La ley de supervivencia sindical

El Poder Ejecutivo Nacional se ha asegurado de que el oficialismo del Congreso convierta en ley sin deserciones la nueva reforma laboral, en sustitución de la imputada de corrupción por sobornos en el Senado. Si se analiza con detenimiento la norma que aguarda su sanción en la Cámara de Diputados, tras su dócil debate de la Cámara Alta, podrá observarse que las líneas fundamentales de su orientación transitan con un rumbo prácticamente invariable desde hace más de medio siglo por la política laboral argentina: atribución exclusiva del poder de negociación sindical a un sector partidario, el peronista, y centralización en este de la validez de los contratos de trabajo. Si a ello se agrega la firme tendencia tradicional del sindicalismo legal de privilegiar un sistema que atiende a los trabajadores con empleo y se desentiende de los desocupados, se tendrá una visión adecuada de la considerable distancia que media entre esa concepción de la política laboral y la realidad económica presente en el país y en el mundo.
Los reducidos tiempos políticos y la escasa predisposición de nuestros grandes partidos a negociar transformaciones estructurales de común acuerdo, tuvieron tradicionalmente en el orden laboral una gravitación más pronunciada, por cuanto el sistema ha estado asociado invariablemente a un modelo corporativo con notoria identificación partidaria. Esta última, precisamente, aparece de nuevo en el proyecto oficial por convertirse en ley y que pone fin al intento de flexibilizar el rígido sistema de sindicato único insinuado en la norma por derogar. Es decir que se ha optado por la decisión conservadora de preservar un modelo sindical identificado con el poder político de turno, a costa de la estructuración de una política laboral que promueva el empleo en el marco de una economía descentralizada y de alta productividad. Ello no es lo que ocurre, precisamente, en los países con administraciones socialdemócratas -Inglaterra, Alemania, Australia, Chile y otros-, donde la descentralización de las negociaciones laborales es parte de la política económica. Un gobierno como el del presidente Kirchner, cuya señal mejor acogida por la sociedad es el sedicente propósito de poner fin a las torpezas y deformaciones del pasado -sin excluir las de su propio partido-, no ha podido eludir ese condicionamiento del arcaico brazo sindical partidario que arbitra irrevocablemente en la política sindical.
El modelo preservado por necesidad política ha consolidado el convenio colectivo centralizado, que hace caso omiso de las autonomías regionales económicas y sindicales, desalentando la contratación por tiempo indeterminado y dando con ello espaldas a la realidad. Ese régimen de negociación, más la ultraactividad de los contratos, que en algunos casos perduran desde hace más de un cuarto de siglo, constituye la garantía de perdurabilidad de una virtual gerontocracia que ha levantado mediante sus reelecciones indefinidas una muralla política invulnerable. Poco importan los duros enfrentamientos de veteranos sindicalistas que nuevamente se están produciendo por ese poder y que se dirimen dentro de la misma alambrada, pues no se trata de poner fin al modelo verticalista que ignora la libertad constitucional de asociación, sino de escalar posiciones en un sistema donde los dirigentes más notorios se jactan invariablemente de su identidad partidaria y asocian su acción con esta. Por cierto que los plazos de consolidación como el actual son cada vez más breves, mientras la emigración de los padrones del modelo se mantiene. Entretanto, las organizaciones irregulares, integradas fundamentalmente por desocupados, tratan de cubrir el enorme espacio laboral en crisis que los usufructuarios de los fondos y del poder sindical siguen dejando en el olvido.