Modelo de anticorrupción

La República enfrenta desde hace largo tiempo algunos problemas fundamentales, cuya superación sigue condicionando su futuro.
Seguramente que el de la corrupción -y su extendida impunidad-, en sus diversas modalidades, es el de mayor gravedad y con más profundo arraigo, pues está presente en cuanta situación irregular afecta a la vida pública, con su alto costo político y moral. Puede decirse así que en nuestro país hay mayor experiencia sobre corrupción que acerca de los medios para enfrentarla, por lo que es muy conveniente observar el ejemplo ajeno, allí donde el flagelo es un acontecimiento excepcional -como en las naciones nórdicas- o es rápidamente combatido por una Justicia atenta y eficaz. Un testimonio de lo segundo se ha registrado recientemente en Francia, donde un tribunal ha condenado a 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos al ex primer ministro Alain Juppé, delfín del presidente Jacques Chirac para sucederlo en 2007. Juppé ha sido hallado culpable de otorgar empleos falsos a siete personas para financiar el partido oficialista con recursos municipales. No se ha tratado solamente de dejar sin efecto esos empleos, sino de llegar hasta las raíces de la situación delictiva sin reparar en la alcurnia de su promotor, uno de los políticos más expectantes de Francia.
El fenómeno, que ha conmovido a la política gala, es, como decimos aquí, un caso de "ñoquismo", de los que por centenares, en los órdenes nacional y provinciales, llegaron a constituir el más evidente testimonio clientelístico de corrupción amparada en la impunidad de sus promotores. Conforme la República comenzó a entrar en la crisis más global de su historia proliferaron, a través de los medios, investigaciones reveladoras del excepcional nivel de clientelismo político que agobiaba a numerosas administraciones. Especialmente en sus poderes legislativos que, entre promesas y reacomodamientos de planteles excesivos, no siempre han podido superar los problemas de corrupción estructural. Tanto es así que no hay noticia de responsable alguno con nivel jerárquico que haya corrido la misma suerte que Alain Juppé. El problema sigue siendo, pues, que la impunidad es en nuestro país más poderosa que la corrupción, y que esta suele ser poco más que un pretexto utilizado como arma en la lucha política, dando lugar a un estilo de comportamientos públicos frente a los que la sociedad se siente compelida no pocas veces a elaborar respuestas irregulares.
Hace ya seis meses que el Ministro de Justicia de la Nación anunció la elaboración de un plan nacional contra la corrupción, con el asesoramiento de Transparencia Internacional. "Queremos encarar el problema por la positiva y no simplemente por la persecución de actos de corrupción ya cometidos", expresó en aquella ocasión Gustavo Beliz. Sin embargo, desde entonces al presente nada se ha informado sobre la marcha de esa iniciativa, mientras el discurso oficial repite incesantemente gravísimas denuncias de corrupción contra ex funcionarios del partido oficialista, sin la consecuente acción ante los órganos de conducta y disciplina de esa agrupación. También dijo el titular de Justicia en aquella oportunidad que deberían dictarse normas para la participación ciudadana en el control de la gestión pública, decisión imprescindible a la luz de la crisis que afecta la calidad de la representación política.
En ese sentido, los mensajes que de tanto en tanto dirige el presidente Kirchner a la sociedad sobre recuperación de la moral pública alientan todavía una esperanza sobre el rumbo a seguir, mas es imprescindible que haya identidad entre el discurso y la acción para que se recupere la confianza perdida en el poder político.