11 Febrero 2004 Seguir en 
"Todo pasa y todo retorna; todo muere y vuelve a florecer; todo se quebranta y se reajusta". Friedrich Nietzsche (1844-1900)
En su artículo 28, la Constitución nacional sostiene que los derechos de las personas no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Esta definición consagra uno de los principios más necesarios y menos respetados: el de la razonabilidad. Esa es una regla sustancial para el comportamiento del Estado, y alcanza a las normas y a los actos administrativos. Una de las implicancias fundamentales de este postulado es que los representantes del pueblo están constitucionalmente obligados a cumplir sus conductas mediante actos capaces de ser compartidos por el hombre común. El Concejo Deliberante de Concepción acaba de estrellarlo.El incremento del presupuesto de ese organismo deliberativo, otorgado por la mayoría de sus propios miembros, es la reiteración de una película que los tucumanos ya vieron. Y que ya repudiaron. Pero en los últimos tiempos, esta provincia -gracias a quienes la conducen- se comporta como si la historia se resistiera a avanzar y estuviera condenada a un destino circular, que la lleva constantemente a reeditar acontecimientos que ya han sido vividos. El del eterno retorno, en el subtrópico, antes que un mito, parece una maldición.Aún está fresca la indignación contra los derogados gastos de bloque, esos dineros de los que disfrutaban los legisladores de la Cámara anterior, con la excepción de Osvaldo Cirnigliaro. Ningún escándalo como el de la disposición de esos fondos reservados promovió tan a fondo la discusión sobre cuál debía ser la función de los cuerpos parlamentarios.
El resultado de debatir aquel planteo marcó una distinción tajante. La tarea de los organismos deliberativos consiste en adaptar la normativa a las demandas de la realidad, sin descuidar la defensa del derecho vigente, para evitar las tiranías que se sirven de la ley como instrumento de sojuzgamiento. No están, en cambio, para financiar con políticas asistencialistas el trabajo de campo de sus miembros.
La decisión de los ediles de la "Perla del Sur" de llevar los gastos de su institución de $ 680.000 a casi $ 900.000 reflota el planteo sobre la función de los concejos. Más aún si se considera que, si para algo sirvieron en las gestiones anteriores, fue para respaldar el endeudamiento de los municipios. Con premios para los levantamanos que avalaban la persecución de los escasos opositores.
Los representantes de los vecinos de Concepción, ajustándose a la letra del "Pacto de Crecimiento" acordado con la provincia, llevaron sus dietas de $ 1.500 a $ 2.000. Esta suba salarial (de la que el común de los empleados no goza) representa un incremento anual de casi $ 80.000, si se multiplican los $ 500 del incremento por los 12 ediles y por sus 13 sueldos anuales. Resta saber en qué justifican los otros $ 140.000 del aumento presupuestario general.
El número de representantes vecinales no aumentó en Concepción y los concejales tampoco tienen asignadas por ley funciones nuevas. Está claro que la devaluación encareció el costo de vida, pero que se haya inflacionado la tarea legislativa es una consecuencia definitivamente no prevista por los economistas. Mas sí por los concejales.
En Concepción -la ciudad con uno de los índices más elevados de personas viviendo con necesidades básicas insatisfechas, con poco más de 900 menores declarados desnutridos-, que los representantes populares justifiquen el engorde de sus partidas presupuestarias en nombre de la autarquía es de dudosa razonabilidad. De hecho, si en estas tierras se puede conseguir independencia política sólo mediante el aumento de los presupuestos, más que reformar la Constitución habría que derogarla. Discutir, luego, si una entidad como un Concejo Deliberante, que forma parte de un todo como es la Municipalidad, puede ser autárquico, es casi secundario.
La demagogia no hará mejores políticos a los concejales. Tomar el nombre del pueblo en vano, tampoco.
En su artículo 28, la Constitución nacional sostiene que los derechos de las personas no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Esta definición consagra uno de los principios más necesarios y menos respetados: el de la razonabilidad. Esa es una regla sustancial para el comportamiento del Estado, y alcanza a las normas y a los actos administrativos. Una de las implicancias fundamentales de este postulado es que los representantes del pueblo están constitucionalmente obligados a cumplir sus conductas mediante actos capaces de ser compartidos por el hombre común. El Concejo Deliberante de Concepción acaba de estrellarlo.El incremento del presupuesto de ese organismo deliberativo, otorgado por la mayoría de sus propios miembros, es la reiteración de una película que los tucumanos ya vieron. Y que ya repudiaron. Pero en los últimos tiempos, esta provincia -gracias a quienes la conducen- se comporta como si la historia se resistiera a avanzar y estuviera condenada a un destino circular, que la lleva constantemente a reeditar acontecimientos que ya han sido vividos. El del eterno retorno, en el subtrópico, antes que un mito, parece una maldición.Aún está fresca la indignación contra los derogados gastos de bloque, esos dineros de los que disfrutaban los legisladores de la Cámara anterior, con la excepción de Osvaldo Cirnigliaro. Ningún escándalo como el de la disposición de esos fondos reservados promovió tan a fondo la discusión sobre cuál debía ser la función de los cuerpos parlamentarios.
El resultado de debatir aquel planteo marcó una distinción tajante. La tarea de los organismos deliberativos consiste en adaptar la normativa a las demandas de la realidad, sin descuidar la defensa del derecho vigente, para evitar las tiranías que se sirven de la ley como instrumento de sojuzgamiento. No están, en cambio, para financiar con políticas asistencialistas el trabajo de campo de sus miembros.
La decisión de los ediles de la "Perla del Sur" de llevar los gastos de su institución de $ 680.000 a casi $ 900.000 reflota el planteo sobre la función de los concejos. Más aún si se considera que, si para algo sirvieron en las gestiones anteriores, fue para respaldar el endeudamiento de los municipios. Con premios para los levantamanos que avalaban la persecución de los escasos opositores.
Los representantes de los vecinos de Concepción, ajustándose a la letra del "Pacto de Crecimiento" acordado con la provincia, llevaron sus dietas de $ 1.500 a $ 2.000. Esta suba salarial (de la que el común de los empleados no goza) representa un incremento anual de casi $ 80.000, si se multiplican los $ 500 del incremento por los 12 ediles y por sus 13 sueldos anuales. Resta saber en qué justifican los otros $ 140.000 del aumento presupuestario general.
El número de representantes vecinales no aumentó en Concepción y los concejales tampoco tienen asignadas por ley funciones nuevas. Está claro que la devaluación encareció el costo de vida, pero que se haya inflacionado la tarea legislativa es una consecuencia definitivamente no prevista por los economistas. Mas sí por los concejales.
En Concepción -la ciudad con uno de los índices más elevados de personas viviendo con necesidades básicas insatisfechas, con poco más de 900 menores declarados desnutridos-, que los representantes populares justifiquen el engorde de sus partidas presupuestarias en nombre de la autarquía es de dudosa razonabilidad. De hecho, si en estas tierras se puede conseguir independencia política sólo mediante el aumento de los presupuestos, más que reformar la Constitución habría que derogarla. Discutir, luego, si una entidad como un Concejo Deliberante, que forma parte de un todo como es la Municipalidad, puede ser autárquico, es casi secundario.
La demagogia no hará mejores políticos a los concejales. Tomar el nombre del pueblo en vano, tampoco.
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