25 Febrero 2004 Seguir en 
Cuando hace una década se creó el sistema previsional privado siguiendo fundamentalmente el exitoso modelo chileno, bastaron dos años para que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) triplicaran las afiliaciones del sistema estatal de reparto, diferencia que alcanzó a 9,4 millones contra 2,2 al finalizar 2003. No había entonces mayor conocimiento en nuestro país sobre ese modelo muy experimentado en las naciones más desarrolladas, pero nuestra sociedad conocía por propia experiencia la situación a que había llegado el régimen estatal, cuyos recursos, incontrolables para los aportantes, pasaban a subsidiar el crónico déficit público.
De acuerdo con el ministro de Economía, el régimen privado de capitalización habría fracasado, un punto de vista en el que subyace una fuerte incertidumbre sobre la suerte que el sistema habrá de correr, y también la afirmación del propio Roberto Lavagna de que el sistema de reparto ya no es la vieja fuente auxiliar para la insaciable sed fiscal. El destino de las AFJP está, pues, remitido a un futuro más o menos próximo, pero lo más probable será, desde la perspectiva actual, la revisión del sistema para adecuarlo a una concepción con mayor presencia del Estado.
Constituye un error suponer que el régimen de capitalización es un instituto privado con la misma autonomía que cualquier otro régimen financiero de ese carácter. Basta observar el esquema con que fue organizado para advertir que se lo concibió como un instrumento de ahorro y financiamiento interno para la producción y el Estado. Tanto es así que las AFJP tienen el 73,5 % de su capital en títulos públicos, y se les limitó legalmente la inversión en el exterior, por lo cual el aporte de los afiliados quedó sometido a alternativas de riesgo para la esperanza de una pasividad proporcional al ahorro.
Por otra parte, se trató de incentivar a las administradoras para que financiaran al Estado, pues nada más seguro desde la voracidad fiscal y de nuestra clase política que el esfuerzo de los futuros jubilados. Curiosamente, los mismos funcionarios que al asumir hace unos meses con el nuevo gobierno central aparecieron como severos críticos del régimen de capitalización, son los que acaban de formalizar con las AFJP la financiación de obras de infraestructura y viviendas, lo cual marca una tendencia sobre la futura orientación de su reforma. Ese panorama de incertidumbre se agrava al observar que uno de los aspectos que más se eluden en la renegociación de la deuda pública es la participación en el default de las administradoras previsionales privadas, que asciende al 27% del total de títulos en insolvencia.
El largo y angustioso periplo de la degradación de ahorros de futuros jubilados y pensionados por capitalización comenzó con el megacanje de la Alianza y siguió con su alteración por el gobierno provisorio y la posterior enmienda por el actual, hasta el punto en que hoy se encuentra su realidad, cuyo escenario futuro es una gran incógnita precedida por el maltrato de un discurso oficial que agravia a los ahorristas.
De una u otra manera, la historia de la decadencia del sistema estatal y del progresivo crecimiento del privado se está repitiendo en todo el mundo desarrollado, donde hay conciencia formada de que el primero conduce al estallido fiscal.
La diferencia con nuestro caso es que tal explosión se produjo hace ya mucho tiempo y, en lugar de buscar alternativas para superarla, se trata de retroceder al pasado, sin advertir que los ahorros previsionales deben ponerse a salvo de las ansiosas manos de nuestros funcionarios y políticos tradicionales.
De acuerdo con el ministro de Economía, el régimen privado de capitalización habría fracasado, un punto de vista en el que subyace una fuerte incertidumbre sobre la suerte que el sistema habrá de correr, y también la afirmación del propio Roberto Lavagna de que el sistema de reparto ya no es la vieja fuente auxiliar para la insaciable sed fiscal. El destino de las AFJP está, pues, remitido a un futuro más o menos próximo, pero lo más probable será, desde la perspectiva actual, la revisión del sistema para adecuarlo a una concepción con mayor presencia del Estado.
Constituye un error suponer que el régimen de capitalización es un instituto privado con la misma autonomía que cualquier otro régimen financiero de ese carácter. Basta observar el esquema con que fue organizado para advertir que se lo concibió como un instrumento de ahorro y financiamiento interno para la producción y el Estado. Tanto es así que las AFJP tienen el 73,5 % de su capital en títulos públicos, y se les limitó legalmente la inversión en el exterior, por lo cual el aporte de los afiliados quedó sometido a alternativas de riesgo para la esperanza de una pasividad proporcional al ahorro.
Por otra parte, se trató de incentivar a las administradoras para que financiaran al Estado, pues nada más seguro desde la voracidad fiscal y de nuestra clase política que el esfuerzo de los futuros jubilados. Curiosamente, los mismos funcionarios que al asumir hace unos meses con el nuevo gobierno central aparecieron como severos críticos del régimen de capitalización, son los que acaban de formalizar con las AFJP la financiación de obras de infraestructura y viviendas, lo cual marca una tendencia sobre la futura orientación de su reforma. Ese panorama de incertidumbre se agrava al observar que uno de los aspectos que más se eluden en la renegociación de la deuda pública es la participación en el default de las administradoras previsionales privadas, que asciende al 27% del total de títulos en insolvencia.
El largo y angustioso periplo de la degradación de ahorros de futuros jubilados y pensionados por capitalización comenzó con el megacanje de la Alianza y siguió con su alteración por el gobierno provisorio y la posterior enmienda por el actual, hasta el punto en que hoy se encuentra su realidad, cuyo escenario futuro es una gran incógnita precedida por el maltrato de un discurso oficial que agravia a los ahorristas.
De una u otra manera, la historia de la decadencia del sistema estatal y del progresivo crecimiento del privado se está repitiendo en todo el mundo desarrollado, donde hay conciencia formada de que el primero conduce al estallido fiscal.
La diferencia con nuestro caso es que tal explosión se produjo hace ya mucho tiempo y, en lugar de buscar alternativas para superarla, se trata de retroceder al pasado, sin advertir que los ahorros previsionales deben ponerse a salvo de las ansiosas manos de nuestros funcionarios y políticos tradicionales.







