Debate por la ley para evitar las filas

Se la conoce como “Ley de trato digno al consumidor”. Es una legislación provincial que persigue un fin loable: que nadie tenga que esperar en una fila por más de 30 minutos y, mucho menos, que esa la cola sea fuera de un local comercial o edificio; es decir, a la intemperie. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se advierte que, en la práctica, es muy complejo poner en funcionamiento un sistema de control y de sanción para evitar las esperas tanto en el ámbito privado como en el estatal.

A fin de encontrar una solución consensuada, la Secretaría de Gobierno de la provincia, a cargo de Carolina Vargas Aignasse, comenzó ayer una ronda de consultas con representantes de negocios de diversos sectores privados de la provincia. “Estamos trabajando en esta ley, que tiene un fin loable que debemos preservar, pero por el tenor de la normativa no es operativa -dijo Vargas Aignasse-. Hay determinadas lagunas que debemos tener en consideración en la reglamentación y buscaremos consensuar con quienes serían los sujetos involucrados”, agregó.

La ley que se aprobó en abril de 2015, fue impulsada por el legislador radical Fernando Valdéz (Cambiemos), y dispone sancionar a los privados y a las dependencias públicas que generen colas de más de 30 minutos a los usuarios y consumidores. Por esa razón, ayer en la Casa de Gobierno participaron -en la primera reunión de este tipo- representantes de entidades bancarias, de tarjetas de crédito, de la Federación Económica de Tucumán, de empresas de servicios públicos y de clubes deportivos, entre otros rubros.

Vargas Aignasse precisó a LA GACETA que la idea es analizar, debatir y contemplar todas las situaciones que se producen a partir de una fila. Dijo que la reunión de ayer fue la primera de una serie de encuentros que tienen programados desde su cartera política. “Evaluaremos todas las pautas que se conversaron en la reunión y creemos que en los próximos 15 días podríamos formalizar una nueva reunión con los representantes de los organismos del sector público”, anunció.

Otras ciudades donde se aprobó una legislación en defensa de los usuarios fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, La Rioja, Neuquén, Río Negro, y Misiones. En el caso tucumano, la Ley promulgada con el número 8.895 establece que una vez verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido, serán pasibles de las sanciones previstas en los artículos 29 de la Ley 8.365 (defensa del consumidor) con multas que van desde $ 100 a $ 5 millones.