Por Gustavo Cobos
26 Octubre 2015
“Hay un tema que me desvela, como seguramente a todos ustedes. A partir de hoy Tucumán tendrá un nuevo modelo y un nuevo concepto de seguridad, claro y definido”, había afirmado José Alperovich el 29 de octubre de 2003. Entonces transcurrían sus primeros minutos como gobernador de Tucumán. Ese día, el primero de los 4.383 que transitará hasta el jueves al frente de la seguridad de los tucumanos, anunciaba con bombos y platillos la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana que “diseñará planes que nos sirvan de sustento doctrinario en los próximos 20 años”. “Muchas veces mis coprovincianos, cuando son víctimas de algún delito, ni siquiera formalizan la denuncia. ¿Para qué?, me dicen, si nadie nos da respuestas. O si deciden hacerlo, deben esperar horas para que se los atienda”, había dicho hace 12 años. Podría repetirlo ahora.
Por el tan mentado ministerio de Seguridad pasaron Pablo Baillo (renunció en 2006 tras el crimen de Paulina Lebbos), Eduardo López Herrera (lo echaron en 2012 por pedido de Susana Trimarco luego de la polémica sentencia que absolvió a los acusados de secuestrar a su hija “Marita” Verón) y Jorge Gassenbauer. Los bombos y platillos por la creación del ministerio se diluyeron en agosto del año pasado, cuando Seguridad se mezcló con asuntos de Gobierno y Justicia. Obligado por el vacío que le dejaba la salida de Edmundo Jiménez, promovido a ministro Fiscal, Alperovich tuvo que recurrir a su persona de mayor confianza en el gabinete: Gassenbauer.
Pese al concepto de seguridad claro y definido que Alperovich había prometido en su primer discurso, esta área fue la que mayor autocrítica tuvo del primer mandatario en los discursos de apertura de sesiones legislativas. La más fuerte ocurrió en 2006, pocos días después del crimen de Paulina Lebbos. “Cuando uno gobierna, comete errores. El asesinato de Paulina nos dolió y nos estremeció a todos. Murió la hija de un compañero. No puedo ser soberbio, cometo errores y por eso replanteé la situación, para ir mejorando la seguridad”, había admitido. La primera etapa de su gestión en seguridad había finalizado con la renuncia de Baillo sin mayores cambios en la estructura policial.
La segunda etapa en Seguridad de Alperovich fue la más larga y se caracterizó por el extremo perfil bajo del ministro de Seguridad López Herrera y del secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, quien en diciembre de 2013 reconoció a la Justicia que no tenía la más mínima idea en materia de seguridad. Durante ese período estuvieron al frente de la Policía Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, hoy procesados por el encubrimiento del crimen de Paulina. Fue la época de la flexibilización de los requisitos para ingresar a la fuerza, lo que posibilitó incrementar el número de efectivos, y la creación de unidades especiales como la división Homicidios o la de Trata de Personas. También la de la proliferación de los servicios adicionales, que formaron parte de una gran caja negra de manejo discrecional y destino poco claro.
“Aspiramos a tener una fuerza altamente disciplinada y profesionalizada, con sólidos valores morales”, dijo el gobernador al inaugurar las sesiones legislativas en 2008. Luego prometió (y no cumplió) que Tucumán iba a tener un moderno laboratorio para análisis genéticos. La segunda etapa terminó con los levantamientos policiales por reclamos salariales, que obligaron a desplazar a Sánchez y Barrera, y Trimarco hizo rodar la cabeza de López Herrera. Empezó la última etapa de Alperovich como el principal responsable de la seguridad de los tucumanos. Los saqueos de diciembre de 2013, producto de la sedición policial, será uno de los sellos que el mandatario dejará en el debe de su gestión. La imagen de la fuerza de seguridad quedó golpeada, y el ahora electo senador terminará su mandato sin que la Justicia haya condenado a los responsables de esos trágicos sucesos.
La última etapa se caracterizó por la inversión. Se adquirieron nuevos vehículos, armas y chalecos antibalas. Se incorporó Paul Hofer como secretario de Seguridad, y en los hechos quedó a cargo del área. Aunque no hubo decisión que no tuviera la palabra final de Gassenbauer, el abogado fue el encargado de diseñar los planes alperovichistas que incluyeron más cursos de capacitación para los policías, y la apuesta al 911 como el esquema central de prevención. Este último período no se cortará. Juan Manzur mantendrá el equipo (Hofer como secretario de Seguridad, José Farhat como subsecretario de Participación Ciudadana, Guillermo Snaider como director de Institutos Penales), con excepción de César Nieva, actual subsecretario de Seguridad y único sobreviviente del período que había encabezado López Herrera. Aunque en los últimos 14 meses se conocieron casos de torturas en las comisarías, también continuará la cúpula policial. Seguridad será, de esta manera, una de las pocas áreas que conservará a la mayoría de los actuales funcionarios. El hermetismo en el que Manzur manejó esta decisión fue roto por Regino Amado, futuro ministro del área, y comunicada a Hofer y compañía por Gassenbauer. Amado, entre otros roles, deberá tender puentes con el fuero penal. El poco afecto que se profesan el ministro Fiscal Edmundo Jiménez y el secretario de Seguridad era contenido por Gassenbauer, confeso amigo de “Pirincho”. Hofer tampoco goza de la estima de varios fiscales.
Los primeros meses de la gestión de seguridad de Manzur profundizarán el plan integral de seguridad lanzado en septiembre de 2014. Además de extender el 911 a toda la provincia, Hofer pretende eliminar las comisarías, transformándolas en centros de atención cuidadana. La intención es incorporar a empleados administrativos en la recepción y documentación de denuncias, y a trabajadores sociales para intervenir en las causas del delito. “Los policías, a la calle”, será la premisa. La vieja idea del comisario del pueblo, del sheriff del barrio, desaparecería. También se avanzará en la reforma de la estructura policial.
El jueves, cuando traspase el mando, Alperovich dejará más promesas incumplidas en seguridad, que logros. En 2003 el tema lo desvelaba; ahora en 2015 ¿lo seguirá desvelando?
Por el tan mentado ministerio de Seguridad pasaron Pablo Baillo (renunció en 2006 tras el crimen de Paulina Lebbos), Eduardo López Herrera (lo echaron en 2012 por pedido de Susana Trimarco luego de la polémica sentencia que absolvió a los acusados de secuestrar a su hija “Marita” Verón) y Jorge Gassenbauer. Los bombos y platillos por la creación del ministerio se diluyeron en agosto del año pasado, cuando Seguridad se mezcló con asuntos de Gobierno y Justicia. Obligado por el vacío que le dejaba la salida de Edmundo Jiménez, promovido a ministro Fiscal, Alperovich tuvo que recurrir a su persona de mayor confianza en el gabinete: Gassenbauer.
Pese al concepto de seguridad claro y definido que Alperovich había prometido en su primer discurso, esta área fue la que mayor autocrítica tuvo del primer mandatario en los discursos de apertura de sesiones legislativas. La más fuerte ocurrió en 2006, pocos días después del crimen de Paulina Lebbos. “Cuando uno gobierna, comete errores. El asesinato de Paulina nos dolió y nos estremeció a todos. Murió la hija de un compañero. No puedo ser soberbio, cometo errores y por eso replanteé la situación, para ir mejorando la seguridad”, había admitido. La primera etapa de su gestión en seguridad había finalizado con la renuncia de Baillo sin mayores cambios en la estructura policial.
La segunda etapa en Seguridad de Alperovich fue la más larga y se caracterizó por el extremo perfil bajo del ministro de Seguridad López Herrera y del secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, quien en diciembre de 2013 reconoció a la Justicia que no tenía la más mínima idea en materia de seguridad. Durante ese período estuvieron al frente de la Policía Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, hoy procesados por el encubrimiento del crimen de Paulina. Fue la época de la flexibilización de los requisitos para ingresar a la fuerza, lo que posibilitó incrementar el número de efectivos, y la creación de unidades especiales como la división Homicidios o la de Trata de Personas. También la de la proliferación de los servicios adicionales, que formaron parte de una gran caja negra de manejo discrecional y destino poco claro.
“Aspiramos a tener una fuerza altamente disciplinada y profesionalizada, con sólidos valores morales”, dijo el gobernador al inaugurar las sesiones legislativas en 2008. Luego prometió (y no cumplió) que Tucumán iba a tener un moderno laboratorio para análisis genéticos. La segunda etapa terminó con los levantamientos policiales por reclamos salariales, que obligaron a desplazar a Sánchez y Barrera, y Trimarco hizo rodar la cabeza de López Herrera. Empezó la última etapa de Alperovich como el principal responsable de la seguridad de los tucumanos. Los saqueos de diciembre de 2013, producto de la sedición policial, será uno de los sellos que el mandatario dejará en el debe de su gestión. La imagen de la fuerza de seguridad quedó golpeada, y el ahora electo senador terminará su mandato sin que la Justicia haya condenado a los responsables de esos trágicos sucesos.
La última etapa se caracterizó por la inversión. Se adquirieron nuevos vehículos, armas y chalecos antibalas. Se incorporó Paul Hofer como secretario de Seguridad, y en los hechos quedó a cargo del área. Aunque no hubo decisión que no tuviera la palabra final de Gassenbauer, el abogado fue el encargado de diseñar los planes alperovichistas que incluyeron más cursos de capacitación para los policías, y la apuesta al 911 como el esquema central de prevención. Este último período no se cortará. Juan Manzur mantendrá el equipo (Hofer como secretario de Seguridad, José Farhat como subsecretario de Participación Ciudadana, Guillermo Snaider como director de Institutos Penales), con excepción de César Nieva, actual subsecretario de Seguridad y único sobreviviente del período que había encabezado López Herrera. Aunque en los últimos 14 meses se conocieron casos de torturas en las comisarías, también continuará la cúpula policial. Seguridad será, de esta manera, una de las pocas áreas que conservará a la mayoría de los actuales funcionarios. El hermetismo en el que Manzur manejó esta decisión fue roto por Regino Amado, futuro ministro del área, y comunicada a Hofer y compañía por Gassenbauer. Amado, entre otros roles, deberá tender puentes con el fuero penal. El poco afecto que se profesan el ministro Fiscal Edmundo Jiménez y el secretario de Seguridad era contenido por Gassenbauer, confeso amigo de “Pirincho”. Hofer tampoco goza de la estima de varios fiscales.
Los primeros meses de la gestión de seguridad de Manzur profundizarán el plan integral de seguridad lanzado en septiembre de 2014. Además de extender el 911 a toda la provincia, Hofer pretende eliminar las comisarías, transformándolas en centros de atención cuidadana. La intención es incorporar a empleados administrativos en la recepción y documentación de denuncias, y a trabajadores sociales para intervenir en las causas del delito. “Los policías, a la calle”, será la premisa. La vieja idea del comisario del pueblo, del sheriff del barrio, desaparecería. También se avanzará en la reforma de la estructura policial.
El jueves, cuando traspase el mando, Alperovich dejará más promesas incumplidas en seguridad, que logros. En 2003 el tema lo desvelaba; ahora en 2015 ¿lo seguirá desvelando?
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