El rumbo de la convivencia

Si bien muy inferior a los cálculos de sus organizadores, el país fue sometido nuevamente a un plan de cortes de rutas y accesos urbanos por las organizaciones de piqueteros más resistentes al diálogo con las autoridades constitucionales. Los hechos, cuyos escenarios más significativos fueron la Capital Federal y su conurbano, así como las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Chaco, tuvieron por respuestas oficiales del Gobierno central y de los provinciales actitudes permisivas forzadas por el temor a que acciones para impedirlos ocasionaran confrontaciones violentas. Consecuentemente, los grandes perjudicados por esa abusiva práctica del derecho a peticionar y por la actitud de las autoridades fueron los millones de ciudadanos que nuevamente vieron coartadas sus libertades de circular y concurrir a sus obligaciones. En ese vacío de autoridad razonable y de responsabilidad cívica, un sólo caso dio testimonio de que es posible ordenar las diferencias para preservar el contenido sustancial de las instituciones. Se trata del juez federal bonaerense Adolfo Gabino Ziulu, quien impartió la orden de mantener despejada la autopista La Plata-Buenos Aires y personalmente controló su ejecución en el lugar con la autoridad provincial, logrando por acción de presencia que los piquetes se abstuvieran de interrumpir el tránsito, sin desistir por ello de su protesta.
Ese magistrado no ha sido, por cierto, un héroe, sino un funcionario del Estado resuelto a cumplir con su responsabilidad sin causar mayor daño a los intereses en juego. Consecuentemente, también un ejemplo para otros colegas suyos que, en inmensa mayoría, se desentienden habitualmente de esa clase de hechos eludiendo los deberes que las leyes y la ética judicial les imponen. Recientemente, en este lugar se señaló -a propósito de los temores de la autoridad política por impedir la reiteración de esos actos- el papel que el sistema institucional reserva a otros órganos del Estado, con referencia al Ministerio Público, establecido por el artículo 120 de la Constitución nacional "en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República". Los fiscales federales, en definitiva, no son menos pasivos, salvo muy contadas excepciones, que la gran mayoría de los jueces formalmente comprometidos. El ejemplo del juez Ziulu, dialoguista sin perder por eso su autoridad, es un rumbo a seguir; mas para ello será necesario que la autoridad política central no utilice los hechos como un recurso político en función de sus necesidades de poder.
Por cierto que los acontecimientos del jueves último estuvieron lejos de responder a la voluntad disociadora de los dirigentes más provocativos de su convocatoria, entre cuyas exigencias -de cumplimiento imposible y con postulaciones ideológicas tan anacrónicas como el maoísmo que el pujante capitalismo chino ha sepultado- profesan un odio rentado por subsidios públicos. Precisamente, el alejamiento de esas propuestas por parte de la sociedad democrática, donde vastos sectores han sido socialmente castigados por la crisis, es la situación que debe ser atendida con mayor preocupación, siguiendo el ejemplo del juez platense. Se trata de evitar que sectores ponderables de ciudadanos traten de impedir por sí mismos la violación de sus derechos, mediante una acción sustitutiva de la que el Estado no ejerce. Los hechos violentos de hace una semana en el centro de la ciudad de Buenos Aires constituyen un llamado de atención, así como las convocatorias a cacerolazos que en los recientes días han comenzado a insinuarse. La autoridad política, la Justicia y el Ministerio Público no pueden desentenderse de esas acciones directas que empujan a la Nación hacia un caos sin otro retorno que los peores tiempos del pasado.