Mandan los números

Los tiempos corren aceleradamente para la gestión provincial. La renegociación de la deuda pública tucumana con los acreedores externos abre un frente de imprevisibles consecuencias si es que el Gobierno no se sienta rápidamente a negociar las condiciones de pago del pasivo en default. Desde hace más de 13 meses, el Estado no deposita un peso para abonar los cupones de la serie 2 de los Eurobonos que cotizan en los mercados extranjeros.
Hay un avance en este tema, que podría complicar las finanzas públicas, si es que no se elabora un esquema que resulte tentador para los acreedores. La mayor parte de los casi $ 140 millones que aún debe amortizar la Provincia está en manos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y de la Comisión Federal de Impuestos. Hacia esa franja apunta la estrategia oficial por refinanciar el pago a 16 años, tal como se estableció con el resto de los títulos emitidos por Tucumán. Sin embargo, persiste el temor de que otros tenedores, al observar el fuerte incremento de los ingresos por coparticipación, accionen judicialmente contra el Estado en los Tribunales norteamericanos. Por las dudas, el Ministerio de Economía cursó pedidos a la Caja Nacional de Valores para que se identifique al resto de los acreedores.
Un embargo sobre la coparticipación (constituye la garantía del título de la deuda pública) podría hacer trastabillar las proyecciones financieras de Economía. Si es que la Justicia dicta una orden de embargo, el Gobierno tendría que poner alrededor de $ 22 millones para saldar los cupones vencidos. Y un peso sobre otro.
Al igual que el presidente Néstor Kirchner, el gobernador José Alperovich sostiene que no pagará la deuda con el hambre del pueblo. Como empresario, el mandatario quiere sentarse a negociar una quita de la deuda externa, en condiciones similares a la que el país encara con sus acreedores. La empresa no resulta sencilla, porque la Provincia, a diferencia de la Nación, no está en condiciones de garantizar el pago de su deuda con el crecimiento de su economía.
Los ajustes efectuados en las cuentas públicas sólo le alcanzarán a la gestión alperovichista para cumplir con las metas establecidas en el Plan de Financiamiento Ordenado. Pero resulta que la continuidad de este acuerdo está supeditada a la sanción legislativa del proyecto de Presupuesto de este año. Una pauta que tendrá que cumplirse antes de fines de este mes.

Interior versus centralismo
También a fines de este mes se avanzará en la discusión del nuevo régimen de reparto de la coparticipación federal. Ayer, en la Capital Federal, se dieron los primeros contactos entre los gobernadores para elaborar estrategias similares ante el nuevo escenario.
Hasta ahora, los mandatarios provinciales ignoran el proyecto oficial de la nueva ley, pero ya sentaron banderas de que no están dispuestos a resignar parte del porcentaje vigente de distribución de la recaudación federal de impuestos. Una de las ideas que va cobrando fuerza es que la Nación establezca un techo de recursos a repartir entre las provincias, mientras el excedente de la recaudación fiscal, por el crecimiento que experimentó en lo que va del año, sirva en el futuro para la constitución de un fondo fiduciario para obras públicas.
Esta semana será clave para que las provincias lejanas al puerto puedan posicionarse ante los organismos que tendrán a su cargo el diseño de la nueva coparticipación. En los próximos días se elegirán nuevas autoridades en el Consejo Federal de Impuestos. Y para la presidencia de ese cuerpo, los ministros de Economía del norte del país elegirán a su par jujeño, Miguel Rioja. Todo un mensaje hacia las provincias grandes, que querrán mantener los fondos del conurbano.