25 Septiembre 2015
A LA ESPERA. Ponce es el apoderado legal por la Unión Cívica Radical. la gaceta / archivo
Los abogados del frente Acuerdo para el Bicentenario (ApB), Daniel Ponce y Álvaro Contreras, aguardan la definición de sus respectivos líderes políticos para saber cómo avanzará la estrategia judicial de ese espacio político.
Los abogados venían trabajando en el recurso extraordinario que, tal como había anunciado el diputado nacional José Cano, se presentaría ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). El texto, que se esperaba fuera formalizado esta semana, apuntaba a solicitar que la causa iniciada por el radical Cano y Domingo Amaya debido al presunto fraude electoral fuera analizada por el alto tribunal nacional.
En el armado opositor no descartan que la CSJT rechace el planteo. Si eso sucede, se maneja la chance de formular un recurso de queja por apelación denegada directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Ambas opciones se vienen manejando desde el lunes, luego de que la CSJT hiciera caer el fallo y la cautelar de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había declarado nulas las elecciones provinciales del pasado 23 de agosto. El 4 de septiembre, Cano y Amaya plantearon ante la sala I del fuero Contencioso Administrativo, integrada por Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, una acción de amparo solicitando la nulidad de los comicios por fraude estructural.
Los magistrados, basándose en tratados internacionales, consideraron que el clientelismo había afectado la libertad del voto, entre otros elementos de prueba, y ordenaron que se llamara otra vez a votar. El lunes a la madrugada, la CSJT revocó el fallo de Ruiz y de López Piossek.
Según fuentes de la oposición, Cano se había ido a Buenos Aires para analizar el fallo de la CSJT junto a los referentes radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales. La opinión de estos dirigentes sería de valor para la estrategia judicial de la oposición.
Sin embargo, algunas voces del propio Acuerdo para el Bicentenario habían puesto en duda la continuidad del pleito judicial. De hecho, algunos referentes del grupo opositor habrían recomendado a Cano que desistiera de la lucha en Tribunales, con la intención de permitir que retornara la paz institucional a la provincia.
Luego de conocer el fallo de la Corte Suprema tucumana el diputado radical había dicho que respetaba el fallo del máximo tribunal local, pero que no desistiría de su planteo y que llegaría hasta las últimas instancias legales posibles.
Cano insiste en que las elecciones fueron fraudulentas y quiere conocer la opinión de la Corte nacional sobre el caso tucumano. Previo a ese paso, la Corte tucumana debe resolver qué hace con la presentación del recurso extraordinario que todavía no fue presentado por el partido político de la oposición. Expertos y funcionarios de Tucumán y del ámbito nacional tienen posiciones encontradas sobre la posición que puede tomar el tribunal superior nacional: en el oficialismo afirman que no debería inmiscuirse en el “caso tucumano”, mientras que la oposición considera que posee potestad para intervenir y que su voz puede sentar jurisprudencia.
Los abogados venían trabajando en el recurso extraordinario que, tal como había anunciado el diputado nacional José Cano, se presentaría ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). El texto, que se esperaba fuera formalizado esta semana, apuntaba a solicitar que la causa iniciada por el radical Cano y Domingo Amaya debido al presunto fraude electoral fuera analizada por el alto tribunal nacional.
En el armado opositor no descartan que la CSJT rechace el planteo. Si eso sucede, se maneja la chance de formular un recurso de queja por apelación denegada directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Ambas opciones se vienen manejando desde el lunes, luego de que la CSJT hiciera caer el fallo y la cautelar de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había declarado nulas las elecciones provinciales del pasado 23 de agosto. El 4 de septiembre, Cano y Amaya plantearon ante la sala I del fuero Contencioso Administrativo, integrada por Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, una acción de amparo solicitando la nulidad de los comicios por fraude estructural.
Los magistrados, basándose en tratados internacionales, consideraron que el clientelismo había afectado la libertad del voto, entre otros elementos de prueba, y ordenaron que se llamara otra vez a votar. El lunes a la madrugada, la CSJT revocó el fallo de Ruiz y de López Piossek.
Según fuentes de la oposición, Cano se había ido a Buenos Aires para analizar el fallo de la CSJT junto a los referentes radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales. La opinión de estos dirigentes sería de valor para la estrategia judicial de la oposición.
Sin embargo, algunas voces del propio Acuerdo para el Bicentenario habían puesto en duda la continuidad del pleito judicial. De hecho, algunos referentes del grupo opositor habrían recomendado a Cano que desistiera de la lucha en Tribunales, con la intención de permitir que retornara la paz institucional a la provincia.
Luego de conocer el fallo de la Corte Suprema tucumana el diputado radical había dicho que respetaba el fallo del máximo tribunal local, pero que no desistiría de su planteo y que llegaría hasta las últimas instancias legales posibles.
Cano insiste en que las elecciones fueron fraudulentas y quiere conocer la opinión de la Corte nacional sobre el caso tucumano. Previo a ese paso, la Corte tucumana debe resolver qué hace con la presentación del recurso extraordinario que todavía no fue presentado por el partido político de la oposición. Expertos y funcionarios de Tucumán y del ámbito nacional tienen posiciones encontradas sobre la posición que puede tomar el tribunal superior nacional: en el oficialismo afirman que no debería inmiscuirse en el “caso tucumano”, mientras que la oposición considera que posee potestad para intervenir y que su voz puede sentar jurisprudencia.
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