Graves omisiones partidarias

El reciente debate en el Senado sobre la derogación y sustitución de la ley 25.013, de reforma laboral, cuya sanción dio lugar a un escándalo sin precedentes por los sobornos denunciados y que la Justicia investiga, ha constituido otro de los múltiples testimonios que ensombrecen la política nacional. No se trata tanto, en este caso, de la magnitud del hecho denunciado y que puso en tela de juicio la integridad de uno de los poderes del Estado, como de los comportamientos de los grandes partidos políticos que han tenido a su cargo sucesivamente el Gobierno nacional desde la restauración democrática. Durante ese debate, caracterizado por los unánimes discursos reprobatorios contra quienes aprobaron la ley denunciada, no hubo ningún compromiso o sugerencia que hiciera pensar en alguna acción reparadora de la dañada imagen de la institución parlamentaria. Seguramente lo impidió la presencia de senadores que votaron en ambos casos de forma diferente. Tampoco los partidos que conformaron las mayorías en la ocasión denunciada y en la reciente oportunidad se han preocupado por transparentar una situación que los compromete y descalifica ante la ciudadanía.
El del Senado y la ley laboral no es, por cierto, el único testimonio de grave inconsecuencia que se observa en nuestra política. No menos llamativo es el del Presidente y la mayoría de sus colaboradores en el gobierno, quienes no dejan de denunciar graves y hasta delictivas conductas de importantes correligionarios que los precedieron en la pasada década, y que son pasibles de investigaciones judiciales en el país y el exterior, como el ex presidente Carlos Menem y numerosos colaboradores. Lo mismo puede señalarse con relación al gobierno de la Alianza, donde las descalificaciones de sus más altos responsables, como es el caso del ex presidente Fernando de la Rúa, carecen de eco ostensible en su partido. Es decir, que no se conoce acción alguna de aquellos denunciantes para poner en funcionamiento los órganos disciplinarios de sus partidos. Por lo demás, estos están siendo ignorados por las dirigencias superiores cuando se trata de dejar sin efecto sanciones aplicadas a quienes concurrieron a elecciones bajo distintas siglas partidarias. Una suerte de amnistía que en el actual partido oficialista adquiere dimensión muy superior, mientras se omiten los casos tan ruidosamente denunciados con perfiles penales.
Las circunstancias expuestas constituyen situaciones muy referenciales del profundo problema que afecta a nuestro sistema democrático. Es decir, el de la calidad de la acción política y de sus indispensables organizaciones intermedias, los partidos, como representaciones orgánicas de la sociedad en la administración de los intereses públicos. Nuestros partidos y el sistema institucional en que actúan, están requiriendo una amplia reforma largamente demorada pero, en definitiva, son ellos los que tienen la responsabilidad de llevarla a cabo. Mas de eso sólo se habla cuando presiona la proximidad de elecciones y se promete reiteradamente para después. En la última ocasión, desde el Gobierno se habló del próximo mes de marzo, pero hasta el momento es mayor el silencio que la actividad exigida por el apremiante plazo prometido para los proyectos. El interrogante forzoso es si los partidos que tienen la responsabilidad mayor por la calidad de esa reforma están en condiciones de llevarla a cabo con eficiencia sin limpiar esa imagen de contradicciones entre lo que se denuncia por sus más elevadas dirigencias y se procura ignorar en beneficio de las oscuras internas.
El antiguo ritual griego de la catarsis, que depura por propia determinación lo afectado por la impureza, aparece así como una exigencia para impedir el saneamiento de la política sin que sus protagonistas pongan fin a tan oscuras contradicciones.