Los cortes de rutas

Los anuncios de cortes de rutas y avenidas no pueden sino inquietar a la población en general. No debe olvidarse que, en primer lugar, se trata de un recurso ilegal de protesta, ya que la Constitución Nacional, entre los derechos fundamentales que garantiza a sus ciudadanos, consigna explícitamente el de la libre circulación por todo el territorio nacional.
Pero, además, las medidas de referencia suscitan un enorme trastorno a la inmensa mayoría de la población. Automovilistas que van en camino a sus ocupaciones cotidianas o que salen con su familia con motivo de las vacaciones; vehículos de transporte público colmados de pasajeros; camiones que deben hacer entrega de cargas y, en fin, todo ese universo de móviles que se transitan por una carretera o por una avenida se ve de pronto afectado por las interrupciones del tránsito, y obligado a soportar largas esperas hasta que los protestatarios decidan que vuelva la normalidad. Es conocido, además, que en muchos casos la tardanza se traduce en perjuicios económicos y laborales muy importantes. Quienes los sufren experimentan, además del consiguiente fastidio, una profunda sensación de injusticia, ya que no tienen ninguna responsabilidad en el motivo de la protesta, como tampoco cuentan con posibilidades de dar solución a esos reclamos. Sienten, entonces, que se les cercena arbitrariamente el derecho ciudadano de circular por la unilateral voluntad de un grupo que de pronto se siente propietario de los caminos y autorizado a interrumpirlos o a dejarlos abiertos según le plazca.
Nos parece que, en este momento de la vida del país y de la provincia, cuando es prioridad la solución de una serie de problemas sociales y económicos de envergadura, debieran buscarse otras vías para expresar las quejas. Nadie puede dudar que tales quejas sean justificadas, ni que merezcan ser atendidas con diligencia por sus responsables. Tampoco puede pasarse por alto la indignación de los protestatarios cuando consideran que sus reclamaciones no tienen la respuesta que esperan. Pero también creemos que pueden adoptarse, para hacerlas oír debidamente, actitudes que no se traduzcan, como en este caso, en la creación de inconvenientes serios para los demás miembros de la comunidad que, repetimos, no han tenido intervención en los hechos que los protestatarios invocan como lesivos de sus aspiraciones.
Parece conveniente, entonces, llamar a la reflexión sobre estas situaciones que inciden de manera tan dañosa en la vida diaria de los tucumanos y de la gente de otras provincias que circula por nuestro territorio. Los cortes proporcionan una imagen en extremo negativa de Tucumán, y ello es contraproducente cuando estamos buscando atraer a esos inversores que necesita con urgencia nuestra decaída situación económica y social. Debe recordarse, también, que estamos en temporada turística, y que los cortes ahuyentan a nuestros posibles visitantes, cosa que nadie puede considerar conveniente.
La protesta es, por cierto, un derecho que asiste a todo ciudadano, y no puede discutirse que la exprese con toda la vehemencia debida. Pero, como todo derecho, debe ejercerse cuidando de no avanzar, simultáneamente, sobre el que también pueden invocar las demás personas. Dentro de la vida democrática, esta es una consideración fundamental y no se la debe olvidar.La actual circunstancia debe inspirar, reiteramos, otros criterios para reclamar. Criterios donde esté presente una madura consideración acerca de los perjuicios injustos que se derivan de los cortes en rutas y avenidas. En esto debe actuar también el Estado, para encauzar debidamente las quejas y procurar las soluciones evitando estos extremos.