Submarino judicial

"No puede ser que un submarino pase por una fiscalía y nadie lo sepa". Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sobre la falsificación de documentos que permitía la circulación de 4x4 robadas. (Anuario 2003 de LA GACETA)

Un viejo truco de los empleados públicos consiste en habilitar al público un prolijo cuaderno, forrado y con rótulo, para que se asienten los reclamos contra el organismo en el que trabajan, mientras el Libro de Quejas oficial duerme en un cajón. El procedimiento, producto de esa nefasta conciencia denominada "viveza criolla", suele pasar inadvertido para los jefes de área. Lamentablemente, los hechos que envuelven al llamado "escándalo de las 4x4" carecen de cualquier viso de domesticidad que pueda justificar que jamás hayan sido advertidos.
Los acontecimientos son de tal magnitud que hasta a la propia presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia le resulta difícil creer que no hayan sido advertidos. La autocrítica de Antonio Gandur, debe decirse, es meritoria, por cuanto la propia Corte quedó magullada con el episodio por el cual el fiscal penal Héctor Musi fue sometido ayer a un juicio político.Precisamente, el fondo de este cimbronazo es la falla de los controles. Las falencias llegan a tal extremo que los entuertos con los vehículos salieron a luz por el accionar de organismos externos a Tribunales. Como agravante, las primeras irregularidades fueron detectadas por un humilde control caminero de Gendarmería en Misiones.

Comisión y omisión
Según la auditoría practicada por la Corte a la oficina judicial que hasta ayer dirigía Musi, existía, virtualmente, una Fiscalía penal paralela en el mismísimo Tribunal de Justicia. La existencia de más 1.700 expedientes ingresados en ese organismo, sin registro en mesa de entradas, es una sirena que resuena en el Ministerio Fiscal y en el máximo tribunal, responsables de la superintendencia de los fiscales. Es evidente que había libros paralelos, y no precisamente para las quejas.
La prostitución infantil fue otro sacudón de trascendencia nacional, que impactó en el mismo costado.
Para la Corte resulta tan preocupante la presunta comisión de ilícitos con la entrega de las 4x4, como la omisión de controles. Si no hubo un sistema para descubrir procedimientos supuestamente delictivos que tenían lugar en la Fiscalía IV, queda claro que tampoco hay mecanismos para impedirlos. La presunción de que situaciones irregulares puedan suceder en el futuro, o estar ocurriendo ahora es, a la luz de los hechos, tan legítima como pavorosa. El cineasta Alfred Hitchcock definía al terror con la imagen de un hombre sentado sobre una bomba. "El público lo sabe -indicaba-, pero él no".
Justamente, otro de los flancos débiles del Poder Judicial proviene también del Ministerio Público. El silencio y el accionar de la Fiscalía Anticorrupción convirtió a una de las fortalezas de la Justicia en una de sus costillas flacas. La sociedad dio multitudinarias muestras de apoyo a la promoción y a la publicidad de investigaciones de supuestos delitos contra el Estado. Desde 1810 hasta ahora, el pueblo viene reclamando que quiere saber de qué se trata.

Coletazo parlamentario
La auditoría de la Corte conmoverá también a la Legislatura, nada menos que en el marco del juicio político. Según el informe, en la Fiscalía IV se habría demorado intencionalmente la denuncia de Estela de Roldán contra Juan Enrique Orellana, por una supuesta agresión física. El ex intendente de Famaillá es ahora legislador y se encuentra entre los 28 parlamentarios que deberán integrar el tribunal que enjuiciará a Musi. En la Cámara suponen que su excusación es inminente.
Se abrió una caja de Pandora de la que puede salir toda clase de males. En el fondo, ojalá, se halle la esperanza.