Piedras en el camino

La renuncia del director de Transporte, Lorenzo Ponce, puso de manifiesto, otra vez, que la que era su área de Gobierno es una de las más complicadas. La solución a un problema que está instalado desde hace años no es nada fácil y Ponce lo tiene que haber entendido así, ya que se fue cuando todavía no había cumplido cuatro meses de gestión. Detrás de todo esto hay una lucha de poder, con consecuencias aún inciertas.
Ponce llegó a Transporte de la mano del secretario general de UTA, Roberto Jiménez, un amigo personal del gobernador José Alperovich. Fue el único funcionario que no fue elegido por el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo. Cuando se fue, Ponce se quejó. Advirtió que su repartición no contaba con el respaldo de Baillo ni del secretario de Seguridad Ciudadana, Osvaldo Nieva. Afirmó que la Policía no protegía a sus inspectores en su lucha contra los ilegales. Aseguró que, desde que asumió, debió soportar una campaña de desprestigio en su contra. Por eso, el lunes pasado, cuando leyó en LA GACETA el informe sobre la entrega indiscriminada de carnets de manejo, dijo basta. Ponce tuvo el respaldo manifiesto de los inspectores. Fueron muchos los que levantaron la voz, y apuntaron hacia Baillo y hacia Nieva. Recordaron justamente el episodio que protagonizó el hermano del secretario de Seguridad cuando -en noviembre-escapó de un control en El Cadillal y la Policía tuvo que perseguirlo y detenerlo. Esto había sido hecho público justamente por Nieva, quien repudió la actitud de su hermano. Las quejas y amenazas no bastaron, y Ponce se fue.
Alperovich, entonces, pensó en su amigo. Pero Jiménez entendió que si su delfín no pudo, él tampoco, y rechazó el ofrecimiento. No es la primera vez que desde el Gobierno intentan poner en cargos públicos a gremialistas, como una forma de acercar posiciones. Ya pasó durante la gestión de Julio Miranda, cuando le ofrecieron a César Zelarayán ser ministro de Educación, pero esto tampoco prosperó. Entonces, se hizo un enroque. El director de Defensa Civil, el licenciado Ramón Enrique Bulacios, debió dejar su oficina en Casa de Gobierno, y mudarse a la terminal, para hacerse cargo de Transporte.

Los ilegales
La lucha contra las mafias siempre deja víctimas. El ex director de Transporte, Enrique Romero, sobrevivió gracias a su "muñeca" política y a su particular estilo de conducción. En una provincia infectada por los ilegales, la pelea es diaria y la supervivencia difícil. El tremendo episodio del sábado -cuando un policía que trabajaba como transportista ilegal atropelló y mató a un inspector cerca de Los Ralos, enojado por los controles- encendió la mecha. Mañana, los inspectores de Transporte se instalarán en Casa de Gobierno con una sola premisa: quieren que Nieva renuncie. Lo acusan por haberlos amenazado y tildado de coimeros, durante una entrevista radial. "Nosotros arriesgamos nuestras vidas en las rutas, y lo único que recibimos es prepotencia", dijo ayer el inspector Guillermo Luna. Por detrás, Romero apoya las manifestaciones de sus ex subordinados. Asegura que la Dirección de Transporte no puede estar bajo la órbita de Seguridad Ciudadana. Transporte no es la Policía, donde las órdenes son cumplidas sin pedir explicación.
Esta semana el Gobierno presentará el proyecto para crear un registro único de conductor. Con esto quieren cortar la emisión ilegal de carnets, que está descontrolada. Así se abrirá otro foco de conflicto. Son muchos los municipios que verán desaparecer gran parte de su recaudación con esta ley. Al mismo tiempo, avanza el proyecto de la liberación de licencias, algo a lo que los transportistas legales se oponen terminantemente. La solución para la crisis del Transporte en Tucumán tardará mucho en llegar. Cada día hay más obstáculos en el camino.