La corta edad con la que los niños acceden a las redes sociales y crean cuentas en plataformas como Facebook resulta alarmante. Según un estudio llevado a cabo por Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación y consultora de la Unesco, en la Argentina siete de cada 10 niños de entre 10 y 12 años ya tiene perfil en una red social. Si bien la mayoría de estas plataformas exigen como condición que sus usuarios hayan cumplido los 13 años, en la práctica eso no se tiene en cuenta, porque es muy fácil ingresar datos falsos. En consecuencia, los chicos quedan expuestos a la posibilidad de ser víctimas de bullying, de acoso o de abusos.
Es un tema grave al que hay que mirar y encarar sin demora. Los expertos coinciden en que las prohibiciones no ayudarán en nada y que más bien hay que basarse en el diálogo con los niños y en recordarles los riesgos que corren. Los primeros responsables de cumplir esta tarea son los padres o mayores a cargo de los chicos. Y en segundo lugar, los maestros o autoridades escolares.
De hecho, quienes se acercan a la División de Delitos Telemáticos e Informáticos de la Policía provincial para consultar sobre el tema son docentes y padres, según informó el jefe de esa área, comisario César Agüero. Y advirtió que en Tucumán los chicos abren su perfil en Facebook a los nueve años.
El experto en seguridad informática Luciano Laporta Podaza afirmó que se presentan unas 20 denuncias por día y van en aumento. No obstante descree que puedan servir las prohibiciones o espiar lo que los chicos hacen en internet.
Tal vez la mejor postura que pueden asumir los padres es la que indica la doctora Morduchowicz: “antes los chicos se encontraban en la plaza, ahora lo hacen en las redes”, advierte. Es decir, la responsabilidad de los padres respecto de enseñarles a sus hijos cómo evitar ciertos peligros (no hablar con desconocidos, no aceptar ni regalos ni golosinas ni ofrecimientos de desconocidos, avisar a los padres dónde van, etcétera) no ha cambiado intrínsecamente. Lo que ha variado es el escenario. Tampoco hay que hablar con desconocidos en internet, donde el anonimato lleva a creer que existe cierta privacidad cuando en realidad no la hay, ni hay que acceder a pedidos hechos por extraños, ni hay que creer todo lo que les dicen. Morduchowicz destaca que en internet no hay nada que sea 100% privado, que todo lo que se sube es muy difícil de borrar y que nunca se sabe quién está detrás de la otra pantalla.
Claro que el Estado también es responsable de la seguridad y del bienestar de los ciudadanos, desde su nacimiento. De manera que en esta cuestión no puede mirar a un costado y dejar todo el peso en los padres o en las escuelas. Es necesario ampliar y profundizar la legislación existente para proteger a los niños y sancionar a los acosadores.
En la Argentina está la Ley de Grooming, que convirtió en delito el acoso sexual a menores por internet y por otros medios electrónicos. Sin embargo, esto no basta, según indica la ONG Mamá en Línea Tucumán. Su presidenta, Mariela Martín Domenichelli, informó que presentan un anteproyecto de ley para la concientización y prevención de esos delitos. Y sería importante que la Legislatura se tomara el tiempo para debatirlo. Allí proponen crear un centro de asistencia a las víctimas del ciberacoso, habilitar una línea telefónica gratuita y un correo electrónico para dar asistencia legal y psicológica a los afectados.
Es un tema grave al que hay que mirar y encarar sin demora. Los expertos coinciden en que las prohibiciones no ayudarán en nada y que más bien hay que basarse en el diálogo con los niños y en recordarles los riesgos que corren. Los primeros responsables de cumplir esta tarea son los padres o mayores a cargo de los chicos. Y en segundo lugar, los maestros o autoridades escolares.
De hecho, quienes se acercan a la División de Delitos Telemáticos e Informáticos de la Policía provincial para consultar sobre el tema son docentes y padres, según informó el jefe de esa área, comisario César Agüero. Y advirtió que en Tucumán los chicos abren su perfil en Facebook a los nueve años.
El experto en seguridad informática Luciano Laporta Podaza afirmó que se presentan unas 20 denuncias por día y van en aumento. No obstante descree que puedan servir las prohibiciones o espiar lo que los chicos hacen en internet.
Tal vez la mejor postura que pueden asumir los padres es la que indica la doctora Morduchowicz: “antes los chicos se encontraban en la plaza, ahora lo hacen en las redes”, advierte. Es decir, la responsabilidad de los padres respecto de enseñarles a sus hijos cómo evitar ciertos peligros (no hablar con desconocidos, no aceptar ni regalos ni golosinas ni ofrecimientos de desconocidos, avisar a los padres dónde van, etcétera) no ha cambiado intrínsecamente. Lo que ha variado es el escenario. Tampoco hay que hablar con desconocidos en internet, donde el anonimato lleva a creer que existe cierta privacidad cuando en realidad no la hay, ni hay que acceder a pedidos hechos por extraños, ni hay que creer todo lo que les dicen. Morduchowicz destaca que en internet no hay nada que sea 100% privado, que todo lo que se sube es muy difícil de borrar y que nunca se sabe quién está detrás de la otra pantalla.
Claro que el Estado también es responsable de la seguridad y del bienestar de los ciudadanos, desde su nacimiento. De manera que en esta cuestión no puede mirar a un costado y dejar todo el peso en los padres o en las escuelas. Es necesario ampliar y profundizar la legislación existente para proteger a los niños y sancionar a los acosadores.
En la Argentina está la Ley de Grooming, que convirtió en delito el acoso sexual a menores por internet y por otros medios electrónicos. Sin embargo, esto no basta, según indica la ONG Mamá en Línea Tucumán. Su presidenta, Mariela Martín Domenichelli, informó que presentan un anteproyecto de ley para la concientización y prevención de esos delitos. Y sería importante que la Legislatura se tomara el tiempo para debatirlo. Allí proponen crear un centro de asistencia a las víctimas del ciberacoso, habilitar una línea telefónica gratuita y un correo electrónico para dar asistencia legal y psicológica a los afectados.
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