11 Enero 2017
La Justicia Federal ya había recibido copias de los recibos de los gastos sociales firmados por supuestos beneficiarios, en los que llamativamente los recuadros en los que deberían constar los montos asignados fueron dejados en blanco.
Entre esos comprobantes figura uno -publicado ayer por LA GACETA- vinculado al legislador manzurista y secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Edgar Reneé Ramírez.
El enfermero Luis Sebastián Made, afiliado a ese sindicato hace una década, concurrió a la sede gremial a medidos de 2016 para gestionar una ayuda de $ 4.000. Con esos fondos, detalló el trabajador de la sanidad, iba a cubrir los costos de traslado a otra provincia de su madre enferma. Firmó un recibo, percibió el subsidio y concretó el viaje, relató. Este diario le exhibió el comprobante del beneficio en el que figuran su nombre, su DNI y otros datos, aunque no consta el monto percibido. El papel sin embargo tiene membrete oficial de la Legislatura, Made aseguró que había realizado todos los trámites en ATSA; según aclaró, nadie le dijo que estaba recibiendo gastos sociales legislativos.
“Es imposible”, refutó Ramírez, al ser consultado por este diario. Además, el oficialista instó a quien pudiera sentirse damnificado a realizar la denuncia que considere correspondiente.
Más allá de la desmentida del legislador, existen otros comprobantes que también estarían vinculados a Ramírez, y que tienen características similares a las del caso del enfermero Made.
Esos papeles fueron entregados por un informante anónimo el año pasado a la Justicia Federal, ámbito en el que se investiga la posible evasión al fisco nacional mediante el cobro de sobresueldos o de pagos en negro a través del sistema de gastos sociales (fue derogado desde agosto pasado, pero siguen las ayudas a personas jurídicas).
Esta pesquisa, iniciada por una denuncia del peronista disidente Oscar López, es llevada a cabo por el fiscal federal Carlos Brito. Desde noviembre pasado, tras una serie de impugnaciones formuladas del presidente subrogante de la Legislatura, el legislador oficialista Julio Silman, el juez federal Daniel Bejas remitió el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones. Este tribunal debe dirimir, entre otros puntos, si el Poder Legislativo se autoincriminaría en caso de enviar las copias de los comprobantes de los gastos sociales de junio, julio y agosto de 2015, cuando salieron más de $ 200 millones en valijas desde un banco céntrico hasta la sede parlamentaria.
Si bien los documentos en los que figuran Made y otros supuestos beneficiarios llegaron a los tribunales federales, los investigadores no alcanzaron a profundizar sobre esa pista, dado que el expediente no “regresó” de la Cámara Federal de Apelaciones.
En el fuero penal provincial se tramita otra causa por el uso de esos fondos -se indaga por presunta malversación de caudales públicos-. El expediente está a cargo del fiscal de Instrucción de la II Nominación, Claudio Bonari, quien se está desempeñando como fiscal de feria.
Entre esos comprobantes figura uno -publicado ayer por LA GACETA- vinculado al legislador manzurista y secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Edgar Reneé Ramírez.
El enfermero Luis Sebastián Made, afiliado a ese sindicato hace una década, concurrió a la sede gremial a medidos de 2016 para gestionar una ayuda de $ 4.000. Con esos fondos, detalló el trabajador de la sanidad, iba a cubrir los costos de traslado a otra provincia de su madre enferma. Firmó un recibo, percibió el subsidio y concretó el viaje, relató. Este diario le exhibió el comprobante del beneficio en el que figuran su nombre, su DNI y otros datos, aunque no consta el monto percibido. El papel sin embargo tiene membrete oficial de la Legislatura, Made aseguró que había realizado todos los trámites en ATSA; según aclaró, nadie le dijo que estaba recibiendo gastos sociales legislativos.
“Es imposible”, refutó Ramírez, al ser consultado por este diario. Además, el oficialista instó a quien pudiera sentirse damnificado a realizar la denuncia que considere correspondiente.
Más allá de la desmentida del legislador, existen otros comprobantes que también estarían vinculados a Ramírez, y que tienen características similares a las del caso del enfermero Made.
Esos papeles fueron entregados por un informante anónimo el año pasado a la Justicia Federal, ámbito en el que se investiga la posible evasión al fisco nacional mediante el cobro de sobresueldos o de pagos en negro a través del sistema de gastos sociales (fue derogado desde agosto pasado, pero siguen las ayudas a personas jurídicas).
Esta pesquisa, iniciada por una denuncia del peronista disidente Oscar López, es llevada a cabo por el fiscal federal Carlos Brito. Desde noviembre pasado, tras una serie de impugnaciones formuladas del presidente subrogante de la Legislatura, el legislador oficialista Julio Silman, el juez federal Daniel Bejas remitió el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones. Este tribunal debe dirimir, entre otros puntos, si el Poder Legislativo se autoincriminaría en caso de enviar las copias de los comprobantes de los gastos sociales de junio, julio y agosto de 2015, cuando salieron más de $ 200 millones en valijas desde un banco céntrico hasta la sede parlamentaria.
Si bien los documentos en los que figuran Made y otros supuestos beneficiarios llegaron a los tribunales federales, los investigadores no alcanzaron a profundizar sobre esa pista, dado que el expediente no “regresó” de la Cámara Federal de Apelaciones.
En el fuero penal provincial se tramita otra causa por el uso de esos fondos -se indaga por presunta malversación de caudales públicos-. El expediente está a cargo del fiscal de Instrucción de la II Nominación, Claudio Bonari, quien se está desempeñando como fiscal de feria.
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