El registro del conductor

Una amplia nota, en nuestra edición de ayer, demuestra la facilidad con que cualquier persona puede acceder a un registro de conductor -de las categorías que se le ocurran- con el único requisito de pagar el derecho correspondiente y llevar un par de fotografías. Todos los demás recaudos establecidos por las leyes (incluyendo la presentación del documento de identidad original) constituyen letra muerta, ya que se los pasa por alto sin dificultad alguna. El trámite completo dura minutos en los municipios vecinos a San Miguel de Tucumán, como lo detalla nuestra nota. Es verdad que en la capital es preciso cumplimentar algunos requisitos más, pero ellos distan de ser todo lo rigurosos que debieran.
La comprobación no puede sino resultar alarmante. Es por todos conocido que quien conduce un vehículo está a cargo de algo que, además de las múltiples finalidades positivas que posee, constituye también un elemento en extremo peligroso, que mal guiado puede suscitar las más sangrientas catástrofes. De allí que la habilitación para manejar, en todas las épocas, haya constituido algo más que una simple gestión administrativa donde se paga un canon; y que leyes y ordenanzas hayan estatuido una serie de pautas para verificar, razonablemente, la capacidad que tiene una persona para estar al volante de un automotor. Exámenes médicos y teórico-prácticos son exigencias elementales que debe llenar quien aspira a desempeñar tal responsabilidad.
Velar para que esas leyes y ordenanzas se cumplan es una responsabilidad del Estado, y causa profunda inquietud verificar que, lentamente, el relajamiento administrativo y la irresponsabilidad de funcionarios de todos los rangos, haya terminado diseñando la vergonzosa realidad que nuestra nota devela. Ella está mostrando, repetimos, que en los hechos, cualquiera puede obtener la autorización oficial para manejar, desde la primera categoría hasta la profesional.
No pueden las autoridades aducir que desconocen un cuadro de esta índole, ya que sus características estaban desde hace mucho tiempo hasta en el comentario del hombre de la calle. De allí que la mayoría de los vecinos de esta ciudad (un 80%, de acuerdo con nuestra nota) prefería gestionar su registro en otras comunas, para evitarse hasta los escasos trámites que exige el municipio de la capital.
Es evidente que semejante estado de cosas no puede quedar como una anécdota más, ilustrativa del desorden y del desprecio a la ley que ha hecho carne en Tucumán desde hace ya bastante tiempo. Es necesaria una urgente respuesta de las autoridades, en forma de providencias que obtengan la drástica modificación de lo que está ocurriendo. Ello además de establecer las responsabilidades legales que correspondan, para quienes han obrado con tan inadmisible ligereza en un asunto vinculado a la seguridad en las calles y en las carreteras.
No puede dejarse de pensar que muchos de los accidentes que ocurren en nuestro territorio han de estar vinculados al hecho de que quienes conducen automotores no tienen las condiciones para hacerlo como corresponde. Como lo puntualiza nuestra nota, debe recordarse que en Tucumán muere más gente, en percances de tránsito, que en la Capital Federal, donde hay diez veces más cantidad de autos. En el último semestre del año pasado, además, los choques aumentaron en más de un 80%. Se trata de algo sobre lo cual resulta imprescindible una reflexión, por parte de quienes gobiernan y de la ciudadanía en general.
Frente a hechos como los mentados, corresponde que el poder público se ponga inmediatamente en acción. Le urge restablecer, en la población, la sensación de que cumple con sus deberes en temas de tanta trascendencia como el que nos ocupa.