18 Febrero 2004 Seguir en 
"Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie". De la novela El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957).
Al tiempo que el gobernador José Alperovich se manifestó en favor de la reforma de la Constitución, primero para cambiar la provincia y después para habilitar la posibilidad de ser reelecto, en la Justicia Electoral local comenzaron ya los movimientos para licitar los elementos que demanda la realización de los comicios. Quien quiera creer que el proceso está en marcha, está en su legítimo derecho.
La cuestión de retocar la Carta Magna, sin embargo, tiene un pecado original para los poderes políticos actuales, que hacen flamear las banderas de la transparencia y de los "nuevos tiempos". La ley que declara la necesidad de alterar el texto constitucional está sospechada de haber sido aprobada en un contexto oscuro. Presuntamente, podrían haberse pagado $ 2 millones para los 27 legisladores que en la madrugada del 20 de febrero de 2002 la sancionaron. Consecuentemente, convocar a una elección de convencionales constituyentes sobre la base de esa norma con olor a soborno, tiene una evidente ilegitimidad de origen, por lo menos, desde el punto de vista de la ética.
La oposición, justamente, cabalga sobre este hecho. El "no" a la reforma es un exótico caballito de batalla que, técnicamente, sólo encuentra hábitat en el subtrópico. Ocurre que quien modifica la Ley de Leyes es el Poder Constituyente, con lo cual, oponerse a la reforma es, ni más ni menos, como oponerse a la Justicia, a la Legislatura o al Poder Judicial. Eso, claro está, no se aplica en estas latitudes, donde la presunción de una millonaria coima puede ser la excepción política para la lógica jurídica.
Pero esta postura principista es, también, un camino sin retorno. Si el Gobierno, finalmente, legitima la validez de la cuestionada ley convocando a comicios constituyentes, la única senda coherente que parece quedarles a los opositores es la de participar comprometiéndose a que, en caso de obtener la mayoría, procederán a disolver la Convención. Impugnar los comicios desde la tribuna electoral para luego sentarse en la asamblea constituyente y convalidar la reforma, luce poco coherente. A propósito de ello, Juan Domingo Perón decía que el ridículo es un viaje de ida.
Dos ideas y dos facciones
Dos ideas centrales dominan los intereses reformistas del oficialismo. Una es la reelección y la otra es la modificación de las circunscripciones electorales. El PJ, obviamente, irá por toda la parada si no encuentra resistencia, pero si hubiera que negociar alguna de las dos pretensiones, se advertirían grupos con intereses contrapuestos.
Claramente, a Alperovich le interesa sobremanera la posibilidad de acceder a otro período. Pero para buena parte de los justicialistas, bien vale sacrificar esa cláusula en pos de trastrocar el mapa electoral. La idea de departamentalizar la representación parlamentaria entusiasma a más de un ingeniero electoral justicialista, sobre la base de que el PJ arrasa en los municipios del interior y en las comunas. Hay legisladores del PJ que abonan esta idea. En especial los ex intendentes, quienes acarician la idea de recibirse de jefes territoriales, controlando las municipalidades y teniendo a sus propios representantes en la Cámara.
Si las opciones son prolongar la permanencia en los cargos o borrar a la oposición del mapa, parece evidente que en las discusiones de fondo, en el debate por el verdadero poder, se quiere cambiar para que todo siga igual.
Por lo pronto, los parlamentarios estarían por avanzar decididamente hacia la recuperación de terreno en la arena reformista. Las conversaciones entre oficialistas y opositores para acordar la derogación de la ley que habilita la modificación constitucional y sancionar otra se han intensificado. Eso puede terminar en una enmienda parcial en lugar de un cambio total. Pareciera que el PJ quiere validar su título de socio del gobernador.
Al tiempo que el gobernador José Alperovich se manifestó en favor de la reforma de la Constitución, primero para cambiar la provincia y después para habilitar la posibilidad de ser reelecto, en la Justicia Electoral local comenzaron ya los movimientos para licitar los elementos que demanda la realización de los comicios. Quien quiera creer que el proceso está en marcha, está en su legítimo derecho.
La cuestión de retocar la Carta Magna, sin embargo, tiene un pecado original para los poderes políticos actuales, que hacen flamear las banderas de la transparencia y de los "nuevos tiempos". La ley que declara la necesidad de alterar el texto constitucional está sospechada de haber sido aprobada en un contexto oscuro. Presuntamente, podrían haberse pagado $ 2 millones para los 27 legisladores que en la madrugada del 20 de febrero de 2002 la sancionaron. Consecuentemente, convocar a una elección de convencionales constituyentes sobre la base de esa norma con olor a soborno, tiene una evidente ilegitimidad de origen, por lo menos, desde el punto de vista de la ética.
La oposición, justamente, cabalga sobre este hecho. El "no" a la reforma es un exótico caballito de batalla que, técnicamente, sólo encuentra hábitat en el subtrópico. Ocurre que quien modifica la Ley de Leyes es el Poder Constituyente, con lo cual, oponerse a la reforma es, ni más ni menos, como oponerse a la Justicia, a la Legislatura o al Poder Judicial. Eso, claro está, no se aplica en estas latitudes, donde la presunción de una millonaria coima puede ser la excepción política para la lógica jurídica.
Pero esta postura principista es, también, un camino sin retorno. Si el Gobierno, finalmente, legitima la validez de la cuestionada ley convocando a comicios constituyentes, la única senda coherente que parece quedarles a los opositores es la de participar comprometiéndose a que, en caso de obtener la mayoría, procederán a disolver la Convención. Impugnar los comicios desde la tribuna electoral para luego sentarse en la asamblea constituyente y convalidar la reforma, luce poco coherente. A propósito de ello, Juan Domingo Perón decía que el ridículo es un viaje de ida.
Dos ideas y dos facciones
Dos ideas centrales dominan los intereses reformistas del oficialismo. Una es la reelección y la otra es la modificación de las circunscripciones electorales. El PJ, obviamente, irá por toda la parada si no encuentra resistencia, pero si hubiera que negociar alguna de las dos pretensiones, se advertirían grupos con intereses contrapuestos.
Claramente, a Alperovich le interesa sobremanera la posibilidad de acceder a otro período. Pero para buena parte de los justicialistas, bien vale sacrificar esa cláusula en pos de trastrocar el mapa electoral. La idea de departamentalizar la representación parlamentaria entusiasma a más de un ingeniero electoral justicialista, sobre la base de que el PJ arrasa en los municipios del interior y en las comunas. Hay legisladores del PJ que abonan esta idea. En especial los ex intendentes, quienes acarician la idea de recibirse de jefes territoriales, controlando las municipalidades y teniendo a sus propios representantes en la Cámara.
Si las opciones son prolongar la permanencia en los cargos o borrar a la oposición del mapa, parece evidente que en las discusiones de fondo, en el debate por el verdadero poder, se quiere cambiar para que todo siga igual.
Por lo pronto, los parlamentarios estarían por avanzar decididamente hacia la recuperación de terreno en la arena reformista. Las conversaciones entre oficialistas y opositores para acordar la derogación de la ley que habilita la modificación constitucional y sancionar otra se han intensificado. Eso puede terminar en una enmienda parcial en lugar de un cambio total. Pareciera que el PJ quiere validar su título de socio del gobernador.
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