Violencia extorsiva impune

El cerco y la ocupación parcial del Ministerio de Trabajo de la Nación por organizaciones duras de piqueteros, en demanda de la restitución de subsidios que fueron dados de baja, amenazan con desembocar finalmente en un conflicto entre el principio de autoridad y la violencia contra el orden institucional. Durante el año último, el Poder Ejecutivo Nacional canceló 250.220 beneficios del plan Jefes y Jefas de Hogar, tras una revisión de ese padrón cuyo resultado demostró que 120.000 subsidiados habían conseguido empleo oficial, en tanto que el resto evidenciaba situaciones irregulares de asignación, y carecía de las condiciones exigidas. La respuesta ha sido ese hecho violento, cuyos protagonistas anunciaron nuevas medidas de esa naturaleza en el distrito federal y provincias, hasta el logro de sus fines.
Por su parte, las autoridades han afirmado que no harán concesiones ni forzarán los desalojos de la sede ministerial ni las vías de tránsito afectadas. Por tratarse de una zona céntrica y punto neurálgico de las comunicaciones del microcentro porteño, es fácil advertir que el daño mayor es sufrido por terceros, tanto transeúntes -que viajan para cumplir con sus obligaciones-, como centenares de comerciantes y oficinistas.
No se trata de analizar las razones de las autoridades ni de los ocupantes que intentan revertir una decisión oficial, sino del hecho violento protagonizado por quienes eluden los medios institucionales para reclamar presuntos derechos.
El punto esencial es determinar la legitimidad de esa grosera amenaza contra la seguridad pública, así como de la pasividad del Estado que, por razones insuficientemente explicadas, permite que el sistema legal colapse, a riesgo de graves situaciones con tardío control. Nuestra sociedad ha advertido sobradamente, desde que comenzó la crisis, los efectos sociales sin precedentes que recaen sobre una proporción excepcional de ciudadanos y, en consecuencia, el derecho humano a peticionar mediante acciones que en todo momento fueron justificadas por la realidad. Sin embargo, no es ese el caso actual, cuando el lenguaje provocador de los agresores vaticina mayor violencia, y amenaza con nuevas agresiones, aun a costa del orden institucional. Los máximos responsables de esa temeraria estrategia constituyen una minoría entre las organizaciones de piqueteros, y actúan mediante grupos muy organizados y un costoso aparato operativo que, a juicio de las autoridades, pretendería ser reprimido para ganar espacio político en el interés público.
El argumento oficial, en consecuencia, es la pasividad del sistema de seguridad y orden público, lo cual evidencia un temor a que la opinión ciudadana desautorice al Gobierno, optando por las alternativas violentas. Pero en el fondo de la cuestión subyace una situación que excede a esa política gubernamental y que corresponde al papel que el sistema institucional reserva a otros órganos del Estado. En este caso, el Ministerio Público que, según establece el artículo 120 de la Constitución nacional, es un órgano independiente con autonomía funcional, que "tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República". Se trata del cuerpo de fiscales, con inmunidades funcionales entre otras condiciones de independencia, cuyas acciones no deben estar condicionadas por decisiones políticas de gobierno que toleren la agresión a aquellos intereses, tan evidente en la situación que se analiza como las amenazas públicas y los hechos consiguientes de sus protagonistas.
Ante la quiebra del orden mínimo requerido por la convivencia, no debe distinguirse entre una tolerancia oportunista de la violencia y la firmeza políticamente conveniente de las leyes frente a conductas delictivas que afectan a la seguridad pública.