20 Febrero 2004 Seguir en 
El escandaloso caso de las 4x4 no dejará tranquila a la Justicia durante este año. Algunos apostaban a que con la llegada de 2004 las aguas se aquietarían, pero el mar sigue embravecido.
El presidente de la Corte, Antonio Gandur, al ser entrevistado por LA GACETA en diciembre pasado, advirtió que las anomalías que se habían detectado en la auditoría general estaban encapsuladas en la Fiscalía IV, hasta hace poco conducida por el ahora suspendido Héctor Abraham Musi. El miércoles, la Corte fue a fondo con el bisturí. Sacó de su puesto al secretario Edgardo Ataliva Herrera, y lo mandó al Archivo. Con el prosecretario Hugo Tarifa preso, la dependencia quedó sin conducción. Quienes tienen en sus manos la intervención quedaron asombrados por el caos que impera.
Pero parece que la decisión de la Corte no será suficiente. Ya no es un secreto que los presuntos beneficios que recibía un grupo de personas que -según el juez federal Felipe Terán- lideraba el empresario Pedro Tomas, también habrían alcanzado a otras organizaciones, que no trabajaban con la Fiscalía IV. La aparición de oficios judiciales a favor del ahora detenido Gerardo Artaza o para algunos de sus familiares (esposa, hijo, nuera) puso al Poder Judicial al borde de otro cachetazo. Lo que para La Corte estaba encapsulado, en realidad se habría diseminado.
El proceso de entrega de vehículos está totalmente descontrolado. Hay desconfianza entre los mismos fiscales ya que -por las vacantes producidas en los últimos años- deben subrogar en otras dependencias, y ponerles la firma a oficios que, si no tienen sustento legal, pueden acarrearles un enorme dolor de cabeza. "Nosotros no tenemos peritos para saber si la documentación que llega a las fiscalías es original", dicen a modo de excusa. Justamente, uno de los puntos centrales de la investigación de la Justicia Federal es la utilización de documentos apócrifos.
Las máximas autoridades tribunalicias quieren que este sea el año de la transparencia. El juez de Cámara Pedro Roldán Vázquez opina que se podrá superar la crisis de la legalidad cuando el Poder Judicial pague cada día, puntualmente, su deuda de justicia con la gente.
Colapso
Todo aquel que siente que sus derechos han sido vulnerados recurre a la Justicia. Roldán Vázquez asegura que se debe demostrar que es posible esclarecer, a la vista de todos, aquellos asuntos que concitan el interés público, cualquiera que fuese la jerarquía o el poder político que disponga quien esté cuestionado en su accionar.
El fuero penal está colapsado. Colisiona un sistema perimido de jueces y fiscales creado hace más de 15 años -no se habla sólo de cantidad, sino también de calidad- con el impresionante aumento de causas. Al quitarle los poderes de superintendencia sobre las fiscalías al ministro fiscal, la Corte dejó en claro que no había control. A algunos fiscales se les recrimina que no tienen contacto con la realidad. Que reciben en sus despachos las causas ya armadas por sus subordinados, y ellos se encargan sólo de firmarlas. Algunos de ellos no saben lo que pasa en los mostradores o en las mismas oficinas, donde transita gran cantidad de personas que no buscan justicia, sino favores. Pero aseguran que no dan abasto para realizar todo el trabajo que les llega. Quien esté al frente de la Fiscalía IV tendrá en sus manos un hierro caliente. Por eso, el martes hubo llamados entre cinco fiscales que propusieron que la subrogancia de la IV quede en manos de Pedro Gallo, el fiscal anticorrupción. Advierten que tiene menos causas que su antecesor, Esteban Jerez, por lo que puede hacerse cargo. Los otros fiscales no quieren tener más frentes abiertos que puedan llevarles a cometer errores. La imagen de Musi sentado en la Legislatura los aterrorizó.
El presidente de la Corte, Antonio Gandur, al ser entrevistado por LA GACETA en diciembre pasado, advirtió que las anomalías que se habían detectado en la auditoría general estaban encapsuladas en la Fiscalía IV, hasta hace poco conducida por el ahora suspendido Héctor Abraham Musi. El miércoles, la Corte fue a fondo con el bisturí. Sacó de su puesto al secretario Edgardo Ataliva Herrera, y lo mandó al Archivo. Con el prosecretario Hugo Tarifa preso, la dependencia quedó sin conducción. Quienes tienen en sus manos la intervención quedaron asombrados por el caos que impera.
Pero parece que la decisión de la Corte no será suficiente. Ya no es un secreto que los presuntos beneficios que recibía un grupo de personas que -según el juez federal Felipe Terán- lideraba el empresario Pedro Tomas, también habrían alcanzado a otras organizaciones, que no trabajaban con la Fiscalía IV. La aparición de oficios judiciales a favor del ahora detenido Gerardo Artaza o para algunos de sus familiares (esposa, hijo, nuera) puso al Poder Judicial al borde de otro cachetazo. Lo que para La Corte estaba encapsulado, en realidad se habría diseminado.
El proceso de entrega de vehículos está totalmente descontrolado. Hay desconfianza entre los mismos fiscales ya que -por las vacantes producidas en los últimos años- deben subrogar en otras dependencias, y ponerles la firma a oficios que, si no tienen sustento legal, pueden acarrearles un enorme dolor de cabeza. "Nosotros no tenemos peritos para saber si la documentación que llega a las fiscalías es original", dicen a modo de excusa. Justamente, uno de los puntos centrales de la investigación de la Justicia Federal es la utilización de documentos apócrifos.
Las máximas autoridades tribunalicias quieren que este sea el año de la transparencia. El juez de Cámara Pedro Roldán Vázquez opina que se podrá superar la crisis de la legalidad cuando el Poder Judicial pague cada día, puntualmente, su deuda de justicia con la gente.
Colapso
Todo aquel que siente que sus derechos han sido vulnerados recurre a la Justicia. Roldán Vázquez asegura que se debe demostrar que es posible esclarecer, a la vista de todos, aquellos asuntos que concitan el interés público, cualquiera que fuese la jerarquía o el poder político que disponga quien esté cuestionado en su accionar.
El fuero penal está colapsado. Colisiona un sistema perimido de jueces y fiscales creado hace más de 15 años -no se habla sólo de cantidad, sino también de calidad- con el impresionante aumento de causas. Al quitarle los poderes de superintendencia sobre las fiscalías al ministro fiscal, la Corte dejó en claro que no había control. A algunos fiscales se les recrimina que no tienen contacto con la realidad. Que reciben en sus despachos las causas ya armadas por sus subordinados, y ellos se encargan sólo de firmarlas. Algunos de ellos no saben lo que pasa en los mostradores o en las mismas oficinas, donde transita gran cantidad de personas que no buscan justicia, sino favores. Pero aseguran que no dan abasto para realizar todo el trabajo que les llega. Quien esté al frente de la Fiscalía IV tendrá en sus manos un hierro caliente. Por eso, el martes hubo llamados entre cinco fiscales que propusieron que la subrogancia de la IV quede en manos de Pedro Gallo, el fiscal anticorrupción. Advierten que tiene menos causas que su antecesor, Esteban Jerez, por lo que puede hacerse cargo. Los otros fiscales no quieren tener más frentes abiertos que puedan llevarles a cometer errores. La imagen de Musi sentado en la Legislatura los aterrorizó.
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