22 Febrero 2004 Seguir en 
Marzo está cerca. En el almanaque tradicional de los dirigentes el año hábil empezaba ese mes. La parálisis administrativa suponía el receso del movimiento político. Esa tradición cambió en estos últimos tiempos, con la llegada de José Alperovich a la gobernación.
El oficialismo, en efecto, se propuso avanzar en distintas direcciones aprovechando el crédito que la sociedad le otorgó el 29 de octubre pasado. La dinámica gubernamental perseguía crear las condiciones políticas que le permitiera consolidarse en el ejercicio del poder durante 2004. Ese despliegue de recursos y acciones instaló la imagen de un gobernador que abre frentes sin hallar resistencias. Desde el oficialismo se afirma que el objetivo original se cumplió. Marzo comenzará sin las tensiones que se pronosticaban a fines de diciembre. Los gremios no desenterraron el hacha de guerra y permanecen pasivos.
La visión edulcorada que trasmite la Casa de Gobierno contrasta con la de la incipiente oposición interna en el peronismo. Esta hace hincapié en el relevo forzado de algunos funcionarios de menor rango por su prematuro desgaste. La situación incómoda en que quedó el flamante secretario de Cultura, Rodolfo Vargas Aignasse, ante una denuncia penal de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), sumó una complicación inesperada al Gobierno. Incluso, en las filas de la disidencia justicialista se espera una reactivación del descontento sindical por la falta de reajuste de los salarios de los estatales.
La discusión política, de todos modos, gira alrededor de otras cuestiones. El proceso de reforma constitucional está presente en los cálculos de la administración alperovichista y en los de sus adversarios de distintos colores.
La certeza de 2004
A esta altura de febrero, sólo resta determinar en qué mes de 2004 se votarán convencionales constituyentes. El gobernador no ocultó que quiere su reelección inmediata. Fernando Juri también está convencido de la necesidad de impulsar el desguace de la Constitución de 1990. El único impedimento que trabaría el plan reformista sería un fallo judicial en contra de la ley sancionada durante la era mirandista.
Según el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, no hay que derogar la norma aprobada el 19 de febrero de 2002. "Si se la deroga se confirmarían las presunciones de que hubo irregularidades", afirma Jiménez. En el ámbito legislativo, en cambio, madura la idea de barajar y dar de nuevo. Quienes piensan así observan el desmoronamiento de la Ley de Reforma Laboral por la sospecha de cohecho que no deja en paz al ex presidente Fernando de la Rúa, a Emilio Cantarero ni a otros ex senadores. Creen, por lo tanto, que el fantasma del pago de coimas a los legisladores provinciales de entonces ha dañado la credibilidad misma de la ley de 2002. Esa divergencia operativa aún no se zanjó porque trasunta enfoques políticos distintos.
El desguace integral de la Carta del 90 dejaría el camino libre para la reelección indefinida de los gobernantes. La actual crisis de Santiago de Estero es el modelo más acabado de descomposición política, que generó la circunstancia de que tanto Carlos Juárez como Mercedes Aragonés de Juárez -"Nina"- puedan hacerse reelegir sin trabas constitucionales de ninguna especie. La restricción que la Constitución nacional de 1853-60 prescribía para la reelección presidencial no fue óbice para que Julio Argentino Roca e Hipólito Yrigoyen, en distintos siglos, conservaran su liderazgo y retornaran a la Casa Rosada por un segundo período.
La segunda cuestión conflictiva pasa por la modificación del sistema electoral. La vuelta a la representación legislativa por departamentos, destruyendo la división actual en tres secciones, bloquearía el acceso de los partidos no peronistas a la representación legislativa. Ese fenómeno se acentuaría en las zonas rurales. Y la división de la capital en cinco secciones para neutralizar el voto no peronista redondearía el esquema. La década del 80 fue particularmente rica en experiencias de acomodación de las secciones electorales a los planes de los caudillos peronistas de la época. Ese dato llevó a dar fijeza constitucional a las secciones electorales.
El tercer asunto espinoso es el desmantelamiento del Poder Judicial mediante la puesta en comisión de sus miembros. En el mundo judicial se mira con recelo todo lo que está gestándose.
La anemia de la oposición ayuda al oficialismo en su proyecto, al extremo de que la Ley de Lemas se mantendrá, pese a que los no peronistas quieren voltearla.
El PJ no renunciará a esa palanca de poder y sólo endurecerá las exigencias para formar sublemas. Es posible que ese sistema no sea del agrado de Alperovich, por sus efectos erosivos para la estabilidad del Gobierno.
Subas y bajas
La convivencia de Alperovich con Juri mejoró, a expensas de Julio Miranda. El vicegobernador oscila entre la defensa de la división de poderes y la preservación de la estabilidad. Miranda ya no tiene bajo su órbita a muchos congresales partidarios. La pérdida de la presidencia de la comisión legislativa de Hacienda y Presupuesto por parte de José Alberto Cúneo Vergés es el resultado de esa declinación. Con todo, el presupuesto de la Legislatura será la verdadera prueba de fuego para Juri. Si eleva el tope de $ 29,5 millones se pondrá a tiro del enojo popular y de la oposición antiperonista. La Casa de Gobierno tampoco dejaría de marcar diferencias. Es delicada la posición del vicegobernador en ese punto, ya que siente también la presión interna dentro de la tropa propia.Las idas y las vueltas de la política comarcana no agotan la movilidad de Alperovich. El gobernador estuvo cerca del Presidente, pero no dialogó a solas con él. Néstor Kirchner no tuvo problemas de agenda para anunciar obras en Formosa y en Jujuy, cuyos gobernadores fueron leales al santacruceño desde que se lanzó a la carrera presidencial. En marzo se verá si Kirchner cambia de humor con respecto a Tucumán. Los gestos de la Casa Rosada interesan a la administración alperovichista. A la ciudadanía le importa saber qué programó hasta fines de 2007.
El oficialismo, en efecto, se propuso avanzar en distintas direcciones aprovechando el crédito que la sociedad le otorgó el 29 de octubre pasado. La dinámica gubernamental perseguía crear las condiciones políticas que le permitiera consolidarse en el ejercicio del poder durante 2004. Ese despliegue de recursos y acciones instaló la imagen de un gobernador que abre frentes sin hallar resistencias. Desde el oficialismo se afirma que el objetivo original se cumplió. Marzo comenzará sin las tensiones que se pronosticaban a fines de diciembre. Los gremios no desenterraron el hacha de guerra y permanecen pasivos.
La visión edulcorada que trasmite la Casa de Gobierno contrasta con la de la incipiente oposición interna en el peronismo. Esta hace hincapié en el relevo forzado de algunos funcionarios de menor rango por su prematuro desgaste. La situación incómoda en que quedó el flamante secretario de Cultura, Rodolfo Vargas Aignasse, ante una denuncia penal de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), sumó una complicación inesperada al Gobierno. Incluso, en las filas de la disidencia justicialista se espera una reactivación del descontento sindical por la falta de reajuste de los salarios de los estatales.
La discusión política, de todos modos, gira alrededor de otras cuestiones. El proceso de reforma constitucional está presente en los cálculos de la administración alperovichista y en los de sus adversarios de distintos colores.
La certeza de 2004
A esta altura de febrero, sólo resta determinar en qué mes de 2004 se votarán convencionales constituyentes. El gobernador no ocultó que quiere su reelección inmediata. Fernando Juri también está convencido de la necesidad de impulsar el desguace de la Constitución de 1990. El único impedimento que trabaría el plan reformista sería un fallo judicial en contra de la ley sancionada durante la era mirandista.
Según el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, no hay que derogar la norma aprobada el 19 de febrero de 2002. "Si se la deroga se confirmarían las presunciones de que hubo irregularidades", afirma Jiménez. En el ámbito legislativo, en cambio, madura la idea de barajar y dar de nuevo. Quienes piensan así observan el desmoronamiento de la Ley de Reforma Laboral por la sospecha de cohecho que no deja en paz al ex presidente Fernando de la Rúa, a Emilio Cantarero ni a otros ex senadores. Creen, por lo tanto, que el fantasma del pago de coimas a los legisladores provinciales de entonces ha dañado la credibilidad misma de la ley de 2002. Esa divergencia operativa aún no se zanjó porque trasunta enfoques políticos distintos.
El desguace integral de la Carta del 90 dejaría el camino libre para la reelección indefinida de los gobernantes. La actual crisis de Santiago de Estero es el modelo más acabado de descomposición política, que generó la circunstancia de que tanto Carlos Juárez como Mercedes Aragonés de Juárez -"Nina"- puedan hacerse reelegir sin trabas constitucionales de ninguna especie. La restricción que la Constitución nacional de 1853-60 prescribía para la reelección presidencial no fue óbice para que Julio Argentino Roca e Hipólito Yrigoyen, en distintos siglos, conservaran su liderazgo y retornaran a la Casa Rosada por un segundo período.
La segunda cuestión conflictiva pasa por la modificación del sistema electoral. La vuelta a la representación legislativa por departamentos, destruyendo la división actual en tres secciones, bloquearía el acceso de los partidos no peronistas a la representación legislativa. Ese fenómeno se acentuaría en las zonas rurales. Y la división de la capital en cinco secciones para neutralizar el voto no peronista redondearía el esquema. La década del 80 fue particularmente rica en experiencias de acomodación de las secciones electorales a los planes de los caudillos peronistas de la época. Ese dato llevó a dar fijeza constitucional a las secciones electorales.
El tercer asunto espinoso es el desmantelamiento del Poder Judicial mediante la puesta en comisión de sus miembros. En el mundo judicial se mira con recelo todo lo que está gestándose.
La anemia de la oposición ayuda al oficialismo en su proyecto, al extremo de que la Ley de Lemas se mantendrá, pese a que los no peronistas quieren voltearla.
El PJ no renunciará a esa palanca de poder y sólo endurecerá las exigencias para formar sublemas. Es posible que ese sistema no sea del agrado de Alperovich, por sus efectos erosivos para la estabilidad del Gobierno.
Subas y bajas
La convivencia de Alperovich con Juri mejoró, a expensas de Julio Miranda. El vicegobernador oscila entre la defensa de la división de poderes y la preservación de la estabilidad. Miranda ya no tiene bajo su órbita a muchos congresales partidarios. La pérdida de la presidencia de la comisión legislativa de Hacienda y Presupuesto por parte de José Alberto Cúneo Vergés es el resultado de esa declinación. Con todo, el presupuesto de la Legislatura será la verdadera prueba de fuego para Juri. Si eleva el tope de $ 29,5 millones se pondrá a tiro del enojo popular y de la oposición antiperonista. La Casa de Gobierno tampoco dejaría de marcar diferencias. Es delicada la posición del vicegobernador en ese punto, ya que siente también la presión interna dentro de la tropa propia.Las idas y las vueltas de la política comarcana no agotan la movilidad de Alperovich. El gobernador estuvo cerca del Presidente, pero no dialogó a solas con él. Néstor Kirchner no tuvo problemas de agenda para anunciar obras en Formosa y en Jujuy, cuyos gobernadores fueron leales al santacruceño desde que se lanzó a la carrera presidencial. En marzo se verá si Kirchner cambia de humor con respecto a Tucumán. Los gestos de la Casa Rosada interesan a la administración alperovichista. A la ciudadanía le importa saber qué programó hasta fines de 2007.
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