El caso de Santiago

Está a la vista de todos que Santiago del Estero configura una extraña realidad dentro de la vida jurídica e institucional del país. Como es sobremanera conocido, esa provincia está manejada por una familia que alterna en los máximos cargos desde hace ya muchos años. A lo largo de ellos, se han multiplicado las críticas al estilo de conducción que tal permanencia ha establecido firmemente. Se trata de un gobierno "fuerte", donde la oposición parece haber sido acallada por una autoridad que se ejerce con desusada amplitud y sin demasiado cuidado respecto de las garantías constitucionales y jurídicas; y donde -lo que no es menos inquietante- no se advierte disenso alguno por parte de los otros dos poderes del Estado.
Esta realidad , descripta críticamente y con reiteración por la prensa nacional, ha empezado a recibir duros embates, estos últimos meses, a causa de las complicidades que se imputan a gente vinculada al Gobierno en el siniestro doble crimen de La Dársena. La delegación de la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos se ha instalado en Santiago y está recibiendo denuncias; a través de estas se achaca una serie de abusos de autoridad e irregularidades al Ejecutivo, además de formularse serios cuestionamientos a la Justicia.
Todo esto parece estar configurando una situación similar a la que hizo detonar en Catamarca el caso de María Soledad Morales. Han dado comienzo las marchas de los ciudadanos en contra del Gobierno. Como informamos, se calcula que unas 5.000 personas integraron la que se desarrolló el viernes último por las calles de la capital. No puede pasarse por alto que ello es indicador de un estado de cosas cuyo sostenimiento resulta cada día más difícil, a pesar de que las autoridades no reconozcan la existencia de un conflicto.
Sin abrir juicio sobre la verdad de las imputaciones que se hacen a la administración santiagueña (pero sobre las cuales resulta urgente una integral acción de esclarecimiento), hay algo que parece innegable. No puede hacer ningún bien a la democracia el ejercicio continuado del poder, durante varios períodos, por una misma familia. No se necesita argumentar demasiado para concluir que la permanencia de un grupo inmutable en el mando por demasiado tiempo lleva, inevitablemente, a aquel a considerar el poder como cosa propia, con todas las consecuencias que de tal percepción derivan.
La forma republicana de gobierno exige una alternancia en la conducción pública, sin la cual resulta imposible erigir esa cultura política verdadera, que resulta tan necesaria en la actualidad. Cuando la autoridad gira siempre en las mismas manos, no pueden sino empezar a manifestarse desviaciones fatalmente derivadas de ese hecho. Sobran en la historia remota y actual del país, los ejemplos reveladores de lo negativo que semejante sistema resulta, y extraña que la tendencia de muchas reformas constitucionales se obstine en seguir creando las condiciones para alentarla.
A esta altura de los acontecimientos, se ha abierto en Santiago del Estero una instancia que, por sus características, sin duda no quedará como una anécdota más. Por el contrario, se encuentra, como lo testimonia cada día la información periodística, en plena evolución. Se percibe nítidamente en la ciudadanía un reclamo de cambio; y un auténtico requerimiento de transparencia y de respeto a la ley y a las garantías, en las actitudes y medidas que toma el Estado.
Sería deseable que este cambio pueda llevarse a cabo pacíficamente y dentro de las instituciones y estructuras de esa democracia que, por encima de todos sus problemas, será siempre "la única solución sensata de convivencia social". Es lo que merece el pueblo santiagueño, en esta época en que la renovación y la evolución constituyen verdaderos imperativos para todos.