El diagnóstico sobre la seguridad arrojó datos preocupantes - LA GACETA Tucumán

El diagnóstico sobre la seguridad arrojó datos preocupantes

Una comisión revisó las estadísticas oficiales.

18 Dic 2016
A tres meses de la sanción de la ley que declaró el estado de Emergencia en Seguridad, en Adicciones y en Cárceles y Comisarías de Tucumán, una reunión entre representantes de los tres Poderes del Estado provincial y de la Justicia Federal para efectuar un diagnóstico de la situación actual arrojó datos preocupantes.

El extenso debate, que tuvo lugar entre la tarde y la medianoche del viernes, sirvió para que funcionarios del PE expusieran ante la comisión de seguimiento de la Ley de Emergencia las estadísticas referidas a los tres tópicos en cuestión: seguridad, adicciones y sitios de privación de la libertad.

El secretario de Prevención de las Adicciones, Matías Tolosa, brindó datos estadísticos sobre las consultas y los tratamientos que ofrece el sistema de salud provincial de manera conjunta con órganos del propio PE y de otros ámbitos. “Capacitamos a 35.000 docentes en el programa ‘Educar y Prevenir’”, afirmó. Tolosa reveló que más del 90% de los pacientes son atendidos de manera ambulatoria, ya que no todos los casos requieren la internación del adicto. El presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, objetó que brindara porcentuales, en lugar de números de casos concretos.

Como representantes del área de Seguridad del PE estuvieron el ministro, Regino Amado, el secretario, Paul Hofer, y el jefe de Policía, Dante Bustamante, entre otros. Las estadísticas referidas al ámbito carcelario generaron preocupación entre los miembros de la comisión de seguimiento de la Ley de Emergencia. Por ejemplo, se supo que de los 1.200 internos del penal de Villa Urquiza, más del 60% está procesado, sin sentencia firme. Además, 498 presos llegaron con el primario incompleto, mientras que hay 84 analfabetos y 27 que no saben siquiera firmar (el Servicio Penitenciario ofrece todos los niveles de capacitación escolar e incluso universitaria). Por otra parte, unos 170 reclusos han superado los dos años máximos de prisión preventiva contemplados por ley. También se expuso que hay unos 600 detenidos por causas en comisarías. La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Érica Brunotto, reveló además que no están recibiendo los medicamentos para internos con HIV que corresponden a programas del Gobierno nacional. Luego, Bustamante marcó la importancia de incorporar personal a las fuerzas de seguridad, que actualmente tiene unos 8.100 hombres. Y celebró la creación de otros 2.000 cargos, de los cuales casi 500 serán cubiertos pronto. La próxima reunión será el 26 de diciembre.

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