupuesto General 2017, el año pasado, se agregó un párrafo específico para habilitar al Poder Ejecutivo a compensar partidas presupuestarias “para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto” en aquella normativa. Según el reclamo de organizaciones de defensa de derechos de mujeres, el Gobierno provincial no ha concretado aún la previsión de erogaciones para solventar las acciones contempladas en la ley nacional 26.485