Tensiones en el frente externo

Como era previsible, las relaciones del Gobierno nacional con el Fondo Monetario, en las proximidades de la segunda revisión del acuerdo contingente suscripto entre ambos, han terminado vinculándose a la dificultosa negociación de la deuda externa con acreedores privados. La compleja circunstancia pone en riesgo dicha revisión prevista para las semanas inmediatas sobre la marcha fiscal convenida en el acuerdo, a pesar de que los datos macroeconómicos de la gestión oficial se ajustan a ella. Sin embargo, situaciones formalmente ajenas, como son las diferencias con los tenedores de bonos declarados en insolvencia (acreedores de 86.000 millones de dólares) y en torno de las tarifas de servicios públicos privatizados colocan en la incertidumbre el resultado de aquella revisión. Hasta aquí la realidad en debate, más allá de toda observación formalista sobre el cruzamiento de ambos problemas. La situación presente y sus riesgos fueron advertidos hace tiempo por los observadores, mas no fue debidamente dimensionada por sus protagonistas, de tal forma que sus consecuencias han comenzado a manifestarse. El punto de máxima fricción es que el acuerdo sobre la segunda revisión del convenio con el Fondo Monetario debe ser considerado por su directorio, donde el Grupo de los Siete países ricos es decisivo y representa al mayor número de acreedores y empresas privatizadas.
Esta última circunstancia ha sido la causa de que las autoridades del organismo internacional hayan relacionado con la próxima revisión esos problemas ajenos a él, y hayan solicitado al Gobierno argentino que mejore el nivel de las negociaciones apelando a la buena fe, término este que entre nosotros adquiere una gravedad ofensiva que no tiene en el manejo internacional de los negocios. La buena fe debe entenderse como un estado de confianza recíproca entre partes de una negociación, algo que sin duda ha faltado desde que el ministro Roberto Lavagna anunció en Dubai una propuesta inamovible sobre pago del 25% a los tenedores de bonos en default. A partir de ese momento las relaciones con los grupos de bonistas agrupados en comisiones específicas brillaron por su ausencia, mientras la terminología de la situación se dedicó en buena parte al agravio recíproco a través de los medios, donde los chivos emisarios fueron indiscriminadamente los bonistas. Entre ellos, los argentinos, más numerosos que los de cualquier otro país -de los cuales muchos son bonistas forzosos por decisiones oficiales- a los que se ha llegado a calificar como idiotas útiles o especuladores inmorales.
El gran problema, pues, requiere una prudencia extrema de sus protagonistas, para no frustrar irracionalmente sus intereses como deudores o acreedores, así como mayor lealtad con la verdad que se trata de eludir. Una verdad histórica donde el organismo internacional aparece aprobando con reiteración desbordes y tropelías fiscales que condujeron finalmente a la presente situación, y en la que muy buena parte de sus causantes son los mismos que ahora agitan temerariamente banderas de un nacionalismo impropio de semejantes comportamientos. Basta recorrer las nóminas de los poderes públicos y partidocráticos de los recientes años para advertir esas mutaciones y exigir de sus responsables conductas más adecuadas frente a una realidad donde están en juego intereses superiores de la Nación. Los buenos modos no están reñidos con la firmeza en la negociación de un acuerdo posible y necesario para asegurar el futuro de las inversiones, sin las cuales no será posible un crecimiento sostenido. Por lo demás, deben servir para que, en lo sucesivo, los organismos internacionales no se comporten como cómplices de políticas ruinosas para la seguridad jurídica, como las padecidas por nuestro país.