A la espera de un salvavidas

La partida que juega el Gobierno argentino con los organismos internacionales es "por plata".

22 Febrero 2004
BUENOS AIRES.- Hay que tener bien en claro que, como en toda mesa de póquer, la partida que juega el Gobierno argentino con los organismos internacionales y con el resto de los acreedores es "por plata". En este caso, para ver quién se lleva el pozo del creciente superávit fiscal que se acumula sin cesar, fruto de un singular alineamiento de circunstancias locales e internacionales que no debería desaprovecharse.
Como en toda mesa con jugadores, la estrategia y las mentiras están a la orden del día. Por eso, en Economía no gustó mucho que desde Casa Rosada se hiciera tanta alharaca con el superávit fiscal de enero, unos $ 1.400 millones, monto que supera la meta de todo el trimestre. Por más que sea una buena noticia -dicen-, mejor hubiera sido no menearla. Sin aclarar si con esos fondos se bajará impuestos distorsivos, si se aplicará a planes sociales o a infraestructura, si se beneficiará a las provincias o si hacia adelante podrán usarse para mejorar la oferta por la deuda, está claro que Roberto Lavagna decidió reimpulsar de modo vigoroso este último aspecto, ya que comenzó a mostrar algunas cartas nuevas. La mayor paridad de los bonos en default (30% al viernes) muestra que los mercados percibieron la movida.
En tiempo de definiciones, por primera vez, Economía admite que podría llegar un salvavidas desde el exterior. Y, hasta lo alienta, buscando algún gobierno que le proponga a la comunidad internacional un cambio de reglas para el caso argentino y que, además, lo ayude a salir del laberinto que se autoimpuso.

Soluciones creativas
Ahora, Lavagna parece cada vez más permeable a soluciones creativas, más allá de las rigideces que imponen los términos de la negociación y la palabra presidencial. ¿Bajo qué forma? Aún no lo saben en Economía. Podría ser un aporte de los organismos internacionales para "endulzar" de contado la dura quita que, por ahora, luce inmodificable. O quizás alguna garantía del Tesoro de los EE.UU. para un bono que contemple el pago de los intereses caídos.
También podría considerarse un aporte de algunos gobiernos afectados indirectamente por el default argentino, pero direccionado sólo hacia los miles y miles de pequeños bonistas de esos mismos países (Alemania, Japón e Italia) y no hacia inversores institucionales del exterior, ni mucho menos hacia aquellos fondos buitre que compraron deuda a precios de liquidación para hacer juicio y cobrar. O quizás, algún "mix" entre todas estas posibilidades.
Es verdad que hasta ahora la comunidad internacional se ha propuesto no torcer las reglas del juego, que ya no involucra fondos públicos en los rescates; pero el duro contrapunto con el jefe de Finanzas alemán tuvo como estrategia avanzar sobre los pequeños tenedores, que hoy representan un grano demasiado molesto en el frente interno del visitante.
Japón aún resulta impenetrable, pero las autoridades confían en que además es práctico. En cambio, Italia está más permeable a brindar cierta ayuda para sus connancionales, inclusive con un proyecto legislativo que apunta a estatizar esas acreencias para negociar "mano a mano" con la Argentina.
En este aspecto, el reconocimiento a Nicola Stock -quien hasta hace dos semanas era considerado "un sello de goma" por las autoridades- como interlocutor de los bonistas peninsulares no deja de ser un eslabón más en la estrategia de presión a dos puntas. Lavagna también accedió a sentarse en una reunión convocada por él en Nueva York, aunque enviando como observador a un funcionario del Ministerio.
Y en el menú quedan los bonistas individuales, a quienes los bancos locales encargados de la negociación podrían ofrecer, sin salirse del marco de igualdad en la oferta para que no haya preferencias, títulos a la par en pesos y a mayor plazo, con fórmulas de ajuste o con seguros de cambio que protejan el capital. La especulación de las autoridades económicas es que ningún extranjero debería tentarse con este tipo de bonos.

Con las AFJP
En la misma línea de oferta, el propio Palacio de Hacienda se guardó la potestad de negociar con los inversores institucionales, entre ellos las AFJP, representantes de cuentas individuales de 9 millones de argentinos; aunque hoy sólo estén activos 3,5 millones. Nada menos que el 65% de los fondos de esas cuentas (unos $30 mil millones) están invertidos hoy en bonos en default. Está claro que las administradoras preferirían un bono par dolarizado, aunque sea a mayor plazo, ya que podrían computarlo a valor 100 y mantenerlo a finish en sus carteras, sin hacerles quitas a los futuros jubilados. Dependiendo de la situación de cada AFJP, se calcula que si hoy alguien se retira debido a la actual composición de las carteras perdería entre un 30 y un 40% de su haber jubilatorio.
Aunque las administradoras explican que hay mecanismos de seguridad para no quemar las naves (por ejemplo optando por el retiro programado y no por la renta vitalicia a la espera de mejores condiciones), el Gobierno no ignora que esa masa de gente es parte de su clientela electoral, y que pese a que hoy casi no existe conciencia del problema, ni siquiera entre los propios jubilados, la cosa podría darse vuelta en el futuro.
El andamiaje que empezó a construir Economía desde los bonistas individuales tiene un único fin: llegar al número mágico de 80% de aceptación de la oferta. Pese a que se dice que con el 66% estarían conformes, este es el piso para que los bancos accedan a la comisión por éxito. Un porcentaje igual o mayor como el que se sueña en la intimidad puede asegurar que los fondos buitre, que hacen juicios, sean enviados por los jueces a negociar. Para eso está trabajando Lavagna, en esta vuelta de tuerca. (DyN)

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