Por LA GACETA
06 Enero 2017
La inquietud ronda desde hace más de un década. Cada tanto se presenta una iniciativa que busca frenar la delincuencia juvenil apelando a bajar la edad de punibilidad de los adolescentes. En estos días, el Gobierno nacional ha informado que pondrá en debate modificaciones al régimen penal juvenil por considerar que la actual normativa proviene de la dictadura y es paternalista. La intención es bajar la imputabilidad de los menores a 14 años. La legislación actual considera punibles a los chicos de entre 16 y 18 años, pero estos recién son imputables cuando alcanzan la mayoría de edad. La imputabilidad es la capacidad de comprender las consecuencias de los actos y en consecuencia, se presupone que la persona actúa con discernimiento, intención y libertad. Sólo puede recibir una sanción penal quien es imputable.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo que esa modificación se abordará en forma consensuada con Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y con todo el arco político, y se discutirá en el Congreso de la Nación después de las elecciones de octubre de 2017. El funcionario afirmó que Unicef no coincide con la necesidad de tomar esa medida, pero que su equipo está trabajando con el organismo internacional, así como con jueces y expertos, sobre la futura ley. “El salto mayor en el delito se da en la franja de los 15 años, más que en la de los 14. Esto también tiene que ver con el consumo de drogas”, sostuvo.
El anuncio de la iniciativa ha provocado una controversia que pone en duda su efectividad. Si se concretara la intención gubernamental, más de 700 adolescentes serían imputados por año en Tucumán, solo en el instituto Roca que alberga a varones menores en conflicto con la ley. Tampoco se reducirían los índices delictivos. Unicef opina que bajar la edad de imputabilidad de los menores, significaría un retroceso y sólo llevaría a llenar los institutos de chicos.
Una de las Madres del Pañuelo Negro dijo: “nosotros tenemos muchos hijos delincuentes. Y algunos de ellos no tienen 16 años, sino 14, 13 o 10. Delinquen para drogarse. Por eso, para nosotros, el principal objetivo del Gobierno debería ser atacar el tema de las adicciones”.
El artículo 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, exige al Estado brindar las medidas de protección especial que la familia o la sociedad no le prestaron al niño. Ese chico que delinque es consecuencia de un Estado que lo ha abandonado y que no piensa en incluirlo socialmente, sino en castigarlo. Si los progenitores son analfabetos, desocupados, viven en la marginalidad o delinquen, cómo podrán contener y reorientar a sus vástagos. ¿Qué hacer con ellos? A menudo se ha dicho que es necesario diseñar una política de Estado que involucre a los tres Poderes, a las áreas de salud, deportes, cultura, trabajo, a las universidades, a las instituciones civiles. Pero se sigue apelando a una fórmula repetida: incrementar la planta policial, reprimir y castigar.
El debate que propone el Gobierno debería orientarse hacia qué hará el Estado para incluir socialmente a estos chicos y a sus padres. ¿Habrás más centros de tratamiento para adictos? ¿Se alfabetizará a sus padres? A mayor educación, menos chicos en la calle, menos drogadicción, violencia, delito. Mientras se sigan atacando los síntomas y no las causas no habrá ley que pueda detener el delito juvenil.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo que esa modificación se abordará en forma consensuada con Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y con todo el arco político, y se discutirá en el Congreso de la Nación después de las elecciones de octubre de 2017. El funcionario afirmó que Unicef no coincide con la necesidad de tomar esa medida, pero que su equipo está trabajando con el organismo internacional, así como con jueces y expertos, sobre la futura ley. “El salto mayor en el delito se da en la franja de los 15 años, más que en la de los 14. Esto también tiene que ver con el consumo de drogas”, sostuvo.
El anuncio de la iniciativa ha provocado una controversia que pone en duda su efectividad. Si se concretara la intención gubernamental, más de 700 adolescentes serían imputados por año en Tucumán, solo en el instituto Roca que alberga a varones menores en conflicto con la ley. Tampoco se reducirían los índices delictivos. Unicef opina que bajar la edad de imputabilidad de los menores, significaría un retroceso y sólo llevaría a llenar los institutos de chicos.
Una de las Madres del Pañuelo Negro dijo: “nosotros tenemos muchos hijos delincuentes. Y algunos de ellos no tienen 16 años, sino 14, 13 o 10. Delinquen para drogarse. Por eso, para nosotros, el principal objetivo del Gobierno debería ser atacar el tema de las adicciones”.
El artículo 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, exige al Estado brindar las medidas de protección especial que la familia o la sociedad no le prestaron al niño. Ese chico que delinque es consecuencia de un Estado que lo ha abandonado y que no piensa en incluirlo socialmente, sino en castigarlo. Si los progenitores son analfabetos, desocupados, viven en la marginalidad o delinquen, cómo podrán contener y reorientar a sus vástagos. ¿Qué hacer con ellos? A menudo se ha dicho que es necesario diseñar una política de Estado que involucre a los tres Poderes, a las áreas de salud, deportes, cultura, trabajo, a las universidades, a las instituciones civiles. Pero se sigue apelando a una fórmula repetida: incrementar la planta policial, reprimir y castigar.
El debate que propone el Gobierno debería orientarse hacia qué hará el Estado para incluir socialmente a estos chicos y a sus padres. ¿Habrás más centros de tratamiento para adictos? ¿Se alfabetizará a sus padres? A mayor educación, menos chicos en la calle, menos drogadicción, violencia, delito. Mientras se sigan atacando los síntomas y no las causas no habrá ley que pueda detener el delito juvenil.
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