06 Febrero 2004 Seguir en 
Cuando tenía 10 años, Jesús tomó por primera vez entre sus manos un arma de fuego. Días antes había estado intentando patear una pelota pero el juego -confesaría después- lo aburrió. Su madre no eligió al azar el nombre, ya que es católica. Cuando lo bautizaron nunca pensó que su hijo se convertiría, con el paso de pocos años, en uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán.
Las estadísticas indican que el 90% de los delitos que se cometen en la provincia son protagonizados por chicos que no alcanzaron aún los 18 años. El juez de Menores Raúl Ruiz acerca un dato tan importante como ese. "Casi no hay casos de reincidencia entre los chicos", por lo que los asaltos son cometidos por menores sin antecedentes. Son nuevos delincuentes. Al encarar una política de seguridad, el Gobierno no debería olvidarse de que la prioridad número uno tiene que estar dirigida a la problemática de los menores.
Hoy hay un tema acuciante. No hay lugar para albergarlos. Todo está sobresaturado. Tanto que los jueces de Menores optaron por entregar a sus padres a los adolescentes que están acusados por delitos leves, como los hurtos. Es un problema que deben resolver las máximas autoridades de los tres poderes. Sólo durante enero fueron arrestados 80 menores, más de 60 de los cuales estuvieron relacionados con atracos. ¿Cuánto se necesita para acondicionar con todo lo necesario un instituto? Se habla de $ 200.000. Una cifra que no es exagerada. Tanto el secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, como el juez Ruiz sueñan con instalar una granja modelo que permita resocializar a los menores.
Pero el problema es mucho más profundo. No basta con el hecho de detener a los menores, internarlos e intentar reinsertarlos a la sociedad para producir. El verdadero desafío es evitar que lleguen a cambiar la pelota por un arma. Para eso es fundamental la tarea de los trabajadores sociales, que deben visitar los barrios, interiorizarse en las problemáticas de las familias y diagramar soluciones. Prevención. De eso se trata. Evitar que el mal se instale. ¿Qué se les puede reprochar a estos chicos si el Estado pocas veces hizo algo como para que ellos no elijan un camino sin retorno? Las políticas sociales en las últimas décadas en la provincia pasaron más por emparchar que por solucionar. El método del bolsón puede servir para obtener votos, pero no para sacar a los menores de la calle.
Falta de modelos
No hubo gobierno ni funcionario (de cualquiera de los tres poderes) que ante la explosión de un caso estremecedor (homicidios a manos de adolescentes, por ejemplo) no saliera a opinar sobre el tema y a brindar hipotéticas soluciones. Pero hasta el momento casi nunca se encaró un trabajo serio, interpoderes y con proyección a futuro. Al paso que vamos, una generación de chicos está perdida. La falta de modelos y de incentivos los hace caer inexorablemente en la droga. La carencia de dinero para obtenerla deriva casi sin omisiones en la salida a las calles para robar, para apoderarse de cualquier cosa que luego puedan reducir y así obtener la plata que les permitirá algunas horas de falsa felicidad.
El legislador Daniel Heredia impulsa la creación de un internado para 100 menores. Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, afirma que se trabaja en el tema. El juez Ruiz presentó varios proyectos para que la situación mejore. Parecen esfuerzos aislados, a pesar de que últimamente se están reuniendo para avanzar en una política conjunta.
En uno de los tantos allanamientos que la Policía hizo en la casa de Jesús (que hoy está detenido) encontró en el fondo una pelota de fútbol. Estaba agujereada a balazos.
Las estadísticas indican que el 90% de los delitos que se cometen en la provincia son protagonizados por chicos que no alcanzaron aún los 18 años. El juez de Menores Raúl Ruiz acerca un dato tan importante como ese. "Casi no hay casos de reincidencia entre los chicos", por lo que los asaltos son cometidos por menores sin antecedentes. Son nuevos delincuentes. Al encarar una política de seguridad, el Gobierno no debería olvidarse de que la prioridad número uno tiene que estar dirigida a la problemática de los menores.
Hoy hay un tema acuciante. No hay lugar para albergarlos. Todo está sobresaturado. Tanto que los jueces de Menores optaron por entregar a sus padres a los adolescentes que están acusados por delitos leves, como los hurtos. Es un problema que deben resolver las máximas autoridades de los tres poderes. Sólo durante enero fueron arrestados 80 menores, más de 60 de los cuales estuvieron relacionados con atracos. ¿Cuánto se necesita para acondicionar con todo lo necesario un instituto? Se habla de $ 200.000. Una cifra que no es exagerada. Tanto el secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, como el juez Ruiz sueñan con instalar una granja modelo que permita resocializar a los menores.
Pero el problema es mucho más profundo. No basta con el hecho de detener a los menores, internarlos e intentar reinsertarlos a la sociedad para producir. El verdadero desafío es evitar que lleguen a cambiar la pelota por un arma. Para eso es fundamental la tarea de los trabajadores sociales, que deben visitar los barrios, interiorizarse en las problemáticas de las familias y diagramar soluciones. Prevención. De eso se trata. Evitar que el mal se instale. ¿Qué se les puede reprochar a estos chicos si el Estado pocas veces hizo algo como para que ellos no elijan un camino sin retorno? Las políticas sociales en las últimas décadas en la provincia pasaron más por emparchar que por solucionar. El método del bolsón puede servir para obtener votos, pero no para sacar a los menores de la calle.
Falta de modelos
No hubo gobierno ni funcionario (de cualquiera de los tres poderes) que ante la explosión de un caso estremecedor (homicidios a manos de adolescentes, por ejemplo) no saliera a opinar sobre el tema y a brindar hipotéticas soluciones. Pero hasta el momento casi nunca se encaró un trabajo serio, interpoderes y con proyección a futuro. Al paso que vamos, una generación de chicos está perdida. La falta de modelos y de incentivos los hace caer inexorablemente en la droga. La carencia de dinero para obtenerla deriva casi sin omisiones en la salida a las calles para robar, para apoderarse de cualquier cosa que luego puedan reducir y así obtener la plata que les permitirá algunas horas de falsa felicidad.
El legislador Daniel Heredia impulsa la creación de un internado para 100 menores. Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, afirma que se trabaja en el tema. El juez Ruiz presentó varios proyectos para que la situación mejore. Parecen esfuerzos aislados, a pesar de que últimamente se están reuniendo para avanzar en una política conjunta.
En uno de los tantos allanamientos que la Policía hizo en la casa de Jesús (que hoy está detenido) encontró en el fondo una pelota de fútbol. Estaba agujereada a balazos.







