Tiempos violentos

Su labor se complementa. La Justicia y la Policía trabajan en conjunto. En ellos deposita la ciudadanía mayoritariamente sus esperanzas de vivir con más tranquilidad. En gran medida depende de ellos que se pueda caminar sin sobresaltos. Pero si ambas enfrentan problemas; si sale a la luz un escándalo tras otro; si no responden a las expectativas es muy difícil que se confíe en ellos.
El ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, y el ministro fiscal, Luis de Mitri apelaron, en distintos momentos, a una misma idea. Quieren que la gente se sienta nuevamente cerca de la Justicia y de la Policía. "Se debe confiar en la institución. Necesitamos del apoyo de la gente para encarar nuestra gestión", admitió Baillo, a poco de asumir. "Nosotros no vamos a ocultar nada, y vamos a investigar hasta el final", dijo De Mitri hace algunos días.
El problema, en este caso, son las señales. Bastó sólo una nota de la Unión Propietarios de Taxis de Tucumán, alertando sobre el incremento de los atracos, para que la polémica sobre la seguridad en la provincia recrudeciera. Desde el Gobierno insisten en que se denuncian muchísimos hechos menos que hace cuatro meses. Y tienen razón. El problema, advierten taxistas y remiseros, es que según ellos la Policía no hace absolutamente nada ante un atraco y ellos, "hartos" de esta situación, ya ni denuncian. Fernando Hevia, subsecretario de Control de Gestión del Ministerio, había pedido, justamente, que las víctimas de delitos acudan a la Policía. "Es la única forma en la que sabremos dónde estamos parados", advirtió el especialista. Los compañeros del remisero asaltado el jueves al mediodía en Villa 9 de Julio utilizaron una frase vieja, pero efectiva: "la Policía sabe quiénes son los ladrones, pero no hace nada para detenerlos".
Los asaltos van a seguir ocurriendo. No hay ninguna ciudad del mundo que pueda jactarse de no tener hechos delictivos. Es imposible. Los problemas son los índices que se manejan. Disminuir el delito es premisa de los funcionarios. Para eso se les paga. A pesar de los cuestionamientos, José Alperovich apoya incondicionalmente a los funcionarios de las áreas más sensibles: Educación, Salud y Seguridad. Por ahora, nada cambiará.

Futuro complejo
Del lado de la Justicia, los días cada vez vienen más complicados. El presidente de la Corte, Antonio Gandur, debió llamar a los fiscales y retarlos. "Esto no puede seguir así", les dijo en tono firme. El problema de la entrega irregular de vehículos, que quedó al descubierto con el caso 4x4, sigue sin resolverse. Gandur sabe mejor que nadie que los pescadores son los que más ganan en un río revuelto. Por eso quiere poner orden, y no dudará en aplicar los correctivos más duros, en caso de ser necesario, inclusive pedir el Juicio Político. Por distintas razones, hoy hay sólo siete fiscales para las 10 fiscalías. El jueves ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político para dos de ellos, Gustavo Estofán y Carlos Albaca. El primero de ellos ya tiene la piel curtida en este tipo de problemas. Hasta el momento superó por lo menos cinco pedidos de juicio político. La familia Artaza acumula más de 50 causas en Tribunales, todas por robos, estafas o defraudaciones relacionadas con vehículos. En Tribunales están nerviosos. Si apareciera el oficio a través del cual se entregó el automóvil a Gerardo Artaza, la estrategia de Estofán se caería como un castillos de naipes. Pero además arrastraría a otros funcionarios. En el Poder Judicial se trabaja contrareloj para descubrir nuevas anomalías, antes de que tomen estado público.
La Policía enfrenta una crisis de seguridad, y la Justicia, una de credibilidad. En toda crisis hay víctimas. En este caso, quien más la sufre es el que, tratando de ganar dinero en forma honrada, lo pierde a manos de quien no lo hace.