La tensión de marzo

Marzo está muy cerca y la población observa que puede ser un mes duro para la economía hogareña. Las anunciadas subas en las tarifas de los servicios públicos privatizados ponen los pelos de punta a más de un jefe de familia y a los empresarios. Faltará el gas para la industria. El aumento de la energía eléctrica alcanzará, en un principio, a miles de grandes usuarios. El sistema de agua y cloacas genera déficit y ahora el gobernador salió a decir que se cortará el suministro a los morosos que tengan un buen nivel económico. En la Argentina y en el Tucumán de hoy, el buen pasar es un lujo de pocos.Más preocupante es el aumento de la carne que, aunque leve, disparará el precio de otros productos derivados. Por el momento no subirá el combustible, pero la presión de las petroleras es cada vez más fuerte. En Tucumán, el Estado aplicó un revalúo impositivo que afectará a todos los contribuyentes, algunos más que a otros. Los empresarios del transporte de pasajeros insisten en solicitar el aumento del cospel.
Según un informe de la Dirección de Estadísticas, el costo de vida en Tucumán creció un 50% en la última década, pero ese porcentaje sería superior si se toma en cuenta que el salario del trabajador disminuyó considerablemente (caída del poder adquisitivo) por efecto de la salida de la convertibilidad del peso con el dólar, hacia fines de 2001.
Frente a ese escenario, el Gobierno afronta el duro desafío de actualizar los salarios del sector público con el decreto nacional que establece un mínimo mensual de $ 350. Alperovich admite que el tema está en estudio, pero no coincide con los sindicalistas estatales en la interpretación del decreto nacional. El Ministerio de Economía sostiene que el aumento se daría sólo a una franja de los empleados públicos, porque la inmensa mayoría de los 65.000 agentes de la administración pública, de los municipios y de las comunas rurales cobra salarios superiores al mínimo, incluyendo los adicionales. Los gremios, en tanto, creen que la suba debe darse a partir del básico y luego computar los adicionales (escalafón, título o antigüedad). El Gobierno dice que no porque le significaría un gasto adicional al Estado de $ 78 millones anuales.

Semana movida
La primera semana de marzo será movida para la administración del gobernador José Alperovich. La tensión sindical sube al ritmo de la presión arterial del gobernador. Además de recibir planteos formales por la recomposición salarial, el mandatario sería espectador de algunas protestas callejeras que están organizando distintos gremios de la educación frente a la Casa de Gobierno. A medida que se aproxima el lunes, Alperovich va exteriorizando su nerviosismo. Apostó fuerte por un inicio normal del ciclo lectivo, pero los sindicatos sostienen que no están dadas las condiciones para retornar a las aulas. Las maestras lloran por la pérdida de algún cargo y por el impacto que eso producirá en su economía. El Estado no tiene una base certera de datos respecto de los cargos que ostenta cada uno de los docentes y de allí surge el caos por la cobertura de esos cargos y la mentada titularización. Hay quienes admiten dentro de la sede del PE que las dos primeras semanas de marzo serán traumáticas; e incluso, que podría retrasarse el comienzo de las clases.
Ayer, el banquero Jorge Brito anunció líneas de crédito para el desarrollo de la economía provincial. Y además recordó un viejo adagio político aplicado por el presidente Néstor Kirchner en el marco de las reformas estructurales del país: "lo que no se hace en los primeros 180 días de gestión, no se lo hace nunca". Alperovich avanzó en materia fiscal y de salud, pero le queda poco tiempo para cumplir aquel plazo. Educación, por ejemplo, sigue siendo la materia pendiente, como sucedió en administraciones pasadas.