El decreto sobre inmigración

Un decreto del Poder Ejecutivo Nacional ha suspendido las expulsiones de extranjeros de países limítrofes que residen irregularmente en el nuestro, con excepción de aquellos con antecedentes penales. La decisión se adelanta a la nueva ley de inmigración sancionada en diciembre, cuya reglamentación tardará, al menos, seis meses. Según cifras oficiales, en Argentina residen ilegalmente 1,2 millón de inmigrantes de esas procedencias, pero las organizaciones en que la mayoría de los ellos se agrupan consideran que la cantidad es considerablemente mayor. No debe extrañar que ocurra así, pues tradicionalmente el control estatal del cruce irregular de fronteras ha sido muy ineficiente, a la vez que el de residencia, afectado por un alto grado de corrupción que denuncian quienes tratan de normalizar sus situaciones.
En consecuencia, el decreto en cuestión viene a configurar un blanqueo justificado por la Dirección Nacional de Migraciones, cuyo titular sostiene: "la legalidad precedente generaba más ilegalidad". Sería algo así como apagar la luz para que no se note el desorden, mas las graves irregularidades son de tan vieja data que no pueden resolverse de un día para otro. La ley por reglamentar prohíbe la contratación de extranjeros en situaciones irregulares y legaliza el envío de remesas de dinero al exterior, pero esto último requiere otras complejas reformas; entre otras, legalizar a quienes se encuentran en negro. Las autoridades de migraciones no desconocen que esos casos y las flaquezas del Estado provocan situaciones de angustia e injusticia entre quienes se ven sometidos a costosos intermediarios y a una burocracia donde los trámites pueden llevar años, durante los cuales resulta imposible legalizar el empleo y atender necesidades mínimas de la familia.
Pero aun así, e inclusive en los momentos más difíciles de la vida nacional, para la mayoría de los inmigrantes clandestinos ha sido preferible optar por nuestro país para mejorar sus condiciones de existencia, un derecho humano esencial que no debe dejar de protegerse, mas con las garantías que el Estado debe asegurar a nacionales y extranjeros.
El decreto en cuestión tiene como otro de sus fundamentos el de contribuir al proceso de integración con las naciones vecinas, propósito integrista que hasta el momento ha sido tan sólo una expresión de deseos que hace de la medida una decisión unilateral en el marco del Mercosur. El nuestro se convierte así en el único país de la región que blanquea la inmigración irregular, en condiciones manifiestas de desigualdad que, aun en la crisis, siguen alentando esas inmigraciones. No sólo los salarios más bajos en zonas muy castigadas socialmente expulsan a sus pobladores hacia la Argentina, sino el hecho del elevado índice de trabajo en negro, escasamente controlado, y del que esa inmigración se beneficia. Especialmente en los grandes centros urbanos, donde tal realidad es evidente y la autoridad de aplicación actúa con lenidad por carecer de una política precisa. La política inmigratoria que insinúa ese decreto tan ligeramente justificado requiere condiciones semejantes en todos los países de la región, algo que no ocurre y que, en consecuencia, elevará los flujos migratorios hacia el nuestro. Especialmente en el caso de la migración no calificada y cuando la crisis ha castigado a nuestra sociedad con el alto desempleo y la marginación. Por todo ello, la flamante decisión oficial requiere una explicación que permita conocer cuáles son las ideas y los objetivos que el Gobierno central tiene sobre el destino de la República; es decir, si responden o no a los principios y propósitos que le dieron alguna vez un lugar privilegiado en la comunidad internacional.