24 Junio 2016
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BUENOS AIRES.- La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por el fiscal federal Gustavo Gómez, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, y revocó los sobreseimientos de Francisco Carlos Bustamante, Roberto Antonio Aguirre, Raúl Oscar Castillo, Olga María Aguirre de Castillo y Adriana María Castillo, en orden a los delitos de lavado de activos. También, se revocó la prescripción de la acción y la negativa al pedido de la Fiscalía de indagar a los imputados.
La investigación había comenzado en el año 2003, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) denunció que, a raíz de una verificación practicada en el Banco de Tucumán S.A., se detectaron irregularidades en las operaciones de compraventa de dólares efectuadas entre los días 24 y 31 de marzo de 2002, a clientes de la entidad por U$S 549.000.
Según informó el Ministerio Público Fiscal desde su página web (fiscales.gob.ar), personal del Banco de Tucumán, que respondía al Gerente de Operaciones Francisco Carlos Bustamante, había dado de alta irregularmente 53 cajas de ahorro, a nombre de empleados de la sociedad Castillo S.A.C.I.F.I.A., para luego determinar que, en realidad, se trataba de clientes de la firma, quienes desconocieron haber efectuado las operaciones y ser los titulares de las cajas de ahorro abiertas a sus nombres en el Banco de Tucumán.
La Fiscalía imputó a Bustamante, como autor, y a Roberto Antonio Aguirre, Raúl Oscar Castillo, Olga María Aguirre de Castillo y Adriana María Castillo, como partícipes necesarios del delito de lado de activos. También, se imputó a estos últimos como autores de evasión impositiva del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias del periodo 2002, por el monto de $1.612.700,95 y por infracciones a la Ley Penal Cambiaria.
En diciembre de 2011, el titular del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, Raúl Bejas, resolvió no hacer lugar al archivo pedido por la defensa y ordenar la reserva de las actuaciones con suspensión de la acción penal e interrupción de la prescripción hasta que la firma Castillo cancelara las deudas del plan de pagos fijado por el Régimen de Regularización Impositiva; declarar la extinción por prescripción de la acción; dictar el sobreseimiento de los encausados y declarar abstracto el pedido del fiscal de indagar a los imputados.
Ahora, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, por unanimidad, hicieron lugar al recurso de casación presentado por Gómez y por mayoría revocaron los puntos criticados de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones tucumana.
La investigación había comenzado en el año 2003, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) denunció que, a raíz de una verificación practicada en el Banco de Tucumán S.A., se detectaron irregularidades en las operaciones de compraventa de dólares efectuadas entre los días 24 y 31 de marzo de 2002, a clientes de la entidad por U$S 549.000.
Según informó el Ministerio Público Fiscal desde su página web (fiscales.gob.ar), personal del Banco de Tucumán, que respondía al Gerente de Operaciones Francisco Carlos Bustamante, había dado de alta irregularmente 53 cajas de ahorro, a nombre de empleados de la sociedad Castillo S.A.C.I.F.I.A., para luego determinar que, en realidad, se trataba de clientes de la firma, quienes desconocieron haber efectuado las operaciones y ser los titulares de las cajas de ahorro abiertas a sus nombres en el Banco de Tucumán.
La Fiscalía imputó a Bustamante, como autor, y a Roberto Antonio Aguirre, Raúl Oscar Castillo, Olga María Aguirre de Castillo y Adriana María Castillo, como partícipes necesarios del delito de lado de activos. También, se imputó a estos últimos como autores de evasión impositiva del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias del periodo 2002, por el monto de $1.612.700,95 y por infracciones a la Ley Penal Cambiaria.
En diciembre de 2011, el titular del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, Raúl Bejas, resolvió no hacer lugar al archivo pedido por la defensa y ordenar la reserva de las actuaciones con suspensión de la acción penal e interrupción de la prescripción hasta que la firma Castillo cancelara las deudas del plan de pagos fijado por el Régimen de Regularización Impositiva; declarar la extinción por prescripción de la acción; dictar el sobreseimiento de los encausados y declarar abstracto el pedido del fiscal de indagar a los imputados.
Ahora, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, por unanimidad, hicieron lugar al recurso de casación presentado por Gómez y por mayoría revocaron los puntos criticados de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones tucumana.
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