Omnibus sin revisación técnica

El destino de los miles de tucumanos que a diario se aventuran a viajar en los distintos servicios de ómnibus que parten de la provincia, continúa librado al azar. Ni las autoridades, ni los usuarios parecen haber tomado conciencia de un problema que durante los últimos cuatro años generó dos catástrofes colectivas, que forman parte de nuestros más tristes recuerdos como sociedad. El 12 de enero de 2000, 40 tucumanos murieron en un accidente a pocos kilómetros de la localidad brasileña de Camboriú, cuando el colectivo en el que viajaban volcó y se estrelló con otro vehículo que circulaba por el carril contrario. La tragedia conmovió al país y el reclamo de los sobrevivientes desnudó la ausencia de controles para las empresas dedicadas al transporte de pasajeros. El 15 de setiembre de 2002, 48 tucumanos murieron cuando el ómnibus en el que viajaban se desbarrancó en la Cuesta de El Totoral, en Catamarca, durante el viaje de regreso a Concepción después de haber visitado a la imagen de la Virgen del Valle. Otra vez el dolor de un pueblo conmovió a todos los argentinos, y las denuncias por la ausencia de controles volvieron a ocupar espacios centrales en la agenda de los problemas por resolver.
En el caluroso verano de 2004, unas 3.000 personas parten diariamente de la provincia hacia algún destino turístico, en alguno de los 400 transportes que se dedican a ese servicio. Según una denuncia conjunta de la Cámara de Turismo y de la Asociación de Agencias de Viajes, el 20% de esos rodados no se halla en condiciones de ofrecer un viaje seguro. El Estado parece mirar para otro lado a pesar de las recientes y dolorosas experiencias. De qué otra forma puede explicarse que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sólo tenga afectados tres inspectores para todo el noroeste y que los controles del organismo se realicen de lunes a viernes, cuando la mayoría de los viajes parte los fines de semana. O el hecho de que la Provincia tenga un solo inspector en su departamento de Servicios Turísticos para controlar a 76 agencias, o el hecho de que no exista una ley provincial que regule la actividad de los operadores.
En un informe especial publicado por nuestro diario meses atrás, cuando se recordaban los tres años de la tragedia de Camboriú, el médico emergentólogo Juan Masaguer -quien entonces ocupaba la presidencia del Sistema Provincial de Salud- reconoció que los tucumanos no habíamos aprendido nada de esa fatalidad, ni tampoco de la catástrofe de la Cuesta del Totoral. Y advirtió, además, que los accidentes podrían volver a repetirse. En ese mismo informe, la Dirección de Transporte culpó a los empresarios de eludir el régimen de controles y de someter a los choferes a condiciones inhumanas de trabajo. Las acusaciones, aunque oficiales, no trascendieron a la denuncia periodística, y la ausencia estatal se mantiene en el tiempo. Esta realidad no parece extraña para una actividad, como es la del transporte, en la que la ilegalidad es el denominador común.
Como en ningún otro rubro, la palabra "catástrofe", lejos de ser un disvalor, es el apelativo con el que se identifica a un sector incorporado al rubro. Los usuarios tienen su cuota de responsabilidad en este tema. Es una verdad de Perogrullo aquello de que "lo barato sale caro" y que en las actuales condiciones económicas, las ofertas pueden ser la única chance para un descanso. También es cierto que las quejas de quienes contratan viajes en la provincia aumentaron un 30% este año. Pero el compromiso de reclamar se termina cuando llega una solución que siempre es precaria y que mantiene el riesgo latente. La inseguridad que prima en la mayoría de los viajes que salen de Tucumán, nos demuestra que no hemos aprendido que no hablamos de turismo, sino de vidas.