No politizar el default

Hace más de dos años, el presidente de la transición, Adolfo Rodríguez Saá, declaró el estado de insolvencia de la Nación ante sus acreedores, entre la sorprendente ovación de la Asamblea Legislativa del Congreso. Desde entonces hasta la fecha, el Gobierno federal formuló una propuesta de reestructuración de la deuda pública por 88.000 millones de dólares, cuya negociación avanza entre notorias dificultades, estimándose que podría llegarse a un acuerdo a fin del presente año o a principios de 2005. Esas circunstancias hacen del default argentino el mayor registrado y con más prolongado trámite de solución en la comunidad internacional. Tras aquella declaración quedaron suspendidos los pagos de capital e intereses de 145 series de títulos en poder de una gran diversidad de inversores. De ellos, el 40% son argentinos y, entre estos, millones de aportantes al sistema privado de jubilaciones, que debe computar algo más del 70% de su capital en deuda pública. Otra suma voluminosa de medianos y pequeños ahorristas se ha registrado en diferentes países, al igual que en el nuestro, donde el Estado llegó en numerosas ocasiones a imponer compulsivamente esos títulos a acreedores por distintos conceptos.

La declaración de insolvencia y el largo tiempo transcurrido desde entonces permitieron la aparición de inversores especulativos -los llamados "fondos buitre"-, que adquirieron títulos desvalorizados por su degradación y que actualmente accionan judicialmente contra el Estado nacional demandando inhibiciones y embargos en el exterior. Esa calificación se corresponde con el sector más activo y ruidoso que debate por la deuda, pero no por ello el más significativo en cuanto a volumen, por lo que es del todo inapropiado que se generalice mediante el mismo una agresión irrespetuosa a tantos inversores de buena fe alcanzados por la cesación de pagos. Esta, al menos, es una peculiaridad del estilo con que ciertos integrantes del Gobierno nacional manejan públicamente las consecuencias del default, descalificando por añadidura toda otra opinión o alternativa que no sea la oficial, presentada a veces como una causa patriótica irrevocable. La quita nominal de la propuesta gubernamental es de 75%, más los intereses vencidos y no pagados, lo que representa un nivel inédito con relación a otras insolvencias nacionales. Ello genera no sólo acciones de grupos de inversores, sino la presencia activa del problema en la relación con el Fondo Monetario Internacional, que lo ha incluido entre las pautas cualitativas requeridas para las auditorías trimestrales del acuerdo contingente en vigencia.

Ciertamente que la situación fiscal del país no permite en su presente realidad una oferta aceptable o menos resistida, sin afectar aún más los niveles de depresión social causados por la crisis. Sin embargo, una visión de largo plazo permite advertir que es posible generar un superávit fiscal primario adecuado al servicio del acuerdo sobre la deuda, con el compromiso ineludible del poder central y las provincias, para mejorar metas fiscales sin afectar los fines sociales. Reducir la elevada evasión tributaria y frenar los excesos en el gasto burocrático son dos deudas políticas pendientes y olvidadas con numerosos proyectos de reformas administrativas y de segunda generación, para hacer eficiente el gasto social. Con esa dirección debe actuar el poder político y no tratando de evadir alternativas realistas mediante acciones y propuestas evasivas, cuyo costo para los intereses generales puede tornarse insoportable social e institucionalmente. El problema de la deuda debe ser, pues, motivo de inteligentes negociaciones y no de disputas, enfrentando la realidad sin las recurrentes pretensiones de un exitismo político inmediato en desmedro del futuro de la nación.